SANTA FE.- La Justicia provincial sobreseyó a Gino C., el adolescente de 15 años que el 30 de marzo pasado disparó a mansalva con la escopeta de su abuelo dentro de la Escuela N° 40 de la localidad de San Cristóbal y provocó la muerte de Ian Cabrera, un compañero de 13 años, y heridas a otros seis alumnos.
La medida se funda en el hecho de que en el momento del letal tiroteo el piso de punibilidad era de 16 años; el nuevo régimen penal juvenil que estableció el límite en 14 años comenzó a regir el 5 de septiembre pasado. En consecuencia, se declaró la inimputabilidad.
En tanto, el chico sigue alojado en un centro de asistencia especial para menores de la ciudad de Santa Fe y se evalúa un eventual “egreso progresivo y controlado”, aunque ello dependerá de los informes específicos que brinden los especialistas que lo atienden.
La declaración de inimputabilidad cierra el caso contra el menor, pero no obtura la discusión en los estrados judiciales: la familia de Ian Cabrera anunció que demandará civilmente a los padres y al abuelo de Gino C., a la escuela y al Estado provincial.
El 30 de marzo pasado, a las 7.10, Gino C. ingresó a la Escuela Mariano Moreno —donde cursaba el tercer año de la secundaria—, armó la escopeta calibre 12/70 que había llevado en un estuche (y que previamente había tomado de un ropero de la casa de su abuelo), y a la salida del sector de sanitarios disparó contra el alumnado que llegaba para la primera hora de clases.
El primer disparo segó la vida de Ian Cabrera, de 13 años. Cuando intentaba recargar el arma —y en plena desbandada de adolescentes y docentes que corrían para evitar ser alcanzados por los disparos— un asistente escolar del establecimiento se le arrojó encima y lo redujo.
La investigación posterior reveló que Gino C. había planificado el ataque. Desde hacía tiempo navegaba en las oscuras aguas de la True Crime Community, una comunidad global de jóvenes adoradores de los tiroteos masivos y las masacres escolares e imbuidos en la cultura “incel”, por “célibes involuntarios”: jóvenes heterosexuales que odian a las mujeres y a los “varones que tienen relaciones sentimentales felices”.
El juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento del adolescente a partir de un planteo de la defensa, a cargo de Mariana Oroño y Federico Kiener, quienes solicitaron desvincularlo del proceso penal porque, debido a su edad al momento del hecho, no podía recibir una condena.
El magistrado hizo lugar al planteo y resolvió el sobreseimiento, aunque se aclaró que “la resolución no implica que se haya desconocido la participación del joven en el ataque, sino que no puede ser condenado penalmente por el hecho debido a su edad y al régimen legal aplicable cuando ocurrió”.
Sin embargo, aunque el proceso penal fue cerrado, la Justicia dispuso que continúen vigentes medidas de resguardo, seguimiento y control a cargo de los organismos administrativos de Niñez y del fuero de Familia.
En declaraciones a LA NACION, la abogada Oroño fue terminante al señalar que, más allá de la resolución judicial conocida en las últimas horas, “en los hechos todo sigue igual”.
Esto significa que Gino continúa bajo un sistema de libertad vigilada y ya estaría superando lo que se denomina “período de adaptación”, alojado con otros dos adolescentes y todos evaluados periódicamente por psiquiatras, además de contar con seguimiento psicológico permanente.
Las acciones de la querella
La declaración de inimputabilidad motivó la rápida reacción de la familia de Ian Cabrera, la víctima mortal del tiroteo ocurrido hace siete meses. Su representante legal, Luis Hilbert, anunció que iniciará demandas civiles contra los padres del victimario, Gino C., su abuelo, la escuela y el Estado provincial.
“El agresor entró [a la escuela] con una escopeta y empezó a disparar; es un hecho gravísimo y tenemos que tomarlo con muchísima responsabilidad. En esto, la escuela es responsable, porque si mandás a un chico a la escuela, te tienen que devolver al chico en perfectas condiciones. Algo ha fallado ahí”, señaló Hilbert a LA NACION.
Al precisar aspectos de la demanda a presentar, dijo que será “contra la madre de Gino, contra el padre y contra el abuelo, porque el abuelo fue el tenedor de la escopeta”. Al respecto, precisó: “Si yo tengo un arma, la tengo que tener a resguardo, no la puedo dejar a la vista para que venga un chico y la retire para luego usarla. Por eso creo que el abuelo también es responsable”, añadió.
En la misma línea, afirmó que las acciones también “irán contra la escuela, porque la escuela es pública y hay numerosos fallos de los que son responsables”. Amplió: “Si vos mandás a un hijo a la escuela, confiás en que en la escuela va a estar seguro el chico, que no va a salir, que no va a entrar alguien con una escopeta y que va a volver sano y salvo. Eso me lleva a accionar contra el Ministerio de Educación y, por supuesto, contra la provincia de Santa Fe”.
Hilbert apuntó que su decisión, en nombre de la víctima, fue admitida como válida por las autoridades del gobierno santafesino.
Efectos duraderos
El caso de San Cristóbal conmocionó a Santa Fe y al país, y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil, la prevención de la violencia y los mecanismos de protección dentro de las instituciones educativas.
En ese momento no estaba vigente el nuevo régimen penal juvenil que estableció la baja de imputabilidad a 14 años. Por eso, sobrevoló la sensación de impunidad y, en el cortísimo plazo, abrió paso a un efecto de imitación (llamado también “efecto copycat”), con la proliferación de amenazas de tiroteos en todo el país; la inmensa mayoría, falsas alarmas, “bromas de mal gusto” que, al menos en el caso de Santa Fe, llevaron a las autoridades a aplicar multas a los padres de los autores de las intimidaciones para pagar los costos de los operativos montados consecuentemente para verificar la veracidad de las amenazas.
El ataque en la escuela de San Cristóbal marcó un antes y un después en la comunidad educativa y generó preocupación por la seguridad en las escuelas.
El caso expuso así una problemática que excede el ámbito escolar e involucra la circulación de contenidos violentos en internet, la radicalización de adolescentes y las dificultades para detectar y prevenir conductas de riesgo.
