En un periodo de tres años, la sociedad comercial que manejaba el local D’Lirio, habilitado como bar y boliche frente al cementerio de Recoleta, pero que funcionaba como un prostíbulo encubierto, movió por sus cuentas bancarias sumas superiores a los 1500 millones de pesos. Ese número solo refleja una parte del millonario negocio detrás del local que llegó a explotar sexualmente a 50 mujeres. Tuvo una facturación “fuera de los radares” de la agencia tributaria, tanto en pesos como en dólares, producto de los clientes que pagaban el “servicio” en efectivo, muchos de ellos, turistas extranjeros.
Así lo explicó el juez federal Sebastián Casanello en la resolución donde procesó sin prisión preventiva a nueve hombres por el delito de trata de personas..
“La dimensión del negocio se refleja en el manejo de fondos de la sociedad Gran Recoleta SA, cuyas cuentas bancarias registraron movimientos superiores a los 1500 millones de pesos entre 2021 y 2024. No obstante, una parte sustancial de la actividad económica se mantenía fuera de los registros oficiales, pues existía un flujo constante de dinero en efectivo (tanto en pesos como en dólares) proveniente de clientes extranjeros y de los pagos por encuentros sexuales que no ingresaba al sistema bancario ni se declaraba, garantizando así la opacidad del circuito económico”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Como informó LA NACION, la investigación que derivó en los procesamientos comenzó el 6 de abril de 2022 con una denuncia anónima recibida en la línea gratuita 145, que depende de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
En esa ocasión, la persona denunciante dijo que frente al cementerio de Recoleta, bajo la fachada de un boliche, funcionaba un prostíbulo encubierto donde se cobraba entre 30.000 y 50.000 pesos para sentarse a una mesa acompañado de una mujer. Agregó que en el lugar se concertaban encuentros sexuales que se concretaban en un hotel cercano y que las chicas, entre las que había menores de edad, no podían salir antes de las 6.30.
Casi cuatro años después, el juez Casanello explicó: “bajo la máscara de un bar en pleno centro porteño funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio para la explotación sexual de mujeres de manera clandestina. La investigación de campo y las comunicaciones entre las personas imputadas dieron cuenta de la captación y del desarrollo progresivo de la explotación bajo un estricto dispositivo de control (estaba regulado el acercamiento a los clientes, el tipo de acuerdo que debían realizar, la actividad sexual y el producido económico en favor de los dueños del negocio”.
La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°12, conducida por la fiscal Alejandra Mángano, quien junto con su colega Marcelo Colombo también es cotitular de la Protex.
En su fallo, el magistrado hizo referencia al modelo negocio del prostíbulo que “dependía directamente de la vulnerabilidad y del estado de necesidad de las mujeres involucradas”, a las que ”se les abonaba una suma fija por noche de entre 7000 y 20.000 pesos, monto que muchas veces resultaba insuficiente incluso para cubrir sus gastos de traslado. Esta premisa las obligaba a depender de las propinas –acompañadas de los tocamientos– o de la realización de encuentros sexuales para mejorar sus pobres ingresos, profundizando el esquema de explotación”.
Según consta en el expediente judicial, los sospechosos procesados por Casanello se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las sometieron a un estricto sistema de control. Los hechos habrían ocurrido al menos entre abril de 2022 y el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024.
Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mismo delito. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los nueve imputados hasta cubrir la suma de $7800 millones.
Testimonios reveladores
En el fallo se hizo referencia a 50 víctimas, dos de ellas adolescentes. Muchas brindaron su testimonio en Cámara Gesell, donde contaron que el servicio de “presencias” consistía en permanecer en el boliche para acompañar a los clientes en sus mesas, charlar, tomar tragos y bailar con el fin de asegurar que pasaran un “buen momento”.
El objetivo principal, dijeron, era incentivar el consumo de bebidas alcohólicas: “A más charla, más alcohol consumen”, explicó una de las víctimas. A pesar de esta exigencia de rotar por las mesas para aumentar las ventas, las mujeres no percibían ningún porcentaje por las copas vendidas.
