Hace dos décadas, en plena crisis energética, el Estado encontró una forma sui generis de saldar sus deudas con las generadoras eléctricas. En lugar de pagarles, las convirtió en socias de nuevas centrales. Hoy, el Gobierno dio el primer paso para desarmar ese esquema y poner a la venta tres de los activos más codiciados por el sector energético.
A través del decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo autorizó la venta de las acciones que la estatal Energía Argentina (Enarsa) tiene en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. Además, habilitó el camino para hacer lo mismo con la central Guillermo Brown. Se espera recaudar más de US$800 millones entre las tres.
Enarsa posee el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano (TMB), en Campana, y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín (TSM), en Timbúes, Santa Fe. Son dos activos mellizos, de 823 MW y 865 MW, con turbinas Siemens, que en conjunto abastecen cerca del 10% de la demanda eléctrica del país.
La venta se hará mediante una licitación pública nacional e internacional, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Se trata de la segunda etapa de la privatización de Enarsa, que comenzó con la venta de su participación en Citelec, la controlante de Transener. Esta vez, el decreto no prevé un programa de propiedad participada para los empleados.
La Guillermo Brown deberá esperar un poco más. Su fideicomiso expira el 30 de septiembre y recién después Enarsa podrá suscribir las acciones que le corresponden —no menos del 70% del capital— para luego licitarlas.
Las centrales de Campana y Timbúes nacieron de una solución poco ortodoxa que ideó el exministro de Planificación Julio De Vido en 2004. El gobierno de entonces creó el Foninvemem (Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista), con el que las acreencias que las generadoras tenían con el mercado mayorista se volcaron a la construcción de dos centrales de ciclos combinados. Las empresas quedaron como accionistas minoritarias y el Estado, con la mayoría del capital. La Guillermo Brown replicó esa lógica a partir de un acuerdo firmado en 2010.
Los fideicomisos que administraban las centrales de Campana y Timbúes, con Cammesa como fiduciante y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario, se extinguieron el 1° de junio pasado, lo que abrió la puerta a esta privatización.
Una licitación con socios adentro
Esta licitación es más compleja que las anteriores. A diferencia de lo que ocurrió con las hidroeléctricas del Comahue, estas centrales ya tienen accionistas privados —entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía— que cuentan con un derecho de preferencia según los estatutos de cada sociedad. Si aparece una oferta, esas empresas pueden empatarla o mejorarla.
El decreto establece que los pliegos deberán contemplar esos derechos. En la práctica, la preferencia puede desalentar la llegada de nuevos jugadores y reducir la competencia a una discusión entre los actuales socios.
Todavía falta que se publique el pliego, donde estarán los detalles sobre cómo se resguardarán esos derechos. También se verá si el Gobierno vuelve a incluir la llamada cláusula “anti China”, que impide participar a empresas con mayoría de capital estatal. Esa restricción dejaría afuera a Power Construction Corporation of China (PowerChina), como ocurrió en la licitación para construir las líneas de alta tensión de AMBA I.
Otro factor que pesará en las ofertas es la tasación. El valor de estas centrales depende del flujo de ingresos futuro, que resulta difícil de proyectar tras los cambios en las reglas de remuneración del mercado eléctrico que impulsó el Gobierno.
La venta forma parte del programa de privatizaciones con el que el equipo económico busca reforzar la caja del Tesoro. En julio, Caputo estimó que ingresarían US$800 millones este año y otros US$1500 millones en 2027. Hasta ahora, el Gobierno recaudó US$356 millones por su participación en Transener y US$707 millones por la concesión de las cuatro hidroeléctricas del Comahue.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Energía, con esta medida el Gobierno busca avanzar en el retiro del Estado de la actividad energética y que el sector privado, “con capacidad de inversión y experiencia”, asuma la gestión de las centrales.
