Rubén Grasso está alojado en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la ciudad de Magdalena, donde cumple la pena de prisión perpetua por los homicidios de Leonardo Fernández, conocido como el Mago Alex, y su novia, Jésica Cigola, ocurridos en 2019. Hace dos meses se allanó su celda porque se descubrió que estuvo detrás de de una estafa donde un vecino de Vicente López fue víctima de una estafa con el alquiler de un departamento en Mar del Plata. Ahora, con el avance de la investigación, se sospecha que el recluso tiene vínculos con un agente penitenciario.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Hoy, desde primera horas de la mañana, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron las Unidades 28 y 35 de Magdalena y la casa del agente penitenciario sospechado de una connivencia con Grasso, situada en la misma ciudad.
El sospechoso investigado fue identificado por voceros judiciales como Rodolfo Coman. Tiene el rango de sargento. Fue jefe del pabellón donde estaba alojado Grasso cuando ocurrieron las estafas investigadas; después fue ascendido como jefe de depósito.
“Conforme lo revela la experiencia y otros casos que se auditan desde este Ministerio Público Fiscal, era y es hipótesis de trabajo la multiplicidad de hechos del mismo calibre con la posible intervención de agentes estatales, a la sazón, miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, sostuvo Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic), al pedir el allanamiento en la casa de Coman y en la Unidad 28 para requisar el locker utilizado por el agente penitenciario bajo sospecha. La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty hizo lugar a la medida.
Coman, según informaron fuentes de la investigación, quedó bajo sospecha después de que, en el allanamiento de marzo pasado, se le secuestrara a Grasso, de 43 años, el teléfono celular utilizado para cometer la estafa.
En la agenda de contactos, Grasso tenía guardado el número celular de Coman. Lo había agendado como “Sobrino”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.
“Los elementos reunidos permiten afirmar que la medida de intrusión solicitada resulta indispensable para obtener los elementos que confirmen o descarten la hipótesis que surge de la prueba ya reunida y en particular, los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que pudieran hallarse en poder de Coman podrían contener registros de comunicación aptos para profundizar en la investigación y especialmente dilucidar los alcances de su vínculo con Grasso, permitiendo así reconstruir el circuito delictivo investigado y precisar el rol que cada uno habría cumplido en su ejecución”, explicó el fiscal Ferrari al solicitar los allanamientos.
Según surge de la prueba reunida hasta el momento, desde la cuenta de Mercado Libre a nombre Grasso se hicieron una serie de compras y los productos adquiridos habrían sido enviados al domicilio de Coman. También se habrían hecho transferencias de dinero hacia la cuenta del agente penitenciario.
La estafa por la que fue imputado Grasso ocurrió en diciembre pasado. Enrique V., un vecino de La Lucila, Vicente López, quería terminar 2025 y comenzar el Año Nuevo en Mar del Plata, junto con su familia. Buscó en Internet propiedades con una linda y buena ubicación. No tardó en decidirse al ver las fotos de un departamento en la zona de Playa Varese. Rápido negoció y transfirió a una cuenta de una billetera virtual una seña de 420.000 pesos. Una pocas horas antes de viajar le fue imposible comunicarse con el supuesto dueño del inmueble. No le respondía los mensajes y tampoco le atendía las llamadas.
Había sido estafado. Detrás del engaño estuvo Grasso. Tras recibir el dinero enviado por la víctima, el delincuente hizo dos transferencias, una a una cuenta del Banco Nación y otra a una billetera virtual, para intentar entorpecer el rastro de la estafa.
La cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.
“Es así, que mediante ardid o engaño, consistente en simular ser propietario del inmueble y aparentar una operación de alquiler legítima mediante el envío de documentación personal y la utilización de una publicación en una plataforma reconocida, logró inducir a la víctima al error, ocasionándole así un perjuicio patrimonial económico de 420.000 pesos”, había sostenido el fiscal Ferrari al solicitar el allanamiento en la celda de Grasso.
