Las proyecciones de los especialistas en clima sobre la aparición del fenómeno El Niño en el último trimestre del año comenzaron a cumplirse en los últimos días con la crecida de las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná. El traslado de hacienda hacia campos con menos riesgo de anegamientos es la imagen más contundente de la cara negativa del evento climático. Para los productores afectados, especialmente los más chicos, representa un aumento del gasto en fletes, entre otros rubros. El Litoral es la zona más afectada, aunque también comenzaron a verse perjuicios en los campos bajos de la Cuenca del Salado, según reportó el informe de Monitoreo Semanal del Niño 2026/27 de la Secretaría de Agricultura.
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No puede decirse que la irrupción de El Niño haya sido sorpresiva. De hecho, hace meses se constituyó un Plan de Coordinación Federal con reuniones entre el gobierno provincial y los estados provinciales, en coordinación con el sistema Nacional de emergencias, para responder a las urgencias del fenómeno. Lo que no se puede corregir en poco tiempo son los años de falta de crecimiento económico y una vocación del Estado nacional de financiar con el impuesto inflacionario su déficit crónico. La consecuencia más concreta es la deficiencia de infraestructura que en el campo queda en evidencia con el mal estado de los caminos rurales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Uno de los aspectos positivos de insistir en la necesidad de corregir el déficit fiscal y exigirle al Estado que responda por los impuestos que le cobra al sector privado es el movimiento de productores rurales de distintos partidos bonaerenses (Colón y Necochea, entre otros) que reclaman transparencia en el rendimiento de las cuentas de lo recaudado por tasas viales que, se supone, debería tener la contraprestación en el mantenimiento y cuidado de la red vial terciaria.
En la línea de exigirle al Estado que baje la carga impositiva, se destacó en la semana un comunicado de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) que si bien valoró el camino de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) que inició el gobierno nacional solicitó que el Congreso “lo convierta en ley, para que la baja deje de depender de un decreto”. En otras palabras, que vayan a cero.
La entidad recordó que “el campo carga históricamente con esta discriminación”, ya que “además de los impuestos generales, se le descuentan en forma automática los derechos de exportación, que no se coparticipan y no vuelven a las provincias donde se genera la producción”. En concreto recordaron que hay proyectos de ley elaborados por los diputados Gisela Scaglia (Provincias Unidas-Santa Fe) y Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presentados en mayo y aún sin tratamiento.
Al explicar el motivo del reclamo, Tomás Layús, presidente de la SRR, destaca que “salimos de una cosecha muy buena, de 170 millones de toneladas, pero el resultado es apretado”. El ruralista recuerda que los DEX ya llevan 24 años de reimplantados. “De cada cuatro camiones de soja, uno se lo queda el Estado”, señala y reconoce que hasta hace no mucho tiempo de cada tres camiones uno se lo quedaba el fisco nacional. Para el ruralista, fue positivo lo que ha hecho el Gobierno por lograr el equilibrio fiscal y normalizar la economía. “Pero del otro lado estamos los productores que tenemos que pagar las cuentas”, afirma.
Otro punto que la SRR puso en debate es el del dólar. “Que el cereal se pague en la moneda en que cotiza, como ya ocurre con los insumos agropecuarios”, expresó el comunicado. Aquí el Gobierno no ha avanzado: los exportadores están obligados a liquidar las divisas en el Banco Central. Por el momento, aunque haya alquileres o créditos que se pacten en dólares, la moneda de pago de los granos sigue siendo el peso.
“Queremos estar en igualdad de condiciones que los productores de los países vecinos”, dice Layús. Es decir, sin retenciones y con libertad de elección de la moneda de pago.
Es una discusión que comienza a asomar. Por ahora el Gobierno está más ocupado en incentivar a sectores con un gran potencial de crecimiento como el petróleo, el gas y la minería a los que les diseñó un programa específico de estabilidad tributaria y cambiaria como el RIGI. El campo, por lo que expresan dirigentes rurales, no está pidiendo instrumentos extraordinarios sino una cancha pareja con los competidores del exterior. No es poca cosa para una actividad que ha sido discriminada durante décadas.
