Buenos Aires, 13 agosto (NA) — El subcomisario Enrique Gianola, subjefe de la Comisaría Séptima de Rosario y uno de los 19 policías enjuiciados por el presunto homicidio de Franco Casco, reveló que mientras estuvo detenido en el penal de Marcos Paz su hijo “perdió el pelo” y tuvo otras afecciones al no poder ver todos los días a su padre.
Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y había viajado a Rosario a visitar a familiares.
El 7 de octubre de 2014, según las actuaciones policiales, fue detenido en un procedimiento y trasladado a la Comisaría Séptima de esa ciudad.
Esa misma noche, a las 22:00, recuperó la libertad y firmó el acta de excarcelación pero dos días después su familia se presentó en la comisaría para preguntar por él.
Nunca volvió a aparecer con vida: casi tres semanas más tarde su cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná.
La autopsia no encontró lesiones y concluyó que la causa de la muerte era “indeterminada”, pero la Justicia Federal sostuvo que el joven había sido asesinado dentro de la comisaría y que los policías encubrieron el crimen.
FRANCO CASCO
Con esa hipótesis, dos años y medio más tarde detuvo a unos 30 efectivos, de los cuales 19 llegaron a juicio. En 2023 todos fueron absueltos.
Uno de ellos es el subcomisario Gianola, quien pasó casi seis años detenido antes de ser declarado inocente y fue el primero en aceptar repasar, ante la Agencia Noticias Argentinas, cómo vivieron ese proceso él y su familia.
Su detención tuvo distintas etapas: “Estuve al principio detenido en Gendarmería y también fui al penal federal de Marcos Paz. Después de ahí se me dio el arresto domiciliario”.
El beneficio, sin embargo, no fue definitivo: “Un día el juzgado dijo que no me correspondía el arresto domiciliario, porque yo lo había solicitado por mi hijo, así que fue otra despedida dolorosa que él tuvo que pasar”.
Las visitas semanales, contó, se convirtieron en su único sostén: “Una vez por semana una sonrisa de tu hijo borra un montón de cosas, descomprime y te ayuda a sobrepasar, y se da un anhelo de verlo a la otra semana”.
Cuando le revocaron el arresto domiciliario fue trasladado a una celda de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Su hijo Ignacio ya realizaba terapias motrices y psicológicas antes de la detención de su padre: “Por la situación, hasta los expertos decían que la estaba sobrellevando muy bien”.
Sin embargo, el cuadro cambió de manera abrupta: “Un día apareció cayéndosele el pelo. Dicen que debe ser por los nervios, acumulan, acumulan y llega un momento que se destapa: se le peló toda la nuca”.
El episodio ocurrió mientras Gianola estaba detenido en Marcos Paz.
La salud del nene mejoró cuando el subcomisario obtuvo el arresto domiciliario, pero ese avance coincidió, paradójicamente, con la revocación del beneficio: “Empezó a mejorar, y cuando ya estaba mejor se me sacó del arresto domiciliario”.
A la distancia, Gianola recuerda que su madre murió mientras él estaba con arresto domiciliario, antes de que terminara el juicio: “El juez se apiadó y me dio dos horas y media para ir al velorio”.
El relato del subcomisario se repite, con matices, en las familias de los otros acusados que dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas.
Verónica Enciso, esposa del policía Guillermo Gysel, contó que durante las visitas al Penal Federal de Marcos Paz les mintieron a sus hijos sobre dónde estaba el padre: “A nuestros hijos les dije que el padre estaba ahí porque estaba trabajando, les dijimos eso porque eran muy niños”.
La versión duró poco: “A las pocas veces de ir, uno de ellos me dijo que ese no era el lugar del trabajo del padre, que ese lugar era feo”.
Enciso describió además la requisa que debían atravesar los chicos, que por su edad no pasaban por el escáner: “Hacían que le saque la ropa y se la vuelva a poner a mis hijos de un año y cinco años”.
Y aseguró que las visitas dejaban secuelas físicas: “Iban bien de salud y cuando volvían tenían broncoespasmos. Iban sanos y volvían enfermos”.
También recordó el control de la comida que llevaban: “Con el mismo cuchillo sucio con el que abrían el jabón en polvo, con ese te cortaban la comida”.
