Al menos dos nombres vinculados al peronismo sobresalen entre las últimas tandas de pliegos enviadas al Senado por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques.
Fueron elegidos por el gobierno de Javier Milei para ocupar una fiscalía en el fuero Penal Económico y un Tribunal oral criminal y correccional en la Ciudad.
Se trata de Juan Manuel Mejuto, un secretario de Comodoro Py, y Ángeles Ramos, titular desde hace casi una década de una procuraduría especializada en delitos de lesa humanidad. Ambos guardan algún grado de relación con la exprocuradora general del kirchnerismo Alejandra Gils Carbo.
Con un paso previo por la Justicia de Quilmes, desde marzo de 2011 Mejuto se desempeña como secretario del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de Comodoro Py, un cuerpo que en 2021 quedó envuelto en la polémica cuando, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decidió cerrar el caso Hotesur-Los Sauces sin desarrollar el juicio oral y sobreseer a Cristina Kirchner.
Antes de recalar en el tribunal, Mejuto fue prosecretario administrativo en un Juzgado de Garantías de Quilmes, entre 2005 y 2007, y más tarde secretario en la Defensoría General del municipio, entre 2007 y 2011.
En abril de 2013, el funcionario puso su firma en un comunicado que encabezó la entonces procuradora general Gils Carbó para respaldar la creación de “Justicia Legítima”, una corriente judicial que quedó directamente ligada al kirchnerismo.
Mejuto quedó agrupado así junto a otros funcionarios, fiscales, jueces y dirigentes ligados al peronismo, como Juan Manuel Olmos, quienes también rubricaron el texto donde se ratificaba “en todos sus términos” el primer comunicado de Justicia Legítima y se convocaba al primer encuentro nacional del grupo, en la Biblioteca Nacional, ese mismo año.
A principios de abril, en la primera tanda de pliegos enviados al Senado, Milei y Mahiques, propusieron a Mejuto como juez para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 (T.O.C.C 8) de la Capital.
Su nombre había desembarcado en la Cámara alta años atrás, en 2019, cuando fue propuesto por Mauricio Macri para el TOCC 20. Sin embargo, al comienzo de su mandato, Alberto Fernández retiró el pliego, pero solo para volver a elegirlo, en abril de 2023, para un tribunal. Es decir que el mismo presidente que lo obturó la postulación, después lo promovió.
Milei repitió luego el movimiento y sacó su nombre, negándole una oportunidad que ahora se le vuelve a abrir al funcionario, de la mano del propio Milei.
Ramos, en tanto, fue elegida por Milei para convertirse en fiscal ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico.
Nacida en Tandil hace 48 años, Ramos se recibió de abogada a los 25 en la Universidad del Museo Social Argentino e inició una carrera como penalista.
Fue fiscal en Azul y en marzo de 2017 se convirtió en la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), un área del Ministerio Público Fiscal especializada en causas por delitos de lesa humanidad, que asiste a fiscales de todo el país.
Fue elegida para el cargo por Gils Carbó, quien había creado la procuraduría años atrás, y con quien compartió algunas actividades públicas.
En marzo de 2023, Ramos participó como testigo en el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, en una audiencia dedicada al capítulo del fallo del 2×1 en causas de lesa humanidad. En 2017, en el caso “Muiña”, la Corte Suprema decidió por mayoría que ese beneficio en el cómputo de la pena podía aplicarse también a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Según consignó en Diputados, durante la audiencia, la fiscal se pronunció en contra de aplicar de manera automática el fallo de la Corte al sostener que “no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una ‘plancha’, como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás”.
