El Senado sancionó esta tarde la denominada ley de Inocencia Fiscal II, norma que busca flexibilizar el régimen de regularización de ahorros y relajar los límites para el ingreso de contribuyentes al régimen simplificado de ganancias (RSG).
La norma fue sancionada por 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista.
El temario de la sesión incluye, también el debate de un proyecto de ley de modificación al régimen vigente de producción de biocombustibles. Sin embargo, y aún cuando el oficialismo logró abrir el recinto para tratarlo, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para aprobar biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.
El proyecto de Inocencia Fiscal II es impulsado por el Poder Ejecutivo y fue aprobado por Diputados a fines de agosto último. En su paso por la Cámara baja, se prohibió de manera taxativa que los funcionarios públicos puedan acceder al régimen, una cláusula inspirada en Manuel Adorni y los avatares patrimoniales del exjefe de Gabinete.
Sin embargo, el jefe de la bancada kirchenrista, José Mayans (Formosa), dijo que “esta ley no es para los trabajadores” sino que “está pensada en Adorni” y que si el Gobierno apura la sanción de la norma es para favorecerlo y que por eso el exfuncionario demora la presentación de su declaración jurada ante la Justicia que lo investiga por enriqeucimiento ilícito.
“Esta es la ley Adorni, es para la hermana (Karina Milei), para el Presidente; esta ley es para los que evadieron, porque a partir de acá no tiene razón hacer declaraciones juradas ya que desaparecde el delito de evasión”, denunció el formoseño.
Le respondió la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien aseguró negó que el sistema beneficie a funcionarios y a los grandes contribuyentes y lo calificó como un “sistema inteligente que va a saber distinguir lo que es un fraude de lo que es un error mínimo o formal, una divergencia mínima en una declaración jurada”.
“Ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario ni todos los que estamos en este recinto vamos a poder usar este mecanismo”, insistió Bullrich.
En ese sentido, la senadora se preocupó por diferenciar la política del Gobierno libertario con la de aquellas que, dijo, “hicieron un negociado con obras que los argentinos hoy no tenemos”, en lo que pareció una alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, que purga condena de prisión por corrupción en kla administración de Estado.
Según los argumentos del oficialismo, la norma apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.
Así lo dijo el miembro informante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero (San Juan), al defender el proyecto en el inicio del debate. “Lo más humano que tiene el proyecto es que simplifica el trámite” para la regularización impositiva.
“Acá no hay problema constitucional, se aplica el principio de igualdad y no afecta la capacidad de pago de los contribuyentes”, agregó.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.
La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones. El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.
El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.
Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.
Desde el kirchnerismo se cuestionó el proyecto, cargando las tintas en las facilidades que se otorgan para blanquear dineros sin necesidad de justificar su procedencia.
“Nosotros pensamos que la presunción de inocencia no legitima el origen del patrimonio; adherir a un régimen simplificado no significa un certificado de buena conducta patrimonial”, afirmó Jorge Capitanich (Chaco), quien calificó le iniciativa como una “reforma parcial e inconexa”.
Por su parte, el oficialista Olivera Lucero no le escapó a las acusaciones de la oposición y responsabilizó a las políticas del kirchnerismo por la decisión de los ahorristas de mantener sus fondos fuera del sistema financiero.
“Que haya 170.000 millones de dólares debajo del colchón es porque durante muchos años el Estado hizo las cosas mal y el contribuyente decidió sacar ese dinero del sistema formal”, dijo.
Desde el radicalismo también se apoyó el proyecto. Lo hizo la chaqueña Silvana Schneider, quien destacó la iniciativa como una ayuda a los contribuyentes.
“Con esta ley lo que se pretende es otorgar mayor seguridad jurídica a todos los contribuyentes, blindar a los contribuyentes del ARCA y reducir costos; en definitiva, ayuda a alivianar la carga a todos los contribuyentes”, sentenció la legisladora.
“Esta es una ley de blanqueo, de lavado fiscal donde el Presidente prácticamente termina con el delito de evasión, a partir de acá no hay evasores”, volvió a la carga Mayans desde el kirchnerismo en el final del debate.
