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Discapacidad: el Gobierno dio marcha atrás y consiguió un dictamen, pero persiste la desconfianza por el proyecto

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En un intento de control de daños, el Gobierno cambió de rumbo en lo relativo a la ley de Discapacidad. No solo dio marcha atrás con lo publicado la semana pasada en el proyecto de presupuesto 2027, sino que mantuvo los artículos centrales de la prórroga de la emergencia, una iniciativa impulsada por los bloques más críticos, y reapodó su proyecto legislativo con algunas modificaciones.

“Se trata de un giro de 180 grados”, describen algunos opositores que todavía desconfían de las intenciones de la Casa Rosada.

Aun así, el oficialismo consiguió esta tarde las 42 firmas que le dieron un dictamen de mayoría, con el aval de los bloques del Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los provinciales de Elijo Catamarca, Independencia y la Neuquinidad.

Fue el espacio de Argentina Federal, que encabeza Oscar Herrera Ahuad, el que firmó en disidencia, alegando justamente la desconfianza que impera todavía en relación a la letra chica del proyecto.

Es que hasta último momento el Poder Ejecutivo se reservó una carta: la de no explicitar de forma directa el modo en que actualizará las prestaciones como le exigieron los aliados de forma mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El debate en la comisión conjunta de Discapacidad y Presupuesto

El proyecto de LLA, en cambio, remite al artículo 7 bis que el presupuesto había eliminado, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de movilidad atado al IPC.

La disidencia de Ahuad, justamente, plantea mayor claridad en este punto para evitar cualquier ambigüedad jurídica que deje entreabierta la puerta a eventuales discrecionalidades del Ejecutivo.

El proyecto, calificado como “superador” por el oficialismo, mantiene además el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de las pensiones no contributivas por invalidez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y contemplaría su continuidad en caso de que el beneficiario tenga un empleo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

Además, incorpora un reclamo del Pro: que se publique el cronograma de pago de las compensaciones por la emergencia.

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