El conflicto universitario vuelve a reactivarse. Los gremios docentes y no docentes pararán este miércoles por 24 horas nuevamente en reclamo por el financiamiento.
Los primeros en anunciar la medida fueron los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA): Aduba, que nuclea a sus profesores, y Apuba, a los trabajadores del sector no docente. Pero también adhirieron a la medida las federaciones nacionales de Docentes de las Universidades (Fedun), de Docentes Universitarios (Conadu), Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Sumaron, además, otro paro de 48 horas el 27 y el 28 de agosto, y una semana de movilizaciones y protestas del 18 al 21 de agosto con “carpas por la universidad y la soberanía” frente al Palacio Sarmiento (ex-Pizzurno) y en todo el país.
La medida de fuerza se debe a que denuncian un triple incumplimiento por parte del Gobierno. En primer lugar, por no aplicar la ley de financiamiento aprobada y sostenida por el Congreso el año pasado, un conflicto que ya lleva más de dos años. Suman a eso que la administración libertaria no cumple con el acuerdo firmado con los rectores en junio pasado.
Según coincidieron también otras fuentes universitarias, el Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre– y de las becas Manuel Belgrano, pero no lo hizo con el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones).
Fuentes del Gobierno al tanto del conflicto, por su parte, dijeron a LA NACION que “el acuerdo está caído” ya que era válido “si no avanzaba la cautelar”, en referencia al expediente impulsado por las universidades en reclamo de ajuste salrial y de becas, que había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Indicaron que están pagando la partida para hospitales contemplada en el presupuesto, pero no abonarán la extra.
El tercer reclamo es, precisamente, por el cumplimiento de la cautelar. Tras el acuerdo de junio, la Corte dejó firme el fallo que obliga a aumentar salarios y becas por la ley de financiamiento universitario, un monto mayor al acordado entre las partes. Según concuerdan en el sector universitario, el incremento salarial para debería dar el Gobierno para cumplir con la Justicia asciende al 29,5%.
El fallo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6, que disponen pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y actualizar todas las becas estudiantiles, no solo las Belgrano.
Es por eso que la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, pidió una ampliación, publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio pasado, de 1,3 billones para universidades para cumplir con el aumento aún mayor que dispone la cautelar. Aunque todavía, dicen, no fueron notificados por la Justicia, por lo que se irán distribuyendo de acá a fin de año. Agregan que esto ya fue informado a los gremios.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales del país, también se sumó al reclamo. Solicitó a la Justicia la semana pasada que “se intime al Estado nacional al cumplimiento total de la medida cautelar” dentro del plazo de cinco días.
El Gobierno, en tanto, consideró que el paro es ”ilegítimo” dado que “no existe incumplimiento alguno” de su parte. Pero fijaron fecha para la próxima mesa paritaria para el próximo 1° de septiembre.
Detallaron las transferencias por los salarios y los pagos para los hospitales, en diferentes estados: transferidos, en proceso de transferencia o en trámite para asignar los fondos, como en los casos de la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad Nacional de La Rioja, pese a ser el octavo mes del año.
Fuentes universitarias señalaron a LA NACION que incluso los fondos de los hospitales contemplados en el presupuesto nunca fueron asignados, por lo que no saben con qué monto cuentan para administrar durante el año.
A la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, según comunicó el Gobierno le asignaron $20.000 millones el 8 de junio y otros $20.000 millones el 4 de agosto, que están en proceso de transferencia. “Es muy díficil trabajar sin presupuesto anual, es tan importante como la transferencia en sí, porque es lo que te permite saber con cuánto vas a disponer y planificar”, indicaron fuentes de esa casa de estudios.
“Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”, cerró la comunicación que publicó hoy la ministra Sandra Pettovello.
Comunicado oficial.
En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/985oXEsGTY@javiermilei pic.twitter.com/cwoHSszZtB
— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 11, 2026
“Estamos frente a un Gobierno que desconoce una ley vigente, castiga a las universidades y pretende naturalizar salarios de pobreza para quienes sostienen todos los días la educación pública. Este miércoles paramos porque la universidad no puede seguir funcionando sobre la base del ajuste, el destrato y la mentira”, dijo Daniel Ricci, secretario general de la Fedun.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sumó: “El segundo semestre comienza con medidas de fuerza y de protesta que se irán profundizando”.
Bajo el lema “Ponete la camiseta”, mañana además hay una jornada federal en defensa de la ciencia y los investigadores, con movilización convocada a las 16 en el Obelisco.