Frente a esas escenas, dijo, las familias buscaban refugio en la capilla del pabellón: “Para darnos fuerzas entre nosotros nos juntábamos a rezar el día de la visita”.
Elisabet Gysel, hermana de Guillermo, puso el foco en sus sobrinos, de 4 años y un año cuando el padre fue detenido.
“Santiago, el más chiquito, siempre se descomponía la noche anterior de ir a ver al papá a la cárcel, tenía vómitos y problemas estomacales. Le hacía mal que lo veía un ratito y después no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Era su forma de expresarse”, describió.
Del mayor recordó las preguntas sin respuesta: “Preguntaba por qué el papá no estaba en su cumpleaños, en Navidad, en el Día del Padre”.
Gysel resumió el efecto del expediente sobre el grupo familiar: “Te destruye como familia, fueron seis años en una incertidumbre sin pasar las fiestas, cumpleaños; mi mamá se enfermó, empezó a tener enfermedades que antes no tenía”.
Y describió el estigma social: “Me pasó de hablar con una persona del trabajo y perdí la voz por semanas porque no soporté que me diga que mi hermano es un asesino. Le dije `por qué hablás así de mi hermano si no lo conocés, por el solo hecho de ser policía lo acusás`”.
Sobre la prueba del expediente, agregó: “Cuando vi la cámara de seguridad que tomó a Franco Casco cerca de la cancha del Club Rosario Central, me impactó, porque era él, y la Fiscalía decía que lo mataron en la comisaría”. Y remarcó: “En esta causa fallecieron mamás sin saber que sus hijos fueron absueltos”.
Alejandra Gómez, esposa del policía Marcelo Guerrero, atravesó el mismo dilema al explicarle la situación a su hijo.
“Lorenzo tenía 6 años cuando mi marido fue detenido, preguntaba por el padre, le dijimos que estaba trabajando en Gendarmería Nacional”, precisó.
“Yo sentía que era una injusticia inexplicable, no sabía cómo explicárselo a él”, indicó.
La verdad llegó tiempo después: “Le explicamos que a su papá lo acusaron de algo que no había cometido. Se angustió y se puso mal, ya se dio cuenta de que su papá no lo iba a poder acompañar a ningún lado”.
Laura Martínez, hermana del policía Fernando Blanco, relató una escena parecida con sus sobrinas: “Al comienzo les mentimos que el padre se había ido a hacer un curso a otro lado y por eso no volvía a la casa”.
“Mi sobrina más chica no entendía por qué el papá no la podía llevar a jugar a la plaza, por qué no la podía llevar a la escuela, por qué cuando ella se enfermaba no la podía llevar al médico”, remarcó, al tiempo que agregó: “Nos destruyó a todos”.
De la absolución dictada en Rosario recordó el alivio: “Yo sabía que estaban todas las pruebas de que son inocentes, fue una alegría inmensa, decíamos: se terminó”.
Mariela Terengue, esposa del comisario Diego Álvarez -jefe de la Comisaría Séptima al momento de los hechos-, fechó con precisión el inicio del calvario.
“El 4 de septiembre de 2017 el primer mensaje que recibí de mi marido fue: ‘Feliz cumpleaños mi amor, lamentablemente me van a detener, esto se va a resolver pronto'”, contó.
“Para nosotros fue muy angustiante desde el minuto cero. Creíamos que esto iba a durar unos días y fue el comienzo de una película de terror”, añadió.
Sobre el clima que rodeó al expediente, sostuvo: “Lo que vivimos socialmente es que ya había una condena instalada”.
Hugo Álvarez, hermano del comisario y presidente de la ONG Inocente Colectivo, resumió el costo generacional de la causa: “Muchos estuvieron detenidos seis años y a los hijos les dejó una marca”.
Y remarcó: “Cualquiera de los hijos que tenía 3 o 4 años pasó más tiempo sin su papá que con él. Muchos se criaron sin conocer en su infancia al padre libre. Son dolores irreparables que la Justicia no te los puede devolver”.
La absolución de 2023, sin embargo, no cerró el expediente, ya que el Tribunal de Casación hizo lugar a un recurso del fiscal federal Oscar Arrigo y ordenó dictar una nueva resolución.
Los policías por su parte apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que se ratifique la absolución.
AgenciaNA
