ASUNCIÓN.– El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el colapso de un banco vinculado a su entorno empresarial. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó su dimisión y aprobó por unanimidad el inicio de un juicio político en su contra, cuya resolución quedó en manos del Senado, convocado a sesionar a las 17.
En una decisión inédita, la Cámara Baja aprobó el libelo acusatorio después de un cuarto intermedio, pese a que el mandatario había enviado su renuncia a través del ministro Enrique Riera. Los legisladores resolvieron avanzar con el proceso de destitución con el respaldo de todas las bancadas presentes.
Al mismo tiempo, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, lo que despejó el camino para que asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña, cuyo mandato debía concluir en agosto de 2028.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
La renuncia presidencial debe ser aceptada por el Congreso, según establece el artículo 202 de la Constitución. En caso de vacancia definitiva, el artículo 234 dispone que el vicepresidente asuma el cargo hasta completar el período constitucional.
La diferencia entre una renuncia y una destitución se convirtió en uno de los principales puntos de disputa. Sectores opositores sostienen que, si Peña deja el cargo mediante su dimisión, podría acceder a las prerrogativas de senador vitalicio y obtener una protección frente a eventuales investigaciones judiciales. Por eso, denunciaron un posible pacto de impunidad y reclamaron que el juicio político avance hasta su destitución.
Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, la Fiscalía General del Estado inició una investigación penal contra Peña por posibles responsabilidades en el escándalo de Ueno Bank. La denuncia fue derivada por el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El mandatario anunció su decisión mediante un video difundido en X, después de que el Banco Central interviniera el martes Ueno Bank, una entidad financiera digital que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo colapso dejó a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Peña. “Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.
El presidente también ofreció disculpas, aunque evitó asumir responsabilidades por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, sostuvo.
Su salida se precipitó después de que Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y antiguo padrino político de Peña, anunciara su respaldo al juicio político. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó en un comunicado.
La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. pic.twitter.com/W7ubJ3xMuA
— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada colorada en la Cámara Alta, también había reclamado la renuncia del mandatario y advertido que, de no producirse, acompañaría su destitución. “Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”, señaló.
Horas antes de anunciar su salida, Peña todavía se mostraba dispuesto a resistir. El presidente de Diputados, Raúl Latorre, había asegurado que el mandatario estaba convencido de su inocencia y pretendía defenderse durante el proceso.
La crisis de Ueno Bank
El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su transformación en banco, a fines de 2023.
La decisión implicó la suspensión de sus operaciones, el cierre de sucursales y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que provocó una suerte de corralito financiero y una ola de protestas en Asunción.
La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones y la cobertura sanitaria.
El BCP justificó su intervención al detectar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. También identificó préstamos a empresas vinculadas con el mismo grupo económico que superaban los límites permitidos, lo que habría comprometido su estabilidad patrimonial.
🚨 #ALERTA | ¿Crisis bancaria en Paraguay?:
Masivas protestas de ahorristas en el microcentro de Asunción exigen el juicio político a Santiago Peña y la devolución inmediata de depósitos tras la quiebra e intervención de Ueno Bank.
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El caso adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos de Peña con Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025. Además, el mandatario había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, quien renunció esta semana en medio de la controversia.
La oposición acusó al presidente de haber antepuesto intereses privados al bienestar público. El libelo acusatorio, presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo, planteó posibles conflictos de intereses y cuestionó su actuación frente a las irregularidades financieras. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en las instancias correspondientes.
“Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del juicio político. Según sostuvo, Peña había perdido la credibilidad necesaria para gobernar y causado un grave daño a la confianza pública en el sistema financiero.
El gobierno intentó contener el impacto de la crisis. El mandatario canceló un viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, promovió cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley destinada a acelerar la devolución de los depósitos.
El BCP anunció que los ahorristas recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1700 dólares, y recordó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, equivalentes a unos 38.000 dólares. Los montos superiores deberán recuperarse durante el proceso de resolución.
En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos del banco fueron detenidos, entre ellos responsables del Grupo Vázquez.
La crisis también se trasladó a las calles. Durante dos noches consecutivas, cientos de manifestantes reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron responsabilidades políticas al grito de “Devuelvan nuestra plata” y “Juicio a Santi Peña”.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
El antecedente de Fernando Lugo
El proceso contra Peña reavivó el recuerdo de la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012, uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente de Paraguay.
El exobispo había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda, con la que puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.
Su caída se precipitó después de la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante un operativo de desalojo de tierras. La oposición impulsó entonces un juicio político por mal desempeño, cuya acusación fue aprobada por Diputados el 21 de junio con 76 votos de los 80 legisladores.
Al día siguiente, el Senado destituyó a Lugo por 39 votos contra cuatro, tras un procedimiento de menos de 48 horas que le concedió apenas dos horas para preparar su defensa. Lo reemplazó su vicepresidente, Federico Franco.
La rapidez del proceso generó fuertes cuestionamientos internacionales por las garantías del debido proceso. Varios gobiernos latinoamericanos calificaron la destitución como un golpe de Estado y el Mercosur suspendió temporalmente a Paraguay, en una decisión respaldada por los gobiernos de Cristina Kirchner en la Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y José Mujica en Uruguay.
Agencias AFP y AP
