Buenos Aires, 23 agosto (NA) — El proyecto de ley que busca regular los refugios, hogares de tránsito y criaderos de animales generó fuertes cuestionamientos entre proteccionistas, que advirtieron que la iniciativa “pone en riesgo toda esa solidaridad espontánea” y señalaron que equiparar ambas actividades “esconde un negocio que seguramente será para pocos y encima con animales de por medio”.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Laura Parodi, miembro fundadora de la agrupación Callejeritos Villa Elisa, y Eduardo, voluntario de “Casa Refugio” de Capilla del Señor, cuestionaron el proyecto impulsado por la diputada libertaria Karen Reichardt y remarcaron que las organizaciones que rescatan animales funcionan, en muchos casos, sin estructura estatal y a partir del trabajo voluntario y las donaciones.
Para Parodi, “la ley que busca regular refugios y criaderos es, básicamente, un engaño”, debido a que ambos espacios tienen objetivos y realidades diferentes: “Los refugios se ocupan de alojar animales rescatados, rehabilitarlos y darles la mejor vida posible hasta que encuentren un hogar. Los criaderos son núcleos de explotación animal”.
La proteccionista consideró que buscar equiparar ambas actividades “esconde un negocio que seguramente será para pocos y, encima, con animales de por medio” y sostuvo que los refugios muchas veces cumplen tareas que debería abordar el Estado.
“Sería bienvenida una ley que apuntale y colabore con las tareas de los refugios. Y otra que evite que los criaderos sigan maltratando y arruinando la vida de los animales”, planteó Parodi.
En tanto, Eduardo consideró que la iniciativa es “una aberración” y cuestionó que se pretenda establecer un registro nacional para actividades que, según explicó, funcionan con realidades completamente diferentes.
“Desde una mirada política, formar una comisión nacional de registro de refugios parece más bien una medida para tener el control absoluto de algo. Eso podría estar bien si fuera una actividad privada, pero en este proyecto le pifiaron muchísimo porque trata a todos por igual”, sostuvo.
El voluntario remarcó que los rescatistas se encuentran “totalmente en contra de los criaderos, porque implican lucrar con los animales” y advirtió que los requisitos previstos podrían poner en jaque la continuidad de espacios sostenidos por particulares.
“Esta ley pone en jaque la existencia misma de los refugios y de los rescatistas. Si yo, que pongo mediodía de mi trabajo, dinero, esfuerzo y emociones para hacer esto porque quiero, tuviera que aplicar esa ley, directamente no podría ni animarme a seguir”, afirmó.
En ese sentido, enumeró algunas de las exigencias que, según sostuvo, resultarían difíciles de afrontar para organizaciones que trabajan con recursos limitados: “Nos van a exigir un plan de evacuación, un sistema contra incendios, pagos mensuales o tener un director técnico veterinario matriculado de forma permanente”, mientras que, ante una urgencia, los voluntarios deben llevar a los animales a una veterinaria y reunir dinero entre ellos para afrontar los costos.
El caso del refugio de Capilla del Señor expone las dificultades cotidianas de estos espacios: actualmente alberga 55 perros y otros 10 en tránsito, mientras que cinco meses atrás había cerca de 70 animales. El predio fue cedido por la Municipalidad y recibe apoyo oficial mediante alimento, pero el trabajo diario depende fundamentalmente de voluntarios.
“Los perros quedan casi todo el tiempo solos”, explicó Eduardo, quien detalló que la persona que se encargaba de alimentarlos era una empleada municipal que se encuentra enferma y que ahora es reemplazada por alguien que concurre solamente unas horas. El resto del seguimiento queda a cargo de los voluntarios, que controlan el estado de los animales, juegan con ellos y observan si presentan algún problema.
El refugio también afronta gastos veterinarios de alrededor de un millón o un millón y medio de pesos mensuales, debido a que recibe animales atropellados, abandonados, fracturados, heridos o en condiciones críticas. Además, necesita renovar buena parte del alambrado del predio y calcula que solo la construcción de dos nuevos caniles y la reparación de otros dos demanda cerca de 4 millones de pesos.
