Cada vez que se discute la legislación sobre biocombustibles reaparece una falsa dicotomía: o se apoya al sector o se está en contra del desarrollo sostenible. Pero el verdadero interrogante es otro. ¿Tienen sentido los biocombustibles? ¿Tiene sentido que toda la sociedad continúe financiando, casi veinte años después de la ley para promocionarlos, un régimen que garantiza mercado y rentabilidad a un conjunto de productores y perjudica al consumidor?
Ya en 2020 sostuve que la discusión debía escapar de los lobbies o intereses sectoriales —petroleros, agrícolas, financieros, renovables o ambientalistas— y enfocarse en una política energética integral, basada en la seguridad energética y la asequibilidad. Esa necesidad, en el contexto global actual de tensiones energéticas a nivel mundial es aún más importante. Los llamados biocombustibles, en realidad deberíamos llamarlos agrocombustibles, fueron presentados como la gran promesa de una transición energética posible: combustibles “verdes” derivados de la biomasa —caña de azúcar, maíz, soja- capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar la matriz energética, desarrollar economías regionales y generar empleo en el interior productivo de nuestro país. Sin embargo, esa promesa nunca fue sencilla y trajo discusiones y debates. Hay una realidad que define la cuestión, no solo en nuestro país. No hay biocombustibles sin mandato, es decir, sin políticas públicas que obliguen a utilizarlos.
Hoy, debemos reconocer que hay un entramado productivo que genera desarrollo local y justifica que los biocombustibles pueden tener un rol dentro de la matriz energética argentina, pero ninguna tecnología debería estar exenta de un análisis riguroso. En aquella oportunidad propuse evaluar el tema desde cinco dimensiones: económica, social, ambiental, científico-técnica y política. Si aplicamos ese mismo criterio al debate actual, la conclusión sigue siendo que mantener un régimen permanente de protección merece una revisión profunda.
Desde el punto de vista económico, la pregunta sigue siendo quién paga la diferencia entre un combustible competitivo, todavía irreemplazable, y otro que necesita beneficios fiscales, mezclas obligatorias y demanda asegurada para sostenerse. Si el Estado obliga a incorporar un componente más costoso y garantiza un mercado cautivo, el costo termina distribuyéndose sobre toda la economía, aun cuando los beneficios se concentren en sectores específicos.
También persiste un interrogante sobre la naturaleza de esa protección. La promoción de una industria naciente puede justificarse por un período determinado. Pero cuando los incentivos excepcionales se prolongan durante casi dos décadas, es legítimo preguntarse si siguen impulsando el desarrollo o si simplemente consolidan un esquema de privilegios regulatorios. Además, la experiencia mundial nos muestra que, salvo Brasil, la producción de biocombustibles de primera generación en Estados Unidos y la Unión Europea requiere de subsidios y mandatos para subsistir. No hay un horizonte a la vista de que esta situación pueda cambiar.
Existe además una dimensión científico-técnica que suele quedar fuera de la discusión pública, y aún incluso entre algunos especialistas. La tasa de retorno energético y la menor densidad energética de algunos biocombustibles y los recursos necesarios para producirlos obligan a analizar su eficiencia global y no únicamente su condición de recurso renovable. Del mismo modo, en el plano ambiental corresponde evaluar todo el ciclo productivo y no limitar el análisis a las emisiones del caño de escape. Estos temas no admiten simplificaciones.
El debate legislativo tampoco debería quedar atrapado entre posiciones extremas. No se trata de eliminar los biocombustibles de la matriz energética ni de perpetuar un régimen de promoción sin fecha de vencimiento. Se trata de discutir si la Argentina necesita una industria que compita por productividad, innovación e inversión o una que continúe dependiendo de cupos, beneficios regulatorios y mercados garantizados.
La política energética debe orientarse al interés general. Si una actividad es capaz de crear valor, generar empleo y desarrollarse sobre bases competitivas, no debería necesitar protección permanente. Y si para sostenerla es imprescindible mantener subsidios implícitos o restricciones a la competencia, entonces corresponde preguntarse si esos recursos no podrían destinarse a objetivos de mayor impacto para el conjunto de la sociedad.
La transición energética exige decisiones estratégicas que deberían estar sustentadas en una base científica y tecnológica, más allá de los intereses políticos. Promover una fuente de energía no significa dejar de evaluar sus costos, sus beneficios y sus incentivos. Vale recordar una fórmula que deberíamos aplicar a nuestro análisis: cuando hay un conflicto entre una necesidad política o económica de ciertos sectores y la física que estructura las distintas fuentes de energía, tarde o temprano, siempre gana la física.
