El llamado a licitación para instalar un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso en un sector del Cementerio de la Recoleta, tal como reveló la semana pasada LA NACION, abrió ahora un conflicto judicial. Una heredera de la familia que tenía la concesión de la bóveda donde la Ciudad proyecta instalar el local asegura que nunca fue notificada de la restitución del espacio al gobierno porteño, desconoce qué ocurrió con los restos de sus familiares que estaban allí y presentó un recurso de amparo de urgencia para intentar frenar el proyecto.

Días después de que la Ciudad abriera la licitación para explotar durante cinco años la bóveda de 24,55 metros cuadrados cubiertos, con un canon base de $1.600.000, una de las herederas afirmó que allí estaban sepultados su padre y dos de sus abuelos y aseguró que desconoce si los féretros permanecen en el lugar o fueron trasladados.

Lucía Girado pertenece a la familia que posee la concesión del espacio desde 1890. Su padre y dos de sus abuelos fueron sepultados hace más de 20 años en la bóveda, que la familia comparte con numerosos parientes. Según relató, se enteró por las redes sociales del llamado a licitación y, desde entonces, intenta determinar qué ocurrió con los restos.

“No notificaron a nadie. Hablé, por lo menos, con 10 miembros de mi familia y nadie sabía nada”, dijo en diálogo con LA NACION. Su versión contradice la brindada inicialmente por las autoridades porteñas, que habían informado que la bóveda fue restituida a la Ciudad luego de cumplirse los pasos correspondientes de un procedimiento administrativo.

El panteón —al igual que casi todos los entregados en el siglo XIX— fue concesionado a perpetuidad a la familia oriunda del sur de la provincia de Buenos Aires. Girado explicó que, con el correr de los años, perdió el rastro de cuál de sus familiares figura actualmente como titular en los registros del cementerio. Esa situación, sostuvo, le impidió hacerse cargo del pago de la tasa anual y del mantenimiento general de la bóveda, pese a haber intentado —según aseguró— regularizar la situación en reiteradas oportunidades.

“Cuando empezó a deteriorarse la bóveda, fui varias veces a preguntar y me decían que tenía que ir el titular, que es el que tiene los papeles. Nadie sabe quién los tiene; es una bóveda ancestral y la titularidad va cambiando de persona a persona”, afirmó.

A lo largo de los años, contó, inició acciones legales para tratar de recuperar la titularidad, pero nunca consiguió resolver el trámite. “Nadie me dijo nada nunca. Vivo a 10 cuadras y voy varias veces al año: vi el deterioro y el cambio de estructura del cementerio, que antes era tierra de nadie”, señaló.

“La bóveda no está abandonada porque yo voy; si desde la administración del lugar dicen que está abandonada porque no se pagó la tasa es otra cosa”, consideró en diálogo con este medio y sumó: “El viernes fui al cementerio y ya había explotado la bomba. El director me dijo que se habían seguido todos los pasos correspondientes y que tenían los nombres de los familiares notificados: están todos muertos los de la lista”.

Girado puso como ejemplo el caso de una de sus tías, que, según indicó, figura entre las titulares y está internada en Tandil con Alzheimer. De acuerdo con su relato, sus hijos tampoco recibieron ninguna comunicación sobre el procedimiento.

La bóveda —ubicada en la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12 del cementerio, cerca de la calle Junín— comenzó a deteriorarse con el paso de los años y sin el mantenimiento correspondiente. “En abandono y deterioro hay como 300 bóvedas, pero esta no está derrumbada sino dejada de refacciones. Lo que sucede con la mía es que está en una de las puertas que antes estaba cerrada y no le daban bola porque no la miraba ni el loro”, explicó a LA NACION sobre los motivos por los que consideró que el gobierno porteño comenzó la licitación.

“Entre 2024 y 2025 abrieron esa puerta. Un día pasé y vi que estaba habilitada. Habían arreglado mínimamente la fachada y los escalones rotos sin permiso de nadie. Me puse contenta porque pensé que alguno de los titulares se había puesto las pilas…”, añadió.