Eduardo explicó que entre las principales necesidades de Casa Refugio se encuentran dinero para afrontar los gastos veterinarios, alimento cuando la asistencia municipal no alcanza, alambrado y mano de obra. El predio tiene una hectárea y media, con 23 caniles, y cerca del 80 por ciento de los alambrados necesita ser reemplazado. También realizan jornadas mensuales de trabajo para reparar o construir cuchas y caniles, para las que necesitan materiales como madera y pallets.
Por su parte, Callejeritos Villa Elisa tiene a su cargo alrededor de 80 animales, aunque no cuenta con un refugio físico: los perros y gatos rescatados permanecen en los hogares de los integrantes de la agrupación, hogares de tránsito y guarderías hasta conseguir una familia definitiva. El grupo sostiene su actividad mediante seguidores, colaboradores, ferias, eventos, rifas y merchandising.
En el caso de la agrupación de Villa Elisa, Parodi señaló que las principales necesidades son hogares de tránsito y ayuda económica, ya que muchos de los animales rescatados llegan en peligro de vida y requieren atención veterinaria e internaciones durante varios días. Una vez recuperados, necesitan un lugar donde completar su recuperación hasta conseguir una familia definitiva.
Para Eduardo, uno de los principales riesgos del proyecto es que una normativa rígida termine afectando precisamente la capacidad de respuesta que tienen los rescatistas ante situaciones de emergencia.
“Este proyecto de ley, que me parece redactado por personas sin conocimiento o con intereses muy particulares, pone en riesgo toda esa solidaridad espontánea”, afirmó y recordó un operativo en el que un grupo de voluntarios rescató numerosos perros que estaban hacinados en una vivienda.
Según relató, tras ese rescate realizaron una colecta, castraron a los animales, difundieron sus casos y lograron que casi todos fueran adoptados: “Hay mucha respuesta de la gente”. En ese episodio, incluso personas que no conocían previamente al refugio se ofrecieron para trasladar animales y acercar donaciones.
“Si una ley te exige requisitos imposibles cuando estás haciendo una labor 100% voluntaria, me parece una aberración”, insistió.
Más allá de la iniciativa puntual, el voluntario planteó que una legislación destinada a los refugios podría ser positiva si partiera de las necesidades concretas de esas organizaciones, aunque advirtió que se trataría de una solución parcial porque “los refugios no deberían existir”.
“Existen porque el Estado no responde. Lo que realmente se necesita es un plan de educación de base para cambiar la cultura de las personas, para entender que el animal es un ser sintiente que no puede estar atado, muerto de hambre o abandonado, y que hay que castrarlos porque si no, la reproducción es imparable”, explicó.
En esa línea, sostuvo que el abordaje debería combinar educación, castraciones masivas, sanciones efectivas contra el maltrato y políticas públicas de control poblacional.
“De lo contrario, haríamos leyes para tener 100.000 refugios porque hay millones de perros en la calle. Lo que debe cambiar es la cultura”, afirmó.
El voluntario también cuestionó el funcionamiento actual de los organismos encargados de intervenir ante casos de maltrato y señaló que muchas denuncias no avanzan porque “Zoonosis o la policía no actúan” y, aun cuando se retira a un animal, no siempre existe un lugar donde alojarlo.
“Falta organización, presupuesto y una mirada comprometida; no están dadas las condiciones para que la ley actual se aplique de manera efectiva”, sostuvo y agregó que una reforma que establezca penas más duras y sea efectivamente aplicada podría representar un cambio importante.
Finalmente, destacó que las políticas de castración tienen un impacto directo sobre la cantidad de animales abandonados y mencionó como ejemplo el trabajo del municipio de Exaltación de la Cruz, donde un hospital móvil recorre los barrios para realizar intervenciones.
“Hay partidos enteros que no castran”, advirtió Eduardo, quien consideró que las diferencias entre municipios muestran la necesidad de una política pública sostenida para abordar el abandono y el maltrato animal.
Quienes quieran colaborar con Callejeritos Villa Elisa pueden hacerlo a través de sus redes sociales, donde figuran como @callejeritosvillaelisa en Instagram, Facebook y TikTok. La agrupación señaló que también busca empresas que quieran apoyar su trabajo.
En tanto, Casa Refugio recibe donaciones económicas, materiales y mano de obra para afrontar los gastos veterinarios, la compra de alimento y la renovación de los alambrados y caniles. El refugio puede ser contactado a través de su cuenta de Instagram @casa_refugio.
Agencia NA
