Las políticas migratorias de Estados Unidos, regidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), atraviesan cambios que afectan tanto a quienes buscan obtener una residencia permanente como a personas que ya cuentan con determinados beneficios temporales. Entre las principales novedades se encuentran la modificación de la regla de carga pública, la reducción del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y nuevas medidas aplicadas a distintas categorías.
El Uscis modificará la evaluación para obtener la green card
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estableció que la nueva regulación de carga pública comenzará a aplicarse el 18 de septiembre.
- La disposición reemplazará el esquema establecido en 2022 y ampliará el margen de decisión de los funcionarios del Uscis.
La nueva evaluación estará basada en la denominada “totalidad de las circunstancias”.
En lugar de considerar únicamente determinados criterios previamente definidos, los oficiales deberán analizar de manera conjunta elementos como edad, salud, ingresos, bienes, obligaciones económicas, situación familiar, educación y capacidades laborales del solicitante.
El nuevo procedimiento también permitirá considerar una cantidad mayor de programas públicos sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos aparecen SNAP, Medicaid, determinadas ayudas de vivienda y prestaciones económicas destinadas al mantenimiento de ingresos.
Sin embargo, el uso de determinados servicios no será atribuido automáticamente como un factor negativo.
La utilización de centros comunitarios de salud, programas de alimentación escolar o beneficios recibidos por otros integrantes de una familia no se contabilizará de forma directa contra el solicitante y tampoco se evaluarán bajo la nueva norma las asistencias recibidas antes de su entrada en vigor.
El Uscis deberá implementar una nueva edición del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus. Desde el 18 de septiembre, las versiones anteriores enviadas en papel o mediante los mecanismos electrónicos correspondientes dejarán de ser aceptadas.
El formulario actualizado incorporará información adicional sobre empleo, finanzas y cobertura médica. “La nueva norma de carga pública le proporciona a la administración federal otra poderosa herramienta para restringir la inmigración legal”, expresaron los abogados de inmigración Cyrus Mehta y Damira Zhanatova en un análisis publicado en su blog.
La nueva regla de carga pública no afecta a refugiados y víctimas de violencia
La legislación federal mantiene excepciones para determinadas categorías. Refugiados y asilados, víctimas de trata que tramitan una visa T, víctimas de determinados delitos con visa U y personas que solicitan protección bajo VAWA no quedan sujetos a la prueba de carga pública.
El cambio también genera cuestionamientos por el mayor margen de interpretación otorgado a los funcionarios. Circunstancias similares podrían recibir evaluaciones diferentes según los elementos analizados por el oficial que tramite el expediente.
El debate sobre esta modificación se relaciona además con otras medidas. Entre ellas figuran los cambios que afectan a personas patrocinadas por familiares, trabajadores extranjeros y determinados estudiantes internacionales.
También se plantearon modificaciones sobre los salarios aplicables a trabajadores H-1B y sobre los procedimientos de certificación laboral Perm.
El TPS queda limitado a cuatro nacionalidades
El TPS también sufrió una reducción durante el segundo año del segundo gobierno de Trump. Según la información disponible al 12 de agosto, el programa continúa vigente para aproximadamente 273.200 personas procedentes de El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano.
Estas designaciones, sin embargo, tienen fechas de vencimiento anteriores al cierre del año en curso, por lo que algunas protecciones comenzarán a finalizar durante los próximos meses. En paralelo, el gobierno puso fin al TPS para ciudadanos de:
- Etiopía
- Venezuela
- Honduras
- Nicaragua
- Afganistán
- Camerún
- Haití
- Myanmar
- Nepal
- Sudán del Sur
- Siria
- Yemen
En conjunto, las terminaciones afectaron a más de un millón de personas que habían recibido protección frente a la deportación, aunque algunos beneficiarios continúan amparados por decisiones judiciales. En el caso de Venezuela, determinados permisos de trabajo emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 pueden mantenerse hasta el 2 de octubre.
Las terminaciones correspondientes a Haití y Siria entraron en vigor el 27 de julio después de una decisión de la Corte Suprema que permitió avanzar con la medida. Para Honduras y Nicaragua, el TPS había terminado en septiembre de 2025 y esa decisión fue confirmada por tribunales de apelación en febrero del año en curso.
En el caso de Etiopía, la finalización quedó efectiva el 18 de agosto luego de un fallo que permitió al gobierno continuar con el proceso. El DHS comunicó que las personas cuya protección haya terminado deben abandonar EE.UU. o podrían quedar expuestas a procedimientos de deportación.
El DHS amplía las restricciones sobre la inmigración legal
Las medidas no se limitan al TPS y a la carga pública. También se anunciaron restricciones sobre diferentes vías de inmigración legal, incluida una pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, según los criterios establecidos por la administración federal.
El programa de Visas de Diversidad también fue afectado, con el rechazo del procesamiento de aproximadamente 55.000 visas.
De acuerdo con un informe de la National Foundation for American Policy (NFAP), a esto se suman restricciones para refugiados y propuestas destinadas a modificar las condiciones bajo las cuales estudiantes extranjeros pueden utilizar el Entrenamiento Práctico Opcional.
Además, una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración limita las posibilidades de utilizar el permiso de reingreso anticipado para salir del país norteamericano y regresar con una admisión que facilite determinados procesos de ajuste de estatus.
