El procesamiento a los jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias revela los movimientos en al menos cuatro entidades financieras. Se trata de decenas de transferencias millonarias vinculadas a operaciones de dólar MEP, pagos a clubes de Primera División y del Ascenso, e ingresos del exterior. El detalle de esas operaciones confirmaría, según la Justicia, que la AFA tenía liquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales entre 2024 y 2025.
El mayor flujo se registró en nueve cuentas abiertas en el Banco Credicoop. Los investigadores se concentraron en las cuentas identificadas como N° 218-000001/6 y N° 218-004435/7, donde, según el testimonio de la contadora Mónica Viviana Bouvet, se liquidaban las obligaciones tributarias.
“Del examen de las cuentas surge la existencia de numerosas transferencias registradas durante los períodos investigados entre cuentas de titularidad de la entidad rectora del fútbol argentino, todas ellas por montos de considerable magnitud que, en muchos casos, superan individualmente el importe adeudado correspondiente al período en el cual se realizaban tales operaciones”, dice el fallo del juez Diego Amarante.
La Justicia también analizó los movimientos de una cuenta de la AFA en el Banco de Servicios y Transacciones (BST). Solo 30 de abril de 2024, esa esa cuenta se registró un crédito de más de $1443 millones vinculada a la comercialización de instrumentos financieros aparentemente radicados en el exterior. Con ese movimiento se cubrió un saldo negativo superior a $500.000.000. Dos días después, el 2 de mayo, en esa misma cuenta se registró un nuevo crédito, por el mismo concepto, $975.263.206. Ese dinero terminó en una de las cuentas del Credicoop bajo el concepto “Transferencia recibida MEP”.
“Esta operatoria de fondeo de cuentas a través de activos provenientes de títulos del exterior y/o de activos operados desde la referida cuenta del Banco de Servicios y Transacciones se verifica, al menos, en trece (13) oportunidades entre el 1° y el 31 de mayo de 2024″, dice la resolución. Solo en ese mes se movilizaron $12.374.000.000 entre cuentas de la entidad. La fecha coincide con el vencimiento del plazo que prevé la ley (30 días) para el pago de las deudas previsionales.
Los investigadores también destacaron los movimientos en el mes de septiembre de 2024. Solo entre el 9 y el 11 de ese mes aparecen tres créditos en una cuenta del BST por las sumas de $902.635.938, $852.476.820,37 y $480.505.415,32. Todas por la comercialización de instrumentos financieros. En total, si se toma el cuenta el mes completo, hubo cinco transferencias desde el BST al Credicoop por un total de $2.893.315.658.
En ese mes operaron los vencimientos fijado por la ley para tres de los hechos imputados en la causa, que en total alcanzan un total de $422.693.270. Otra muestra de que la AFA tenía fondos suficientes.
Un panorama similar se registró en junio del año pasado. En una de las cuentas de la AFA en el BST, el 2 de junio se registraron ocho créditos consecutivos por $4.165.449.433, provenientes de la venta de dólares en el exterior. Si te toma en cuenta el mes completo, la suma ascendió a $5.880.162.114. Pero también hubo débitos millonarios lo que generó que un saldo negativo a fin de ese mes de $11.458.654.798. Para la Justicia, es una prueba que la AFA tenía una “significativa autorización para operar en descubierto”.
La operatoria se repite en otros períodos analizados. Un resumen de 2024 arroja cifras millonarias para los ingresos de la AFA.
– Marzo de 2024: $ 540.962.303,25
– Abril de 2024: $ 5.710.767.261,85
– Mayo de 2024: $ 12.088.508.640,28 e
– Junio de 2024: $ 4.369.564.296,17
– Julio de 2024: $ 1.062.279.336,62
_ Agosto de 2024: $ 14.670.752.076,17
– Septiembre de 2024 $ 3.506.943.669,39
– Octubre de 2024: $ 4.745.521.490,91
– Noviembre de 2024: 3.961.716.777,20
– Diciembre de 2024: $ 11.993.381.977,02
En el expediente que terminó con el procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA arrancó en diciembre de 2025 por una denuncia de la ARCA. Allí se mencionó que se había detectado la falta de pago, dentro de los plazos legales, de las declaraciones juradas presentadas por la AFA relativas a retenciones impositivas del “SIRE IVA” y “SICORE GANANCIAS” de los períodos agosto y septiembre de 2025, sumado a retenciones de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
Luego ARCA presentó una ampliación de la denuncia, donde dijo que la AFA había omitido cumplir con el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La Justicia también analizó los movimientos bancarios vinculados a convenios comerciales. Esos datos revelan que entre marzo de 2024 y noviembre de 2025, solo en la cuenta del Credicoop se registraron transferencias de la firma The Walt Disney Company Argentina S.A. por un total de $ 25.831.936.963. Con ese dinero, la AFA le pagaba a los clubes. En esa misma cuenta depositaban otras firmas como YPF y Adidas Argentina. En cambio, los pagos en dólares, se derivaban a las cuentas de la empresa TourProdEnter, que administra Javier Faroni y su mujer Erica Gilette.
La cuenta recaudadora en el Credicoop alimentaba a los clubes.
El 5 de mayo de 2025, la AFA transfirió de $1.000.000.000 a 23 equipos de Primera División. Al día siguiente, sumó otros $21.875.000 a 26 equipos que por entonces competían en la Primera B Nacional, $ 6.640.625 a otros 17 clubes; y la suma de $3.515.625 entre un listado de 57 clubes. “Ello, desde luego, no implica afirmar que los fondos aquí referidos debieran necesariamente destinarse a dicho fin, sino únicamente poner de manifiesto el volumen de recursos y el flujo financiero con los que contaba la Asociación del Fútbol Argentino, circunstancia que evidencia su holgada capacidad para hacer frente a las obligaciones que mantenía frente al fisco”, dice el extenso fallo del juez Amarante.
En una presentación reciente ante el Banco Central, que luego aterrizó en la Justicia, el empresario Guillermo Tofoni denunció que la falta de liquidación de divisas en el mercado oficial no solo vulnera la Ley Penal Cambiaria sino que también afecta la balanza de pagos y las reservas del país.
Una investigación anterior del BCRA, que ya superó la etapa de sumario y fue remitida a la Justicia, sostiene que la entidad montó durante el cepo una arquitectura financiera que le permitió canalizar cerca de US$100 millones hacia circuitos vinculados al dólar paralelo.
