Al declarar este martes como testigos en el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas, otro grupo de contadores de la ex-AFIP reconoció coincidencias entre movimientos de dinero de los empresarios investigados y presuntos pagos a funcionarios del kirchnerismo.
Martín Ruiz y Adriana Mabel Rodríguez, inspectores del organismos recaudador, ratificaron ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que, por orden de la Justicia, realizaron durante la instrucción de la causa, investigando a las empresas cuyos dueños o directivos afrontan hoy el juicio por el presunto pago de coimas.
La contadora Abal Ruiz analizó las operaciones de la empresa Panedile, de la familia Dragonetti, y de Helport SA, dirigida por Juan Manuel Collazo y parte de Corporación América.
En el informe que realizó y hoy ratificó ante el Tribunal, detectó que el empresario Hugo Dragonetti compró US$313.500 el 1 de junio de 2009. La operación cobra relieve en la causa porque el día y la cifra coinciden con uno de los pagos realizados a funcionarios, según la información que aportó en su declaración como arrepentido Ernesto Clarens, señalado como uno de los intermediarios financieros del matrimonio Kirchner.
Dragonetti también declaró como imputado colaborador. Al igual que otros empresarios que reconocieron haber pagado sobornos, sostuvo que las entregas respondían a presiones para que el Gobierno liberara los pagos por obras públicas. “Si no se pagaba, no se cobraba”, dijo.
De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Stornelli, sostenida en el juicio por Fabiana León y Nicolás Codromaz, los US$313.500 y otros pagos tenían como destinatarios finales a la entonces presidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López.
“Nosotros actuamos como auxiliares de la Justicia”, describió Abal Ruiz sobre su labor, basada en parte de informes que le fueron sumnistrados desde la Justicia. “Se trató de información que nos vino del juzgado y de otras circularizaciones bancarias. Tuvimos que buscar pagos de algunas empresas”, explicó.
Rodríguez, en tanto, declaró sobre un informe referido a BTU, la firma del empresario Carlos Mundin. La contadora detectó que la compañía recibió dos acreditaciones bancarias por casi $10 millones en octubre de 2010 y que, semanas después, realizó dos extracciones por un total de $8.526.375, equivalentes entonces a unos 2 millones de dólares.
Esas operaciones fueron contemporáneas a dos reuniones que Mundin mantuvo con Roberto Baratta, señalado como uno de los recaudadores de la maniobra, según las anotaciones realizadas por su chofer, Oscar Centeno.
La defensa de Baratta orientó sus preguntas a intentar mostrar que no existía nexo causal entre ambos hechos, pero la contadora contrapuso que ella no sugería algún tipo de conexión. “Describo los hechos con la información recolectada. Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión”, contestó la mujer, respecto a un encuentro de Mundin con Baratta, el 15 de octubre de 2010.
Al ratificar el informe que había elaborado años atrás, Rodríguez señaló además que BTU compró más de US$7 millones entre 2008 y 2010, de acuerdo con las operaciones registradas ante el Banco Central. Sostuvo que se desconocía el destino final de ese dinero y que las operaciones no habían sido reflejadas en los estados contables de la empresa correspondientes a esos años.
Este tramo del juicio oral, en el que declaran contadores de la AFIP, busca reforzar la hipótesis central de la acusación, construida en buena medida a partir de las declaraciones de los empresarios y otros implicados que se acogieron al régimen del arrepentido.
Los testimonios son de contadores y exfuncionarios de la AFIP que, durante la instrucción de la causa, analizaron la documentación impositiva, contable y bancaria de las empresas investigada y observaron presuntas irregularidades.
En la audiencia pasada una contadora de la ex-AFIP señaló que Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de la empresa, realizó retiros bancarios por más de US$11 millones entre 2009 y 2011.
Aznar, cuya firma aparece en la acusación como una de las empresas relevantes en el reparto de la obra pública, también admitió como imputado colaborador haber pagado sobornos.
En muchos casos, los contadores que a pedido del juez Claudio Bonadio elaboraron los informes que hoy se ventilan en el juicio acabaron desplazados de sus cargos o siendo relocalizados a una función de menor jerarquía durante el ultimo gobierno kirchnerista.
El juicio oral se reanudará el martes 28 de julio, tras la feria judicial que inicia este viernes y se extiende por dos semanas.
