La batalla judicial por quién se queda con la causa que investiga si la quinta de Pilar pertenece a jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el flujo de fondos de la entidad presidida por Claudio Tapia sumó una nueva disputa. Primero fue Elisa Carrió y, luego, Guillermo Tofoni. Ambos apuntaron contra los jueces que deben decidir si el expediente continúa en el fuero federal o en Penal Económico.
El empresario Tofoni, quien impulsó recursos judiciales contra la AFA en Estados Unidos, presentó un pedido de recusación contra dos jueces de la Cámara de Casación Penal: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Ambos integran este tribunal clave junto a Alejandro Slokar.
Según el escrito de Tofoni, existen “circunstancias objetivas que fundan el temor de parcialidad”. En el caso de Barroetaveña, argumentó que el juez “integró durante años el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino”, al que renunció en diciembre del año pasado.
“Mientras se habrían ejecutado las operaciones de desvío y lavado de fondos de la AFA que hoy se investigan, el magistrado llamado a decidir sobre esta causa integraba y presidía uno de los órganos de gobierno interno de esta entidad”, sintetizó.
El escrito de Carrió indicó sobre el caso de Barroetaveña: “Lejos de tratarse de un vínculo circunstancial, una coincidencia social o una relación académica con alguno de los involucrados, documentos emanados de la propia Asociación del Fútbol Argentino acreditan una vinculación institucional directa, estable y reciente”.
La exdiputada también solicitó que, en caso de que su pedido sea rechazado, se le corra vista al fiscal de la Casación, Mario Villar, para que opine sobre la participación Barroetaveña en el expediente de la quinta y que, además, se requiera la elaboración de un informe sobre el camarista acerca de “su presencia en actividades sociales en la estancia de Villa Rosa adquirida en 2024 por Real Central S.R.L. que se encuentra en el objeto de la causa”.
Tofoni, además, pidió recusar al juez Borinsky. Citó una opinión del magistrado que data de mayo de este año. En ella había manifestado: “Si bien el Alto Tribunal ha admitido excepcionar esta regla cuando hubiera denegatoria del fuero federal (…), lo cierto es que este supuesto no se aprecia en el caso. Por el contrario, en las presentes actuaciones, la competencia se mantiene en el fuero federal”.
¿Por qué la disputa por donde tramita la causa es tan relevante para las partes? El expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y ahora Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.
González Charvay, juez de Campana, del fuero federal, fue foco de una de las últimas decisiones sobre el destino de este expediente. Durante meses engordó el expediente con no sólo la quinta de Pilar bajo investigación, sino también el flujo de fondos de TourProdEnter, contratada por la AFA para recaudar su dinero en el exterior. Pero en junio, sin mayores avances y con cuestionamientos por parte de denunciantes, la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa, y ahora la disputa entre ambas competencias se volvió la próxima gran decisión que la Justicia deberá dirimir.
De hecho, este miércoles se produce una audiencia de la que no se espera que salga inmediatamente una definición, aunque tampoco se dilatará demasiado. Presentarán escritos el fiscal ante la Casación, Mario Villar, y también los abogados de Luciano Pantano, titular junto a su madre, Ana Lucía Conte, de Real Central, sociedad a nombre de la quinta.
Mientras la Coalición Cívica presentó la denuncia sobre la denominada “mansión de Pilar”, Tofoni es el empresario que impulsó en Estados Unidos los recursos de discovery, mediante los que se conocieron los movimientos de dinero de TourProdEnter. Esta firma, encabezada por Érica Gillette y el empresario teatral y exlegislador bonaerense por el Frente Renovador Javier Faroni, recaudó al menos US$300 millones de la AFA.
Según una investigación de LA NACION, al menos US$57 millones fueron transferidos a sociedades radicadas en Miami sin empleados ni actividad verificada, y con titulares que percibían asignaciones sociales en Argentina.
“Se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos concretos de lavado de activos como la compra de propiedades”, agrega la acusación de Tofoni sobre el movimiento del dinero en el exterior. Su escrito alude a la quinta en cuestión, vehículos y caballos.
La AFA y TourProdEnter siempre negaron los cargos en su contra. En paralelo, los titulares de las sociedades receptoras de esos US$57 millones permanecen en silencio.
