La reciente decisión de la Cámara Federal de La Plata de dictar la falta de mérito y ordenar la inmediata liberación de los principales acusados en el expediente judicial de la feria ilegal conocida como La Salada, en Lomas de Zamora, resulta -cuanto menos- provocativa.
Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias sostuvieron que no existen pruebas suficientes para procesar por asociación ilícita y lavado de dinero a Jorge Omar Castillo y su entorno. Sin embargo, el contraste entre esa conclusión y la evidencia de la enorme riqueza acumulada durante años por Castillo, sin que a juicio de los fiscales haya podido demostrar debidamente su origen, resulta abrumadora.
El fallo cuestiona la labor del juez Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona al señalar una supuesta confusión entre actividad comercial lícita y empresa criminal, así como la falta de precisión sobre los delitos concretos que se atribuyen. Según la Cámara, no se acreditó la “mínima cohesión” necesaria para configurar una asociación ilícita ni se demostró el origen ilegal de los fondos. Resulta inquietante que la abrumadora existencia de pruebas sobre la gran cantidad de bienes —inmuebles costosísimos, vehículos de alta gama y embarcaciones, entre otros de dudosa adquisición— no resulte suficiente para mantener encerrados a quienes han hecho del negocio ilegal una forma de vida.
Los fiscales Incardona, Diego Iglesias y Diego Velasco apelarán ante la Cámara de Casación con pruebas reunidas en decenas de procedimientos realizados, que dan cuenta del volumen y la comercialización de mercadería falsificada. Toneladas de prendas con marcas copiadas de grandes comercios nacionales y del exterior, un flujo de dinero en efectivo de magnitudes extraordinarias y adquisiciones de lujosos bienes en cantidades astronómicas. Todo ello como parte de un circuito informal sostenido por evasión y precariedad laboral. Comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales enfrentan, además, una tan injustificable como brutal competencia desleal, pues compiten contra precios que solo son posibles al margen de la ley.
Se documentaron recaudaciones contadas “por bultos”, ingresos multimillonarios sin correlato fiscal y estructuras diseñadas —según la acusación— para canalizar dinero negro hacia inversiones en el país y en el exterior.
La dimensión patrimonial del llamado “Rey de La Salada” es, en sí misma, un dato difícil de ignorar. A los 37 inmuebles y más de 130 vehículos identificados inicialmente se sumarían otros 163. Entre ellos, camionetas de alta gama, autos de lujo, cuatriciclos, embarcaciones, propiedades en barrios cerrados, viajes por decenas de miles de dólares y hasta infraestructura propia —como un proyecto de pista de aterrizaje— completan un cuadro que excede largamente cualquier parámetro razonable de una actividad meramente administrativa de alquiler de puestos.
No puede soslayarse el contexto político que permitió el crecimiento de este siniestro enclave. Durante años, La Salada gozó de la tolerancia, respaldo y absoluta aquiescencia del poder local y nacional. El exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde –investigado él mismo por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal en el resonado caso conocido como “Yategate”-, figura entre quienes promovieron y defendieron el funcionamiento de la feria, en línea con el kirchnerismo en el gobierno provincial y nacional, que encontró en estos circuitos informales una herramienta funcional, aun a costa de la legalidad.
Es claro que el Estado de Derecho exige pruebas concluyentes antes de avanzar sobre la libertad de los imputados. Nadie debe ser condenado sin evidencia suficiente ni debido proceso. Sin embargo, estructuras como la de La Salada, de tan monumental como fastuosa escala económica, antecedentes de violencia —con muertos y heridos en disputas por espacios de venta— y persistencia en la ilegalidad han sido largamente documentadas y no pueden obviarse.
La apelación que preparan los fiscales abre una nueva instancia en la que no solo se pondrá a prueba la solidez de la investigación, sino la capacidad del sistema judicial para enfrentar fenómenos complejos sin caer en formalismos que, en los hechos, consagran la impunidad.
Es llamativo que se haya sostenido que no había pruebas para determinar que el fabuloso flujo de fondos de Castillo no provenía de una actividad comercial ilícita, cuando no se encontró entre sus actividades ninguna que fuera lícita.
En efecto, en el orden provincial, donde todavía hay dos causas elevadas a juicio contra Castillo (una por resistirse a tiros en un allanamiento dejando gravemente herido a uno de los oficiales intervinientes, que perdió un ojo y, la principal, por dirigir una asociación ilícita dedicada a la ocupación y explotación espuria del espacio público y por las amenazas, extorsiones y otros delitos instrumentales para esa actividad) hubo alrededor de cincuenta condenas confirmadas en todas las instancias contra secuaces de Castillo -incluido su sobrino- y contra los integrantes de la banda que explotaba la otra feria de La Salada. Todos los dependientes de Castillo reconocieron los hechos y eligieron juicios abreviados, solo él -líder y beneficiario principal de la actividad de la banda- siguió el procedimiento normal extendido y se valió de chicanas y de la ostensible protección política para dilatar la decisión.
Defender y proteger al comerciante que paga impuestos, cumple normas laborales y compite lealmente no es una consigna ideológica, sino una condición básica para cualquier economía sana. Frente a la ostentación inexplicable de riqueza y a un historial plagado de graves irregularidades, la falta de mérito y liberación de estos personajes resulta inentendible como ofensiva.
