El gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante la parálisis del Poder Judicial provincial, tras la profunda crisis provocada por la resistencia a aceptar la ampliación del número de miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local por parte de magistrados ligados al kirchnerismo.
La crisis institucional en esa provincia ha alcanzado un nivel de gravedad que no registra antecedentes, lo que ha provocado el traslado del foco de conflicto desde los tribunales de Río Gallegos hacia los despachos de los miembros del más alto tribunal del país. Ante la imposibilidad de avanzar con la reforma, el gobernador provincial fue en queja a la Corte nacional para frenar lo que denomina “un accionar destituyente”.
Es sabido que, en Santa Cruz, la Justicia fue cooptada políticamente por el kirchnerismo y hoy actúa como si fuera un partido de oposición al Gobierno, desoyendo las decisiones de otro poder del Estado. En este caso, de la Legislatura provincial, que sancionó la ley ampliatoria.
El kirchnerismo en el TSJ se ha arrogado facultades que no le corresponden. No se trata de un tema abstracto. Decir que están en riesgo las instituciones democráticas en Santa Cruz no es exagerado. Tampoco lo es afirmar que peligran los derechos de los ciudadanos, presas de un poder del Estado que, como hace ya muchísimos años, ha decidido recorrer el camino de la obsecuencia político-partidaria.
En esa misma línea de reclamar ante la Corte se pronunció el vicegobernador provincial, Fabián Leguizamón, aliado político de Vidal, con quien mantiene cierta rispidez. No obstante, ambos actúan como bloque en materia judicial. En su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, Leguizamón pidió que, de una vez por todas, puedan acceder a sus cargos lo miembros del TSJ designados legalmente.
El núcleo del enfrentamiento reside en la ley provincial sancionada en agosto de 2025, que dispuso la ampliación de la integración del máximo tribunal provincial, de cinco a nueve miembros. La respuesta de los magistrados alineados con el kirchnerismo fue tan inmediata como improcedente: mediante un fallo emitido el 17 de diciembre, cuatro vocales y una subrogante declararon inconstitucional la norma, buscando revertir la estructura y recuperar el control absoluto del cuerpo. Esta decisión, que fue tomada sin la participación de otros miembros que ya habían jurado como jueces, ha fragmentado la cabeza del Poder Judicial santacruceño en dos sectores claramente diferenciados y en pugna constante.
Por un lado, el liderado por la vocal Reneé Fernández, exsecretaria legal y técnica de Néstor Kirchner, quien mantiene el control de la estructura administrativa y ha bloqueado la asunción plena de los nuevos magistrados. Por otro, el juez Daniel Mariani, quien, junto a los cuatro vocales designados bajo la nueva ley —Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega— intenta ejercer sus funciones en un entorno de hostilidad institucional. La situación llegó al punto de que a los nuevos magistrados se les negó la asignación de despachos y, durante meses, se les retuvieron sus salarios hasta que una resolución legislativa permitió el pago parcial de esos haberes.
Los agravantes se multiplican. La situación excede lo meramente administrativo. En su recurso de queja, Leguizamón denunció que el TSJ se ha arrogado facultades constituyentes. Fundamenta que el tribunal provincial excedió sus competencias al intentar anular una ley.
Por su parte, la Fiscalía de Estado, bajo la representación de Natalia Linardi, sostiene la existencia de un exceso ritual manifiesto por parte de los magistrados, quienes, al rechazar los recursos extraordinarios mediante formalismos, buscan impedir que la Corte Suprema analice el fondo de la cuestión.
En tanto, Vidal sostuvo que, la oposición a la reforma no solo bloquea la gestión ejecutiva, sino que también opera con la intención de proteger intereses políticos. Y cita como ejemplo la falta de avances en las denuncias contra la administración de la exgobernadora Alicia Kirchner. A su juicio, existe una estrategia coordinada para desfinanciar al Estado provincial, evidenciada en la reciente intimación judicial que ordena otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, elevando ingresos que podrían alcanzar los 25 millones de pesos mensuales en un contexto de emergencia económica provincial.
La dinámica interna del Palacio Judicial de Santa Cruz discurre en un escenario de destrato y abuso de poder. El registro de novedades de la guardia, al que tuvo acceso LA NACION, documenta una prohibición expresa de diciembre pasado, impartida por Renée Fernández, de impedir el ingreso de los nuevos vocales al establecimiento. Esta situación ha obligado a los magistrados desplazados a trabajar en condiciones precarias, amontonándose en el despacho del juez Mariani, mientras la presidencia del tribunal ha sido ocupada por Fernández. Este doble comando judicial ha dejado a la provincia en un estado de vulnerabilidad institucional en el que las leyes no son respetadas por quienes deben ser los custodios del orden constitucional.
Los recursos presentados buscan que la Corte Suprema nacional, como intérprete final de la Constitución, intervenga para restaurar la normalidad y reconozca como constitucional la ley que amplió el TSJ, permitiéndole funcionar con normalidad.
Los jueces que resisten la ampliación -los doctores Fernández, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta– poseen una larga trayectoria de vinculación con el kirchnerismo. Su estrategia de defensa, centrada en cuestionar la premura de la reforma legislativa y la falta de previsiones presupuestarias, es vista por el oficialismo provincial como un ropaje argumentativo para encubrir la defensa de un status quo que les permite mantener el control del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra así ante el desafío de resolver un conflicto que se ha convertido en un emblema de la tensión entre el poder político renovado y las estructuras judiciales enquistadas. Mientras tanto, la provincia permanece en un limbo, con altísimo riesgo de pérdida de gobernabilidad.
La expectativa en torno de un fallo rápido del máximo tribunal de la Nación es compartida por diversos sectores políticos y jurídicos que ven en esta crisis una amenaza al sistema de pesos y contrapesos, esencial en un Estado de Derecho.
