El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió este viernes a los dichos de Victoria Villarruel sobre Javier Milei. La vicepresidenta había asegurado que el Presidente tiene “persecuciones imaginarias”, que sufre una “locura galopante” y dijo tener una “genuina preocupación por su estado”.

Ante estas palabras, el funcionario del gabinete libertario calificó las críticas de la titular del Senado como “un disparate”. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó al respecto durante una entrevista en Radio Mitre.

Las publicaciones de la vicepresidenta fueron en respuesta a un mensaje difundido en redes sociales por la diputada Lilia Lemoine, que el propio Presidente reposteó en su cuenta oficial. En ese texto, la legisladora sostenía que la titular de la Cámara alta y la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano mantienen vínculos con el peronismo y actuaron como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al mandatario.

Ante esta situación, Villarruel dijo que ese posteo constituía una “locura galopante” replicada por el jefe de Estado y consideró: “Parece contagioso el delirio”.

En su mensaje, Lemoine también cuestionó la postura de la titular del Senado respecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sus contactos con Claudio “Chiqui” Tapia. Además, la legisladora comparó la relación entre Villarruel y Pagano con la de “Rusia e Irán”, al afirmar que “fingen ser enemigas, pero son socias contra Occidente”.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, respondió al respecto la titular del Senado.

Los anuncios económicos del Gobierno

Más allá de la interna oficialista, Santilli evaluó las iniciativas del Gobierno en materia económica y apoyó la decisión oficial de implementar un “grillete fiscal” —obligación permanente de mantener el equilibrio en las cuentas públicas— para prohibir la emisión monetaria destinada a “financiar el déficit”.

Fue así que se refirió al proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que busca derogar la normativa aprobada en 2012 y prohíbe de manera explícita que la autoridad monetaria financie al sector público mediante la emisión de dinero o compra directa de títulos públicos.

“El único objetivo debe ser preservar el valor de la moneda”, sostuvo el ministro coordinador tras la cadena nacional de Milei y aseguró que la inflación acumulada desde la salida de la convertibilidad alcanza el 169.000%.

Además, explicó que la reforma del Banco Central que busca la Casa Rosada es para garantizar la independencia del ente —al exigir una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para disponer la remoción de su directorio—.

Santilli explicó que, desde la gestión nacional, estiman en US$10.000 millones las pérdidas ocasionadas por la modificación de su Carta Orgánica en 2012, llevada a cabo por Mercedes Marcó del Pont durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego, el jefe de Gabinete se refirió al shutdown que quiere implementar el Gobierno, que establece que, si el presupuesto entra en déficit y el Congreso no lo corrige, se activará de forma automática un esquema inspirado en un modelo similar de los Estados Unidos. Este mecanismo paraliza las actividades no esenciales del Estado, congela contrataciones y giros discrecionales a las provincias, e incluye la suspensión del cobro de sueldos para el Presidente, legisladores y funcionarios de alto rango.

El jefe de Gabinete diferenció lo que pasaría en este escenario con los sectores clave como educación, salud, fuerzas armadas y jubilaciones, aclarando que quedarán excluidos de este eventual cierre. En ese marco, indicó que el Poder Ejecutivo mantiene conversaciones con los gobernadores para lograr el respaldo necesario.

Finalmente, se refirió a la noticia sobre el cierre del Coro de Niños (que será reemplazado por otra estructura): “Hay que hacer que continúe, pero de otra manera, porque legalmente no podés tener a menores cobrando del Estado. En principio, no es el concepto ponerle un fin”.

Esto coincide con la explicación que brindaron desde la Secretaría de Cultura a LA NACION, donde argumentaron que la decisión forma parte de un “proceso de revisión integral” de programas y organismos públicos, llevados a cabo con el objetivo de optimizar recursos y ampliar el alcance de las políticas culturales.