A horas del juicio contra Agostina Páez en Brasil, su abogada, Carla Junqueira, brindó definiciones clave sobre el estado de la influencer y el rumbo del proceso judicial en el país vecino. En diálogo con LN+, la letrada advirtió que el sistema judicial brasileño mantiene una postura firme frente a este tipo de delito: “Hay crímenes graves que quedan impunes, pero el racismo no queda impune en Brasil”.
Según explicó, la causa se desarrolla en un contexto de fuerte sensibilidad social y normativa. La legislación actual, actualizada en 2023, busca que estos delitos tengan un carácter ejemplificador, lo que influye en la respuesta judicial.
Presión social
Junqueira señaló que la repercusión del caso incidió en su tratamiento. Afirmó que no se trata de una reacción contra la nacionalidad de Páez, sino de una respuesta institucional frente a la viralización del episodio.
“La reacción del Poder Judicial a los delitos de racismo debe ser ejemplar”, sostuvo, al tiempo que remarcó que este tipo de procesos suele sentar precedente en Brasil.
En ese sentido, consideró que las penas que se mencionaron públicamente —de hasta 15 años— resultan “desproporcionales” y poco probables, ya que en la práctica las condenas suelen ser menores y, en muchos casos, con cumplimiento parcial en prisión domiciliaria.
El estado de la influencer
La abogada describió un cuadro de alta vulnerabilidad emocional en la joven. Detalló que se encuentra bajo tratamiento con ansiolíticos, con miedo y ansiedad, y que atraviesa la situación con fuerte impacto psicológico.
“Está muy nerviosa, tiene mucho miedo”, explicó, y agregó que la principal preocupación de Páez es la posibilidad de ser trasladada a una cárcel en Río de Janeiro, algo que calificó como “el peor escenario”.
Además, indicó que la influencer recibe amenazas constantes a través de redes sociales, incluso de cuentas que se identifican como parte de organizaciones criminales.
La estrategia de la defensa
Junqueira adelantó que recomendó a su defendida declarar, pero sin responder preguntas de la fiscalía ni de la querella, al considerar que podrían ser “capciosas”.
También cuestionó la calificación del hecho y sostuvo que se trató de una reacción inmediata en un contexto de conflicto. Según la defensa, la fiscalía habría invertido el orden de los hechos al interpretar que los gestos de Páez fueron previos a los insultos, cuando —según su versión— habrían sido consecuencia de una situación previa dentro del bar .
“El objetivo es probar lo que pasó”, resumió.
El pedido para que regrese a la Argentina
La defensa insiste en que no existen fundamentos para mantener las medidas cautelares que impiden a Páez regresar al país. Argumentó que la joven siempre se presentó ante la Justicia, tiene domicilio fijo y no representa riesgo de fuga.
En esa línea, remarcó que la restricción actual implica, en la práctica, una fuerte limitación de su libertad: no puede salir de Brasil y vive con temor, pese a contar con tobillera electrónica.
Asimismo, indicó que la Cancillería argentina intervino para facilitar que el proceso —o una eventual condena— pueda cumplirse en la Argentina, en base a acuerdos bilaterales vigentes.
