Buenos Aires, 19 mayo (NA) – El director de una clínica de fecundación en la provincia de Córdoba, un abogado y una empleada administrativa fueron procesados en una causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de trata de personas dentro de la institución ligada a la subrogación de vientre.
La Justicia Federal procesó en las últimas horas a José Pérez Alzaa, director de la Clínica Fecundart; a la administrativa Paula Liendo; y al abogado Nicolás Gigena. En el escrito de más de 200 páginas, se destaca: “Si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante”.
En el caso se investigan supuestas maniobras vinculadas con la “gestación por sustitución”, conocida también como “maternidad subrogada”.
“La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”, sostuvo el juez federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.
El magistrado sostuvo que Alzaa, según publicó el medio Perfil Córdoba, que “bajo el ropaje de una fundación sin fines de lucro, captó a mujeres vulnerables (desocupadas y con hijos a cargo) utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica”.
A su vez, se destaca que realizó “transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que se interpreta como una maniobra para eludir controles sobre la libertad del consentimiento”.
En la resolución dada a conocer se informa además que se dictó el sobreseimiento de otros acusados por falta de mérito, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La causa inició meses atrás luego de una denuncia anónima a la Línea 145, lo que permitió avanzar con la investigación, en la cual se obtuvieron declaraciones de suma importancia.
CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA MATERNIDAD SUBROGADA EN ARGENTINA
Hasta el momento la maternidad subrogada no está regulada por una ley específica a nivel nacional, lo que provoca un gris en torno a su práctica, la cual es legal, pero solo si existe previamente una autorización judicial.
Un dato aportado por las autoridades es que en el país está prohibido la subrogación onerosa o el pago por alquiler de vientre. La gestante debe actuar por solidaridad y en algunas ocasiones hasta se exige un vínculo afectivo o familiar. #AgenciaNA
