La cercanía de Javier Milei con la Casa Blanca puso en marcha movimientos casi invisibles con implicancias sobre el futuro de la Argentina. Sucede que Washington se está convirtiendo, cada vez más, en el lugar en el que se jerarquiza qué sectores de la Argentina recibirán capital, cuáles serán moneda de cambio y quiénes tendrán la bendición de venderle al país más importante del planeta.
Milei estuvo esta semana en Washington. Volvió sin ver a Donald Trump, pero en su agenda apareció otro nombre: el influyente Harold Hamm, empresario, aliado político y aportante del presidente norteamericano.
Hamm no llegó a conversar con Milei como un interlocutor más del mundo republicano. En agosto pasado, su empresa, Continental Resources, compró el 50% de Phoenix Global Resources y anunció una inversión de más de US$4000 millones en Vaca Muerta. Phoenix está controlada por Mercuria y tenía entre sus accionistas minoritarios al exfuncionario menemista José Luis Manzano.
Los avatares empresariales de Manzano en Estados Unidos permiten ver cuánto cambió el tipo de relación que los dueños de los grandes negocios en la Argentina buscan construir en Washington a partir de la llegada de Milei al poder.
Desde abril de 2024, el exministro del Interior y sus compañías contrataron servicios de lobby por más de US$615.000 para llevar sus propuestas a organismos claves de la administración Trump.
Participante habitual de las reuniones del círculo rojo en Buenos Aires, en Manhattan o en París, Manzano busca venderle minerales críticos, como el cobre, con el aval del gobierno republicano. Su representante, Eric Bovim, llevó el tema al Consejo Económico Nacional, por caso. Algo similar hizo Minera Aguilar, con yacimientos en Jujuy, también del empresario mendocino.
Integra Capital USA, el fondo de Manzano, le pidió a John Barsa que facilitara reuniones con el Departamento de Estado y la Oficina del Presidente. Barsa fue funcionario de Trump en su primer gobierno. Ahora, trabaja para Continental Strategy, la consultora fundada por Carlos Trujillo, exembajador del jefe republicano en la OEA. El jefe de la oficina en Buenos Aires y en la región es Alex Campbell, exfuncionario de María Eugenia Vidal.
Los minerales críticos ya no son observados en Washington como un negocio más. Estados Unidos los considera esenciales para su industria militar, la transición energética y el desarrollo tecnológico, en una cadena mundial que se disputa con China. Por eso, una mina de cobre o litio en Salta, Jujuy o Catamarca tiene real interés geopolítico.
Sería un error pensar que solo quienes portan DNI nacionales van a tocar puertas en Washington para influir sobre cuestiones argentinas. Hay otros casos resonantes. BHP es la minera más grande del planeta. Su CEO, Mike Henry, lideró en persona una campaña para insertar proyectos locales de minerales críticos en la agenda estadounidense de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento. El gigante global definió a la Argentina como un distrito clave en las oficinas norteamericanas.
Los representantes de BHP pasaron por la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente, por el Consejo de Seguridad Nacional y por agencias norteamericanas capaces de financiar proyectos que ese país considere estratégicos.
La empresa es una de las que hizo la mayor apuesta en el gobierno de Javier Milei. En enero de 2025, puso US$2000 millones para quedarse con la mitad de Vicuña. Es el proyecto minero más grande de la Argentina y está destinado principalmente a la extracción de cobre, un mineral clave para la transición energética y el futuro de los autos eléctricos.
Washington no es solamente una puerta de acceso a capitales y compradores. También es el lugar al que llegan las presiones para cambiar las reglas en la Argentina, que alcanzaron al millonario negocio de los medicamentos. Allí está ambientada una disputa por las patentes que enfrenta a los laboratorios locales con los norteamericanos.
A fines de agosto vino a Buenos Aires Jeffrey Goettman, uno de los principales funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que integra la Oficina Ejecutiva del Presidente. Estuvo preguntando por los medicamentos. Detrás de su curiosidad, hay un trasfondo de intereses.
Por la USTR había pasado, antes, Matthew Schumaker, un veterano lobista de la industria farmacéutica norteamericana. Fue en representación de Vertex Pharmaceuticals, la biotecnológica dueña de Trikafta, para promover reformas de propiedad intelectual destinadas a corregir prácticas comerciales que la empresa norteamericana considera injustas. Su objetivo apuntaba contra dos países: Rusia y la Argentina. La gestión comenzó en 2025 y continuó durante este año.
PhRMA, la asociación que reúne a Pfizer, Merck, Eli Lilly, Johnson & Johnson y otros gigantes farmacéuticos, planteó reclamos similares en los mismos despachos para que la Argentina eliminara las restricciones para patentar medicamentos, protegiera los datos utilizados para aprobarlos y redujera la demora en la concesión de patentes. Hay distintos documentos que lo corroboran.
Es curioso que los laboratorios argentinos se defendieran en la misma oficina contra los norteamericanos. Cilfa, la cámara que reúne a los nacionales, hizo llegar su posición al organismo de la Casa Blanca a fines de enero.
Con una nota de 18 páginas fechada el 28 de enero pasado y firmada por Mariano Genovesi y Eduardo Franciosi, defendió las reglas argentinas, sostuvo que impedían la prolongación artificial de las patentes y pidió que el país saliera de la lista de vigilancia norteamericana.
Es decir, Cilfa llevó a Washington la defensa del negocio nacional, pero se impuso el Norte. Semanas después, la Casa Rosada avanzó en la eliminación de las pautas de 2012 (una resolución firmada por los ministros Débora Giorgi y Juan Manzur en el gobierno de Cristina Kirchner) que limitaban las patentes.
A cambio, a fines del último abril, Estados Unidos retiró a la Argentina de la lista de vigilancia prioritaria en la que había permanecido durante 30 años.
En medio de esa secuencia, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a los laboratorios internacionales. Anunciaron una inversión acumulada de US$8000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años.
Impsa es la empresa metalúrgica fundada por la familia Pescarmona, que ahora está bajo control de Arc Energy, una compañía norteamericana. Su caso muestra la gravitación de Washington sobre los negocios argentinos en otros países.
Tras la captura y destitución militar de Nicolás Maduro, llevada a cabo por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, Impsa requirió el permiso de ese país para negociar con Venezuela la finalización de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua. El tema pasó por la Oficina Ejecutiva del Presidente y el Departamento de Estado. Entre los lobistas elegidos estaba Thomas Feddo, otro exfuncionario de Trump en su primer gobierno.
Impsa usó dos licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a su vez dejan a Washington dentro del negocio: los contratos deben regirse por leyes estadounidenses, los pagos tienen que pasar por cuentas indicadas por el Tesoro y cada operación debe informarse a los departamentos de Estado y de Energía.
Hay otras conversaciones de las que no quedan casi registros. El caso más contundente ocurrió durante el salvataje de 2025. Mientras los funcionarios argentinos negociaban con Scott Bessent (Departamento del Tesoro) el swap por US$20.000 millones para frenar la corrida contra el peso, Washington no habló solamente de dinero. También sostuvo que quería a sus empresas dentro del negocio nuclear argentino y a China fuera de los sectores estratégicos. Eso le facilitó el trabajo a Hamid Ansari, un estadounidense-iraní que busca construir un reactor nuclear en el complejo en el que están Atucha I y II.
Ni Cristina Kirchner quedó al margen de la gravitación norteamericana. El mismo día que llevó ante la ONU el reclamo por su condena, contrató a una agencia internacional para difundir su caso en el mundo. La consultora terminó registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De una manera u otra, los caminos políticos y económicos del país pasan por Washington en algún momento del recorrido.
