En Telegram, donde creó los grupos llamados Dictadores o Sherlock Group/#Comunidad, era conocido por el alias de Tree Nix. Con apenas 20 años, Tobías S., fue considerado el cerebro detrás del hackeo de valiosas bases de datos del Estado, información que fue puesta a venta en Internet.
A fines de octubre pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó sin prisión preventiva al considerarlo jefe u organizador de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de sustracción y alteración de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público y de acceso ilegal a bancos de datos personales en calidad de coautor, agravados por haber intervenido dos menores de 18 años de edad.
En esa oportunidad, el magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de 115 millones de pesos.
Hoy, el fallo de primera instancia fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
“Cabe referir, sin perjuicio de una futura discusión en la instancia procesal venidera, con la certeza exigida en la actual etapa, la presencia de una sistematización interna, con roles diferenciados -programadores, vendedores, difundidores-, en la que se verificó una finalidad delictiva determinada, esta es, de acceder ilegítimamente a bases de datos provenientes de registros estatales y/o privados y, merced al pago de un precio, habilitar su consulta -y naturalmente su difusión-, a pesar de carecerse de un permiso legal en dicho sentido”, sostuvieron los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones. en la citada resolución. Además de Tobías S. hay otros ocho sospechosos procesados.
La investigación había comenzado el 10 de marzo del año pasado a partir de un sumario hecho por detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA).
“En dicho informe, se puso en conocimiento que, en el marco de tareas de prevención de delitos en espacios públicos digitales, se detectó que el usuario de la plataforma Telegram identificado como Tree Nix ofrecía a la venta, en un grupo público llamado Encuentro Campana Zona Norte, una herramienta denominada Sherlock Alerts que permitiría la obtención en tiempo real de datos privados provenientes de bases del Estado, específicamente de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (Dnrpa), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop)”, según se desprende del expediente judicial.
Las tareas investigativas fueron encomendadas a personal del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA. El 10 de abril de 2025 se designó, para poder avanzar sobre la organización criminal, un agente encubierto digital,
“A partir de la actuación del agente encubierto digital, se logró identificar un grupo delictivo organizado que operaba a través de una red descentralizada y dinámica en la plataforma Telegram. La operatoria a través de esa red social le permitió a la organización maximizar beneficios y minimizar riesgos, aprovechando las características de seguridad y privacidad que esta ofrece, a través de chats privados y grupales y canales para difusión, entre otros”, había explicado el juez González Charvay en la resolución donde dictó el procesamiento de los hackers.
Un detective judicial que participó de numerosas investigaciones sobre delitos en la Web explicó a LA NACION que Sherlock es un grupo de ciberdelincuentes que se especializa en la distribución de leaks por medio de bots de Telegram que requiere el uso de “créditos” para realizar las distintas consultas del usuario.
“El bot posee una gran variedad de bases de datos filtradas, tanto producto de hackeos como phishing y otras técnicas delictivas”, dijo el informante.
Al fundamentar los procesamientos, el juez González Charvay sostuvo que las tareas desarrolladas por el agente encubierto digital “permitieron observar la forma en la que se organizaban e interactuaban los integrantes de la agrupación delictiva e identificarlos pese a los cambios constantes de nombres de grupos y alias”.
El agente encubierto digital logró sumarse a los grupos de Telegram desde donde se hacía la operatoria criminal.
“Se verificó que esos grupos tenían la función de generar un espacio digital para la organización y coordinación de las actividades de los integrantes de la agrupación criminal, donde además se evacuaban dudas y se intercambiaban conocimientos y datos hackeados. Ello así, en cuanto a la comercialización y funcionamiento de las herramientas automatizadas que permitían acceder a distintas bases confidenciales de organismos del Estado”, sostuvo el magistrado en una de las 58 fojas de su resolución.
Por medio del agente encubierto digital, los investigadores pudieron comprar BOTs, herramientas que permitían acceder a la base de datos.
“En relación con las herramientas automatizadas (BOTs), se procedía a su comercialización mediante planes de suscripción a través de operaciones en las que, en su gran mayoría, se utilizaban criptoactivos como medio de pago”, se explicó en el expediente judicial.
El asistente técnico de Tobías Silva planteó que la resolución se basa en una errónea valoración de la prueba, una indebida extensión de la autoría y una arbitraria calificación legal que no se ajusta a los hechos probados en el expediente.
Tras los procesamientos, las defensas apelaron. Por ejemplo, el abogado defensor de Tree Nix planteó que la resolución se basaba en una errónea valoración de la prueba, “una indebida extensión de la autoría y una arbitraria calificación legal que no se ajusta a los hechos probados en el expediente”. Y señaló que la decisión cuestionada se basaba en presunciones y errores interpretativos, pues –a su entender- el a quo confundió el rol de un administrador de una comunidad digital con el de un jefe criminal, y el de un desarrollador de software con el de un coautor funcional de todos los delitos cometidos por terceros”.
Pero el tribunal de alzada confirmó lo dicho por el juez González Charvay y explicó: “A contrario de las posiciones de las asistencias técnicas, se advierte que Tobías S. es el fundador y administrador de los grupos de Telegram Dictadores y Sherlock Group #Comunidad , inaugurando los entornos digitales propios para la circulación y difusión de las herramientas informáticas que permitían la accesibilidad a datos personales restrictos. Esta aseveración no resulta desmerecida por el encausado quien reconoció su intervención en el asunto”.