Una de las víctimas, según el expediente judiciales, explicó: “La idea de las presencias era que fuésemos varias, que recorriéramos las mesas. Teníamos que estar bien vestidas para que la gente quisiera venir. Cumplíamos un horario, te cambiabas ahí y cuando terminaba todo te pagaban”.
Una de las adolescentes, en su declaración en Cámara Gesell dijo: “Te pagaban por ser linda e ir al boliche”.
Sobre lo que les abonaban por “trabajar” en D’Lirio, una de las víctimas afirmó: “Con lo del traslado y lo que cobraba mucha ganancia no tenía”. Le preguntaron si había sanciones. La respuesta fue contundente: “¡Qué descuentos nos iban a hacer si nos pagaban re poco!”.
Casanello sostuvo que las mujeres “debían llegar a las 22 y permanecer hasta las 6 del día siguiente” y que “ante cualquier impuntualidad o retiro anticipado del lugar, no percibían la remuneración”. Agregó: “El personal de seguridad o la persona en caja registraba el fichaje y realizaba el pago en efectivo al final de la jornada”.
Para el magistrado “no siempre son necesarios grilletes o celdas para restringir la libertad de una persona. Ello puede lograrse aprovechando situaciones de vulnerabilidad y montando mecanismos sutiles de control que permiten un proceso gradual de cosificación. La fachada en estos casos es clave, pues permite simular actividades estereotipadas lícitas que ayudan a concretar el engaño y a doblegar la voluntad de las víctimas. El modelo de negocio ilícito, según ha demostrado la fiscalía, es el que existía alrededor del icónico establecimiento de nombre Madaho’s. La puesta en escena y la relación asimétrica es lo que explica un falso sentimiento de protección en algunas víctimas hacia sus captores (’eran buenos’ o ‘las cuidaban’). La falta de registro legal, el uso de dinero en efectivo y el control mediante planillas informales (excel o cuadernos) confirman la naturaleza clandestina de la explotación: la otra cara de la moneda”.
Cuando Casanello citó el “establecimiento de nombre Madaho’s” hacía referencia a un histórico prostíbulo que funcionó en Mar del Plata y que también tuvo una “sede” en el barrio porteño de Recoleta.
“En conclusión, esta engañosa oportunidad laboral permitió a los imputados aprovecharse de las mujeres por medio de la cosificación y mercantilización de sus cuerpos a través de una dinámica de empresa. Las víctimas, luego de ser invitadas a entrar en el circuito, fueron condicionadas e intimidadas por controles estrictos que generaban miedo a represalias, disfrazando el sometimiento bajo una falsa sensación de cuidado (o de que podría ser peor). Su vulnerabilidad fue aprovechada sistemáticamente por los imputados para explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos para la organización”, afirmó el juez en la citada resolución.
La semana pasada, la Procuración General de la Nación informó en su sitio web institucional, www.fiscales.gob.ar: “El local funcionaba bajo la cobertura formal de la sociedad Gran Recoleta S. A., integrada por dos de los actuales imputados y un tercero –fallecido en 2024–, quienes se ubicaban en la cúspide de la organización y utilizaban la firma como pantalla para obtener habilitaciones comerciales y encubrir la actividad ilícita. A su vez, uno de esos acusados también se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres y asignarles clientes, otro imputado cumplía funciones de administración general e incorporación de nuevas trabajadoras, un tercero realizaba tareas de reclutamiento a través de redes sociales y otro gestionaba las reservas y registraba las ganancias derivadas del consumo de ‘copas’. Asimismo, otros cuatro imputados intervenían como partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas con la administración del local, el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria”.
Los clientes del “bar-boliche” solo eran hombres que podían ingresar con reserva o “comprando” mesas (modalidad de adquirir un espacio exclusivo, generalmente con ubicación preferencial), precios que variaban entre 200.000 y 500.000 pesos.
De la investigación participaron “agentes reveladores” que lograron comprobar distintas cuestiones que permitieron avanzar en la hipótesis que surgió a partir de la denuncia anónima.
“Las averiguaciones de los agentes reveladores determinaron que los aranceles, acordados directamente entre las mujeres y los clientes, oscilaban entre 150 y 500 dólares. El pase se concretaba en hoteles–alojamiento cercanos y el cliente debía, además, abonar un número indeterminado de copas antes de retirarse”, según surge del expediente.
