La táctica de “inundar la zona”, pergeñada por “los ingenieros del caos” y que con tanta eficacia supo utilizar el mileísmo desde su ingreso en la política, se le está volviendo en contra al Gobierno.
La práctica de anegar la agenda pública de eventos impactantes sin solución de continuidad para mantener el control y la centralidad parece haber dejado de estar bajo su control en estos días. Para peor, la inundación se estaría produciendo de manera inorgánica y sobre la base de sus propios desaciertos, torpezas y acciones reñidas con la pretensión de superioridad moral con la que descalifica a sus oponentes.
EL CALAFATE.− El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, retoma el lunes su desarrollo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos. En las audiencias de esta semana, el debate pondrá el foco en el Proyecto Submarino, el área material que se ocupó a las reparaciones del submarino, con el objetivo de precisar cómo salió la nave de su reparación de media vida.
Por esta razón, está previsto que por lo menos una veintena de testigos declaren esta semana en Río Gallegos. Habrá expertos técnicos que darán detalles de cómo el navío finalizó el Programa de Submarinos −conocido también por la sigla PYSU−, cómo ejecutó las tareas de mantenimiento y de qué manera partió hacia el que sería su último derrotero.
El Gobierno avanzará en los próximos días con una nueva reducción de empleos públicos. La cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo oscila entre 5000 y 6000 puestos, según indicaron a LA NACION importantes fuentes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a lo largo del año el objetivo es mucho mayor: un 10% de la planta total de la administración nacional, empresas y sociedades estatales: son más de 27.000 empleos públicos.
“El recorte es en varias áreas”, afirmaron en Balcarce 50 y señalaron que las primeras desvinculaciones comenzaron la semana pasada. Reducir el Estado a su expresión mínima es uno de los axiomas del gobierno de Javier Milei, pero el ajuste en la planta del personal se volvió una necesidad imperiosa con la caída de la recaudación de los últimos meses por el freno en la actividad económica.
Nicolás Massot es una de las voces más filosas de la oposición. Es tal vez por ello que no le cae en gracia al oficialismo, ya que si bien reivindica algunas de las medidas económicas que adoptó el Gobierno en materia fiscal, le reprocha su indiferencia a los problemas de la economía real y es implacable cuando reprueba el doble estándar moral de algunos de sus funcionarios y, en particular, del presidente Javier Milei.
“Hay un montón elementos que nos indican que no estamos frente a un gobierno con una moral alta. Al contrario: estamos en un gobierno lleno de amorales que creen que el voto a sus ideas avala cualquier cosa”, lanza, en diálogo con LA NACION, el diputado de Encuentro Federal en referencia a las últimas revelaciones en el caso $LIBRA y el escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuestos gastos injustificados.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se cruzó en las redes sociales con el Gobierno por la entrega de vacunas antigripales. El funcionario del gabinete de Axel Kicillof había denunciado que este año la Provincia recibió la mitad de las dosis respecto de 2025. “Los datos muestran exactamente lo contrario”, respondió la cuenta oficial de la administración de Javier Milei. La discusión continuó este domingo, cuando el médico tildó a la Oficina de Respuesta Oficial de “trolls financiados con la nuestra”.
El viernes por la tarde, Kreplak publicó en X: “Para quienes están queriendo vacunarse contra la gripe y aún no pudieron, en los próximos días esperamos tener más dosis distribuidas. En relación con el año pasado, recibimos la mitad de las vacunas antigripales por parte del Gobierno nacional, que por ley es el responsable de la compra y distribución. Esto genera una falta y una potencial dificultad para alcanzar las metas objetivo”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene activas siete demandas contra el gobierno nacional por deudas que le exige en distintas materias, que totalizan un monto de $15,6 billones, según calcula la administración provincial. En uno de esos reclamos, la semana pasada se registró un avance con la realización de una audiencia convocada por la Corte Suprema en la que las partes estuvieron cara a cara por primera vez, luego de dardos mediáticos, pedidos de reuniones y chicanas. El tema convocante fue la búsqueda del gobierno de Axel Kicillof por cobrar el dinero de aportes que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe girar a la caja bonaerense de jubilaciones (una de las 13 que no fueron transferidas a Nación). Según el gobierno provincial, la suma adeudada asciende a más de $2,2 billones.
El martes a las 11, minutos después de que la expresidenta Cristina Kirchner declarara en los tribunales de Comodoro Py en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, representantes del gobierno de Kicillof y del presidente Javier Milei asistieron a la audiencia que convocó la Corte.
El presidente provisional de Senado, Bartolomé Abdala, descartó cualquier posibilidad de que la oposición avance con un juicio político contra Javier Milei por su actuación en el caso $LIBRA y dijo que si realmente están pensando en impulsar ese mecanismo contra el primer mandatario, entonces estarán “tirando piedras a la luna”.
“Los que piensan en una interpelación o un juicio político al Presidente están tirando piedras a la luna”, remarcó Abdala en declaraciones al programa radial A confesión de parte, que conduce la periodista Romina Manguel.
