En medio del debate parlamentario por el proyecto de Presupuesto 2027, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se presentó este miércoles ante los diputados para defender la iniciativa oficialista y destacar su importancia para “reducir la inflación y sostener el equilibrio fiscal”. Asimismo, el funcionario reivindicó la denominada Ley de Modernización Laboral a pesar de los indicadores desfavorables de empleo.
Durante la jornada, el titular de Trabajo recibió varias críticas por parte de la oposición por la baja del empleo y el cierre de empresas, así como también recibió múltiples cuestionamientos por la caída del 0,23% del PBI en materia de seguridad social, registrada en el presupuesto a raíz de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, a partir del 1° de noviembre, obligará a las empresas a destinar entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial a cuentas individuales para financiar eventuales desvinculaciones.
Al comienzo de su exposición, Cordero respaldó la iniciativa del Ministerio de Economía tras la intervención de ayer del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
“Busca sostener y mantener este equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria. Al mismo tiempo, preservar y fomentar las diversas actividades, especialmente la generación de empleo y crecimiento salarial en el país”, destacó Cordero. Y les pidió a los empresarios que apliquen la nueva legislación. “Las herramientas están, solo hay que aplicarlas”, dijo el funcionario, que se desempeñó durante más de 30 años como abogado del Grupo Techint.
Durante la reunión se refirió a las diferencias que presenta el mercado laboral entre las distintas regiones del país y destacó el papel del sector privado en la generación de empleo. En ese sentido, sostuvo que las necesidades de contratación varían según las actividades económicas de cada provincia y resaltó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró “determinante” para atraer inversiones y generar puestos de trabajo.
El funcionario vinculó este proceso con la denominada Ley de Modernización Laboral y defendió las modificaciones introducidas en el régimen de responsabilidad solidaria y multas laborales, al considerar que brindan mayor seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas y favorecen su integración en las cadenas productivas. “La pyme es la prioridad de la gestión de gobierno y de la Secretaría de Trabajo”, aseguró.
Ante los reparos y consultas de la oposición en materia laboral, Cordero advirtió sobre las dificultades que enfrentan las empresas para sostener sus estructuras de costos, especialmente por la carga tributaria a nivel local. En particular, se refirió al impacto de Ingresos Brutos en los sobrecostos de las pymes.
La exposición del funcionario de Capital Humano se produjo en un contexto de deterioro del empleo privado registrado, que volvió a caer en julio y acumuló 14 meses consecutivos de retroceso.
Tal como publicó LA NACION, desde noviembre de 2023, la cantidad de asalariados formales se redujo en 265.765 personas, equivalente al 4,2%. Solo en julio se perdieron otros 12.716 puestos de trabajo, lo que marcó una leve aceleración de la caída.
Frente a este escenario, el Gobierno reconoció que las empresas optan por no reemplazar al personal que se desvincula y restringen las nuevas contrataciones.
En relación a ello, Cordero expresó su preocupación por los niveles de informalidad laboral y defendió el régimen del monotributo.
“Lo que quiero es que se sepa que les pueden comunicar a los trabajadores que al autónomo le conviene muchísimo más ser monotributista que estar fuera de la registración laboral”, remarcó el funcionario. “La inserción en este mundo del trabajo es lo que da libertad a cada una de las personas y por eso transitamos un camino de cambio”, agregó. La semana pasada se conoció un informe en base a datos oficiales del Indec que registran una suba de la informalidad laboral con picos de hasta el 87,9% en algunos distritos.
La presentación de Cordero tuvo lugar un día después de la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y críticas a las proyecciones de inflación del Gobierno. A ello se sumaron los pedidos de explicaciones por las ausencias del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.
