Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.
Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.
El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.
Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.
De acusado en la “causa $LIBRA”, Mauricio Novelli quiso pasar a acusador en una investigación vinculada, pero le dijeron que no, en ambas instancias. La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini y rechazó el pedido del “abrepuertas” de la Casa Rosada, que pretendía ser querellante en la pesquisa por la presunta filtración del peritaje sobre el contenido de su teléfono celular.
Con las firmas de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara estimó que Novelli no cumple con los requisitos previstos por la ley para ser aceptado como querellante, ya que la pesquisa se circunscribe −por ahora− a delitos de acción pública impulsados por la fiscalía y “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”. Por lo tanto, no podrá impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar sobre el desarrollo de la investigación ni apelar decisiones del juez Ercolini.
El Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El recurso señala que con la sola presentación debe tener “efecto suspensivo” sobre la sentencia del juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.
Ahora el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, realizó esta presentación.
La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, a los que se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID.
El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía, en principio, para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8 y 10.000 millones de dólares.
