La causa que investiga el desvío de anestésicos de uso hospitalario en la ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con la imputación de la anestesista Chantal “Tati” Leclercq, una figura que hasta ahora no estaba imputada pero que, según el avance del expediente, quedó bajo sospecha en el entramado que analiza la Justicia.
El caso se originó tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero, en un episodio que fue atribuido a una sobredosis de propofol y fentanilo. A partir de ese hecho, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo esas sustancias —de uso exclusivo en entornos médicos— habían salido del circuito hospitalario.
La muerte que destapó la trama
Zalazar trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había realizado su residencia en el Hospital Rivadavia. En su vivienda, los peritos encontraron insumos vinculados a la administración intravenosa de anestésicos.
Ese hallazgo activó una investigación más amplia que derivó en la identificación de medicamentos provenientes del Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución en la que el médico fallecido no prestaba servicios. A partir de allí, se inició un procedimiento interno y se puso el foco en profesionales vinculados al área de Anestesiología.
El entramado de vínculos
Entre los principales investigados figuran el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse, señalados como presuntos responsables de la sustracción y distribución de los fármacos.
Sin embargo, con el avance del expediente, surgió con fuerza el nombre de Chantal Leclercq, conocida como “Tati”, quien inicialmente había aportado un testimonio clave para los investigadores. Su declaración fue el primer elemento que permitió conectar directamente dos líneas de investigación: la muerte de Zalazar y el robo de anestésicos del Hospital Italiano.
Leclercq, residente de tercer año en el Hospital Rivadavia, fue señalada como el nexo entre distintos actores del circuito, lo que la posicionó en un lugar central dentro de la causa.
De testigo a imputada
En la reconstrucción del caso, su rol dejó de ser periférico. Aunque en un principio no figuraba formalmente imputada, el avance de las medidas judiciales y el análisis de las relaciones entre los involucrados derivaron en su incorporación a la lista de sospechosos.
Su vínculo con Lanusse —con quien compartió formación en la Universidad Austral— y su cercanía con otros profesionales bajo investigación la colocaron en el centro de la escena.
Para los investigadores, su figura resulta clave para entender cómo circulaban los anestésicos fuera del ámbito hospitalario y quiénes participaban de ese circuito.
Propofest
Uno de los ejes del expediente es la posible existencia de encuentros privados en los que se utilizaban estas sustancias. Según las líneas investigativas, se trataría de reuniones en domicilios donde se administraban estos anestésicos.
En ese marco, también surgió la hipótesis de los llamados “viajes controlados”, prácticas en las que terceros accedían a estos fármacos bajo determinadas condiciones.
El expediente
El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 con intervención de la Fiscalía N°49, aún no tiene una calificación definitiva, aunque podría encuadrarse como hurto o administración fraudulenta, con penas de hasta seis años de prisión.
En paralelo, la muerte de Zalazar continúa bajo investigación como averiguación de muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.
