Las elecciones en Brasil del domingo pasado, que deberán definirse en un balotaje el 25 de este mes luego de que Flavio Bolsonaro obtuviera una estrecha victoria en primera vuelta, permiten por contraste evaluar con cierta perspectiva algunos de los principales dilemas que atraviesa el sistema político argentino. Esto incluye aspectos del debate económico, la cuestión institucional, la naturaleza de los “nuevos” liderazgos y, sobre todo, la cultura democrática (el diálogo, los acuerdos, los valores como la tolerancia, el pluralismo, el respeto por las diferencias, la vilipendiada libertad de expresión). Estas cuestiones vitales quedarán plasmadas en la arena pública de nuestro país durante 2027, un año electoral eterno por la dinámica de desdoblamiento de más de la mitad de las provincias: comenzará el 14 de febrero en Neuquén y se extenderá hasta las nacionales del 24 de octubre o el eventual balotaje, previsto para el 21 de noviembre.
En primer lugar, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente, tanto para el desarrollo económico como, sobre todo, para que los incumbentes enfrenten los procesos electorales con ventajas relativas respecto de la oposición. A pesar de tener baja inflación, un Banco Central independiente y una muy buena calificación en su deuda soberana (el tan deseado y necesario grado de inversión), al igual que lo ocurrido recientemente en Chile y Perú, el oficialismo en Brasil no pudo capitalizarlo en términos electorales. Por el contrario, las demandas insatisfechas de amplios sectores de la población, comenzando por la cuestión de la inseguridad, y los altos niveles de desilusión con la “política tradicional” tienden a favorecer a la oposición. Esto puede leerse, entonces, como una advertencia para Javier Milei, que parece estar enfocado en que la sociedad lo “premie” por luchar por lograr la estabilidad, tal como lo había hecho con Carlos Menem en los comicios de 1995 y también con él mismo en las elecciones legislativas del año pasado, aunque la inflación de los últimos doce meses supere el 30%.
¿Cuánto dura el reconocimiento de las sociedades por los logros de los gobiernos, aun en los casos en los que implica una mejora significativa en términos materiales? En Brasil se ratifica una interesante paradoja: la modernización con movilidad social ascendente modifica la agenda de prioridades y preferencias, sobre todo de los segmentos más beneficiados. Más temprano que tarde aparecen nuevas demandas que interpelan a gobiernos que quedan, de algún modo, atrapados por inflexibilidad en sus propias limitaciones y condicionados por viejas prioridades. Desde que tuvo éxito en su proceso de estabilización, hace ya tres décadas, Brasil entró en un ciclo virtuoso que arrancó con las presidencias de Fernando H. Cardoso y se profundizó desde 2003, cuando Lula comenzó su primer gobierno. Pero ese progreso económico y social disparó cambios no solo materiales, sino también simbólicos y aspiracionales que los expertos en campañas del oficialismo no habían ponderado hasta ahora en toda su magnitud. Incluso destacados intelectuales de izquierda están finalmente dimensionando la profundidad y la complejidad de esas transformaciones estructurales (ver, por ejemplo, el profundo y refinado análisis de José H. Bortoluci publicado el martes pasado en piaui.uol.com.br).

Otro elemento para considerar es la polarización extrema: 9 de cada 10 votantes se inclinaron por Lula o por Bolsonaro. La distancia ideológica, conceptual, valórica, hasta estética entre ambos candidatos es impresionante: es como si pertenecieran a dos mundos, dos culturas, absolutamente diferentes. ¿Es posible pensar en algún tipo de consenso básico para asegurar la gobernabilidad democrática o, como ocurre en los EE.UU., un eventual segundo gobierno de esta “nueva derecha” implicará una fuerte erosión, si no una crisis terminal, de las formas y mecanismos más básicos de la república? Hace casi cuatro décadas, Pamela Constable y Arturo Valenzuela escribieron Una nación de enemigos. El Chile de Pinochet, un gran libro que enfatizaba la enorme brecha cognitiva que caracterizaba a la dirigencia cívica y militar de ese país desde antes, pero sobre todo durante y como consecuencia de la dictadura militar. Ese señero título podría ahora aplicarse a muchos otros países, fundamentalmente a Brasil. Hemos presenciado una campaña inusualmente sucia, plagada de escándalos de corrupción, noticias falsas, operaciones en las redes y rumores infundados. ¿Cómo se reconstruye un mínimo umbral de confianza entre las partes? Habrá un ganador, pero el sistema político como tal está enormemente desgastado, si no del todo quebrado.
