La alcaldesa Karen Bass firmó el 30 de septiembre una ordenanza que restringe el uso de propiedades municipales de Los Ángeles para determinadas operaciones federales de control migratorio, como las efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida convierte en ley local componentes de la Orden Ejecutiva 17 y fija obligaciones para distintas áreas de la ciudad y empresas vinculadas con contratos públicos.
¿Qué restricciones establece Los Ángeles para los operativos migratorios del ICE?
De acuerdo con la Oficina de la Alcaldesa de Los Ángeles, la ordenanza exige colocar carteles en terrenos y áreas abiertas de propiedad municipal para indicar que no pueden utilizarse como lugares de preparación, procesamiento o bases de operaciones de acciones federales de control migratorio.
También obliga a reforzar la seguridad física de las instalaciones municipales para limitar el ingreso no autorizado de agentes federales a sectores no públicos. Además, establece nuevas obligaciones para contratistas y empresas que presenten ofertas para trabajar con la ciudad.
Estos deberán informar si mantienen acuerdos de intercambio de datos con el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).
Bass sostuvo que las acciones federales de inmigración continúan y defendió la necesidad de mantener las medidas locales. “Puede que las redadas de inmigración ya no aparezcan en los titulares, pero no han cesado. No podemos bajar la guardia”, afirmó.
Unos 500 espacios municipales ya cuentan con carteles
Parte de estas disposiciones comenzó a aplicarse antes de la firma de la ordenanza. Telemundo 52 informó que se instalaron carteles en aproximadamente 500 propiedades y espacios municipales de Los Ángeles.
Bass explicó a Telemundo 52 cómo actúa el personal municipal cuando agentes federales llegan a uno de estos espacios. “Si el personal de la ciudad está ahí y le dice a ICE que no son bienvenidos, tienen que retroceder. Han obedecido. Los rótulos les dan esa confianza extra a los empleados”, señaló.
La mandataria demócrata también se refirió a la posibilidad de que las autoridades federales cuestionen la nueva normativa. La alcaldesa afirmó que, en caso de un desafío legal, la ciudad responderá por la vía judicial.
¿Cómo Los Ángeles convirtió en ordenanza parte de la Directiva Ejecutiva 17?
Bass emitió la Directiva Ejecutiva 17 en febrero para reforzar la respuesta de Los Ángeles ante las acciones federales de control migratorio. El documento estableció:
- Lineamientos para el uso de propiedades de la ciudad
- Protocolos de actuación de distintas dependencias municipales frente a esos procedimientos
- Incluyó medidas destinadas a documentar incidentes, mejorar la comunicación pública y coordinar la respuesta institucional
Meses después, el presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, presentó una moción para incorporar al código local componentes de esa directiva. La iniciativa fue respaldada por los concejales Hugo Soto-Martínez, Eunisses Hernandez, Ysabel Jurado, Curren Price y Bob Blumenfield.
La propuesta avanzó sin votos en contra y el Concejo Municipal aprobó posteriormente el proyecto de ordenanza que llegó a la firma de Bass. Harris-Dawson sostuvo que el objetivo era dar mayor permanencia a las medidas.
Soto-Martínez, por su parte, destacó el alcance sobre los recursos públicos: “La promulgación de la Directiva Ejecutiva 17 deja claro que los recursos de la ciudad no se utilizarán para ayudar a las fuerzas federales de inmigración”.
Ysabel Jurado puso el foco en las instalaciones y los contratos municipales. La concejala sostuvo que los bienes de la ciudad no deben utilizarse para facilitar redadas migratorias y que las empresas interesadas en contratos públicos tendrán que transparentar si comparten datos con agencias federales de inmigración.
La principal diferencia está en el alcance jurídico de la decisión. Una directiva ejecutiva puede ser modificada o revocada por una administración posterior, mientras que las disposiciones incorporadas al código municipal pasan a formar parte de la normativa de la ciudad y no dependen únicamente de una decisión de la alcaldía.
¿Qué medidas mantiene el distrito escolar para las familias inmigrantes?
El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés), Andrés Chait, participó del anuncio y detalló las acciones que mantiene el distrito para asistir a estudiantes y familias. “Seguimos proveyendo servicios legales, servicios de protección cuando los estudiantes van del hogar a la escuela”, explicó a Telemundo 52.
A su vez, el funcionario indicó que existe transporte directo entre las viviendas y los establecimientos educativos y que más de 1000 grupos familiares utilizan ese servicio. Chait respaldó además la incorporación de estas disposiciones al marco legal de la ciudad. “Ningún padre debería tener que elegir entre la educación de su hijo y la seguridad de su familia”, afirmó.