Actualmente, según relató, la bóveda se encuentra tapiada y el acceso al sector está restringido, incluso para los familiares. Esa situación abrió para Girado un interrogante todavía más delicado: qué ocurrió con los restos que estaban en su interior.

“No sé si mi papá está ahí o no, no puedo saber si se llevaron nada”, lamentó. El pasado viernes, la mujer —una de las últimas herederas del lugar— presentó un amparo legal para intentar frenar la obra de la administración de Jorge Macri y recuperar la concesión familiar.

Desde la Ciudad reiteraron a LA NACION que los 30 titulares fueron notificados del llamado mediante una carta documento que incluso volvió a enviarse una segunda vez para que se acerquen a retirar los féretros. “Al momento, nadie se presentó”, señalaron. Ante la consulta de qué sucede en el caso de que —como denunció Girado— se desconozca la identidad del titular actual, consideraron que se limita a un “problema de privados”.

El gobierno porteño remarcó que para retirar a un familiar de la bóveda debe estar presente el propietario, al igual que para pagar la tasa anual. “No es cuestión de ser familiar o amigo, tiene que ser el propietario”, explicaron y adelantaron que, de continuar esta situación, los restos serán cremados.

La iniciativa, según pudo saber LA NACION, no solo contempla la instalación de un local de expendio de alimentos bajo la modalidad take away —es decir, sin mesas ni sillas para consumir dentro del establecimiento—, sino también la incorporación de un servicio de turismo nocturno, con recorridos guiados por el histórico cementerio.

La tienda de regalos, en tanto, ofrecerá “artículos institucionales, publicaciones, piezas gráficas y objetos conmemorativos o turísticos vinculados con la identidad cultural del lugar”, explicaron desde la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, de la que depende la Dirección General de Cementerios. Una vez adjudicado el espacio, será esa dirección la encargada de aprobar los productos que se comercialicen.

Cuestionamientos

La familia Girado no fue la única que se opuso a la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26 que convocó el gobierno porteño. La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta (Adacre) —dedicada a la conservación y puesta en valor del cementerio— publicó un duro comunicado en el que expresó su preocupación por la construcción dentro de la bóveda y propuso una alternativa para evitar el comercio.

“La actividad gastronómica no es adecuada dentro del predio, cualquiera sea la modalidad, el operador o el destino de los fondos que se propongan”, indicó la asociación civil en el texto que compartió en redes sociales y que dio a conocer la oferta de Adacre para el lugar que ocupa la bóveda: un Centro de Difusión e Información cultural.

“Ese espacio hoy vacante tiene una vocación natural: interpretación patrimonial, exhibición, edición y venta de publicaciones y objetos institucionales vinculados a la identidad histórica, social y artística del cementerio. Ese uso pondría en valor un ámbito hoy disponible, sin resignar el carácter del sitio”, consideraron.

Si bien reconocieron que existen cementerios patrimoniales alrededor del mundo que tienen servicios dentro de su propio predio —como el Zentralfriedhof de Viena; el Arnos Vale Cemetery, en Bristol; el Abney Park Cemetery, en Londres; y el Alter St.-Matthäus-Kirchhof, en Berlín—, explicaron que en esos casos “opera el propio ente patrimonial sin fines de lucro” o la “autoridad pública dedicada a ese cementerio” bajo regulación estricta. Incluso lo compararon con el caso del Highgate Cemetery de Londres, que decidió no ofrecer ningún servicio de alimentos ni bebidas dentro de su predio.

Al tratarse de un área protegida, explicaron desde la Ciudad a LA NACION, solamente se realizarán modificaciones estructurales que sean reversibles, utilicen materiales acordes —no especificaron cuáles— y cuenten con la aprobación de los organismos correspondientes. Según consignaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano —uno de los actores principales en la conservación del patrimonio arquitectónico porteño— hasta ahora no se les dio intervención en la obra.

La asociación también señaló la importancia de que los ingresos derivados de una concesión dentro del Cementerio de la Recoleta —ya sea para el Centro de Difusión que propusieron como para cualquier otro uso— se apliquen “en forma exclusiva y verificable” al programa de restauración y puesta en valor del cementerio y no se administren como un activo inmobiliario más del patrimonio de la Ciudad.