Si bien en el Parlamento, sobre todo en la Cámara baja, sigue habiendo bastante fragmentación y una representación muy plural (alimentada por el sistema uninominal que algunos grupos impulsan en nuestro medio), en la elección presidencial no hubo espacio para terceras fuerzas (como sí ocurrió en la Argentina en 2007, 2015, 2019 y 2023). Algunos observadores sugieren que se adelantó la dinámica típica del balotaje con el “voto estratégico” (mal llamado “útil”, pues todos los votos en democracia son igualmente útiles), en el que predomina la idea de influir en un resultado o favorecer/castigar a un candidato determinado al margen de las preferencias de los votantes. Los atributos personales de los candidatos han alimentado la polarización: Flavio es menos controversial y extremo que su padre, Jair, mientras Lula siempre ha demostrado una enorme versatilidad para correrse hacia posiciones moderadas y hasta pactar con partidos de centro o incluso de centroderecha, como el PSDB de Cardoso o el histórico MDB, gran protagonista de la transición. Ambas campañas lograron así seducir al votante independiente y más alejado de las ofertas políticas dominantes, asfixiando a los otros candidatos y precipitando el desplazamiento de preferencias hacia los dos finalistas del balotaje.
Vale la pena examinar también la cuestión de las familias (¿dinastías?) en política. El apellido Bolsonaro en estas elecciones fue mucho más allá de Flavio: Michelle (la tercera esposa de Jair) fue elegida senadora por el Distrito Federal; Carlos (hermano) consiguió una banca en el Senado por Santa Catarina; Jair Renan, una como diputado en el mismo estado (otro hermano), y Renato (tío) obtuvo un cargo legislativo en San Pablo. Así como los matrimonios o parejas son muy habituales en toda la región, sobre todo en la Argentina (donde también los hermanos siempre han tenido un importante protagonismo), las dinastías políticas no son comunes en Latinoamérica, con la excepción tal vez de los Castro en Cuba o de casos aislados de “hijos de”, algunos exitosos, como Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay, y otros no tanto, como Ricardo Alfonsín o Máximo Kirchner, de este lado del Río de la Plata. Ni siquiera en los casos de familias numerosas de la política vernácula, como los Cafiero o los Menem, vimos a tantos compitiendo al mismo tiempo (aunque a nivel provincial se destacan casos como el de los Saadi en Catamarca y los Sapag en Neuquén). ¿Podría exportarse este fenómeno a los Estados Unidos, con la familia Trump en 2028 continuando el legado de los Kennedy y los Bush?
Por último, desde el punto de vista institucional, a pesar de los conflictos en el sistema judicial, en especial en el Tribunal Superior, de los escándalos de corrupción y de las campañas sucias, debemos destacar un logro fundamental: el sistema electoral sigue siendo transparente, a diferencia de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, resuenan aún las dudas sobre los resultados de 2020. A pesar de la estrecha diferencia, nadie planteó cuestionamientos. Sin embargo, la alarma no deja de sonar: un eventual triunfo de Bolsonaro hijo podría significar un eventual indulto a Bolsonaro padre, a pesar de que fue probado el intento de golpe de Estado. Máculas que estos liderazgos abrasivos generan en las instituciones democráticas.


