El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés responsables del atentado a la AMIA y la Justicia avanza así hacia un juicio oral en ausencia.
Por el ataque a la mutual judía, ocurrido en 1994, murieron 85 personas y hubo 151 heridos.
Rafecas dispuso los procesamientos en un fallo de más de 600 páginas. A cada uno de los procesados les impuso un embargo de U$S 500.000.000.
Fuentes judiciales informaron a LA NACION que el juez dio por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. También, que la dejaron preparada en un estacionamiento público a cuatro cuadras de la AMIA y aguardaron hasta la media mañana del lunes 18 para hacerla explotar en un momento de alta concurrencia al edificio elegido como blanco.
El juez aplicó el régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), que permite avanzar aunque los acusados estén prófugos. Se les garantiza el derecho a contar con un defensor.
Rafecas sostuvo que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, agrupación proiraní con sede en El Líbano, que organizó su ejecución, mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina).
Los delitos por los que fueron procesados fueron homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.
Rafecas calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad.
Como responsables centrales del atentado fueron procesados Alí Fallahijan, por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, por aquel entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní; Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria).
La resolución sostuvo que estos cuatro acusados decidieron y participaron en la organización del atentado.
Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, que fue embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, que era agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Rafecas les imputó a los tres haber contribuido “en forma esencial” al plan criminal, desde el ámbito diplomático y la red local iraní.
El último de los procesados fue Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah. A él se lo señala como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado.
Los procesamientos podrán ser apelados por el defensor oficial Hernán Silva.
Asimismo, el juez dispuso la falta de mérito respecto de los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, y no trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei y del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh debido a que murieron en 2026 y 2008, respectivamente, así como tampoco del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, fallecido en 2020.
Otro ataque y la intervención de la Corte
En el análisis de la resolución, la Justicia argentina dio por probado que el atentado a la AMIA fue coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía, perpetrado al día siguiente en Panamá, al hacer explotar mediante un pasajero suicida un avión de línea, matando a sus 3 tripulantes y 17 pasajeros, 12 de los cuales eran de la colectividad judía local. Cuatro días después, ambos atentados, según se afirma en la resolución del juez, fueron reivindicados en forma conjunta por Hezbollah desde El Líbano, a través de una denominación de cobertura llamada “Ansar Allah”.
Sobre la base del dictamen de la UFI AMIA, Rafecfas dispuso darle intervención a la Corte Suprema, ante la posible conexidad de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel en 1992, que tramita en ese Tribunal, puesto que, según la Fiscalía, a cargo de Sebastián Basso, ambos sucesos habrían sido ejecutados por Hezbollah.
