Buenos Aires, 17 septiembre (NA) — La última audiencia sobre la situación procesal y médica de Konstantin Rudnev abrió un nuevo frente de controversia entre la defensa y la Fiscalía Federal de Bariloche, en el marco de la causa que se le imputa al ciudadano ruso por presunta trata de personas.
El abogado Martín Sarubbi rechazó la tesis de la acusación, que presenta los problemas de salud y las sucesivas cirugías del ciudadano ruso como una maniobra para evitar su regreso a prisión, y puso el foco en las referencias a contactos entre el Ministerio Público Fiscal y profesionales vinculados al Cuerpo Médico Forense.
La audiencia había sido convocada para discutir el cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó la prisión domiciliaria de Rudnev -el miércoles fue internado, pero horas después volvió a su casa- y dispuso que la prisión preventiva continuara en un establecimiento penitenciario, previo examen de una junta médica que determinara si su estado de salud permitía el traslado.
La Fiscalía sostuvo que pasaron más de 90 días sin que esa evaluación pudiera completarse, a raíz de distintas circunstancias médicas y de las intervenciones quirúrgicas del imputado.
En su exposición, la acusación afirmó que desde hace tiempo intenta concretar el examen del Cuerpo Médico Forense y atribuyó las dificultades a los sucesivos planteos vinculados con la salud de Rudnev.
Advirtió que una nueva cirugía volvía a postergar la evaluación y expresó su preocupación por que, tras la operación, se indicara otro período prolongado de recuperación que demorara otra vez lo ordenado por Casación. Sarubbi rechazó de plano esa lectura.
“Yo no invento intervenciones quirúrgicas. Si se realizan intervenciones quirúrgicas es porque existe una realidad médica que las determina”, respondió.
El defensor remarcó que cada presentación ante la Justicia estuvo respaldada por documentación firmada por profesionales que asumieron la responsabilidad de sus diagnósticos e indicaciones.
“Si se realiza una intervención quirúrgica es porque esa decisión se basa en un criterio médico”, insistió, y cuestionó que se insinuara que las operaciones forman parte de una estrategia procesal.
“Tampoco creo que ningún médico vaya a operar gratuitamente a una persona simplemente para aparentar algo, con el propósito de continuar prolongando el arresto domiciliario”, agregó.
El abogado recordó además las complicaciones que, según la documentación aportada por la defensa, surgieron tras una intervención anterior.
Explicó que, al concluir el reposo inicial, Rudnev fue revisado por un perito médico de parte que detectó fiebre, taquicardia, hipertensión y otras complicaciones posquirúrgicas, y ordenó su hospitalización.
Para la defensa, se trata de hechos médicos documentados y no de obstáculos creados deliberadamente para evitar una evaluación oficial.
La Fiscalía sostuvo la postura contraria. Afirmó que Rudnev se habría resistido a ser examinado por el Cuerpo Médico Forense, se mostró convencida de que sus problemas de salud no impiden necesariamente cumplir la preventiva en una cárcel y calificó las demoras como “una evidente maniobra dilatoria” destinada, según su hipótesis, a mantener al imputado en su domicilio.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal pidió que un equipo médico concurriera al domicilio de San Vicente donde Rudnev cumple la medida para realizar allí el examen.
La defensa no se opuso, pero solicitó ser notificada con anticipación para participar con sus propios peritos, como garantía del control de la prueba.
La discusión cambió de tono cuando el fiscal Gustavo Révora detalló las gestiones para concretar la evaluación.
Al fundamentar el pedido de traslado de los profesionales a San Vicente, afirmó que la Fiscalía venía “dialogando” desde hacía tiempo con una médica sobre el tema.
“Vamos a solicitar, como lo ha manifestado no solo el médico que estuvo presente acá, sino la doctora Monti, con la que hemos venido también dialogando de este tema ya hace bastante, que un equipo de médicos concurra a la quinta de San Vicente donde el señor Rudnev se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria”, sostuvo.
Esa frase motivó el cuestionamiento central de Sarubbi.
“Me llama la atención que el fiscal Révora diga que habla con una médica del Cuerpo Médico Forense”, planteó.
Para el defensor, una cosa es que la Fiscalía utilice las herramientas procesales para solicitar formalmente informes, evaluaciones o medidas, y otra muy distinta que existan conversaciones sobre una cuestión pericial por fuera de esos canales.
Sarubbi reivindicó así la independencia que debe existir entre quienes sostienen la acusación y los profesionales encargados de determinar objetivamente la salud del imputado.
La defensa sostiene que toda comunicación vinculada con una evaluación que puede definir si Rudnev vuelve o no a una unidad penitenciaria debe poder ser conocida y controlada por todas las partes, mediante procedimientos que permitan ejercer el control procesal correspondiente.
La audiencia expuso además otra diferencia de fondo. Mientras la Fiscalía sostiene que siguen vigentes los riesgos procesales valorados por Casación y que las demoras en el examen retrasan el cumplimiento de esa resolución, Sarubbi afirma que la situación sanitaria de Rudnev cambió por complicaciones sobrevinientes que deben evaluarse antes de cualquier traslado.
Para el defensor, no pueden ignorarse nuevos hechos médicos por el mero vencimiento del plazo previsto.
El expediente avanzará ahora con la evaluación ordenada al Cuerpo Médico Forense.
La defensa pidió participar con sus especialistas y controlar el procedimiento, mientras la Fiscalía reclama que el examen se realice cuanto antes para definir si Rudnev puede ser trasladado a prisión.
Ese resultado será un elemento central de la próxima discusión judicial, en una causa en la que Sarubbi exige que las decisiones sobre la libertad y la salud de su defendido se tomen con evidencia objetiva, participación de todas las partes y pleno respeto del debido proceso.
Agencia NA
