El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) advirtió formalmente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que el llamado a licitación para concesionar el gerenciamiento operativo del Canal de la Ciudad y las radios públicas porteñas podría resultar incompatible con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales.
La advertencia figura en una nota dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la que el organismo regulador señaló que del análisis del pliego administrativo surge una “colisión con el marco regulatorio vigente”, en particular con el principio de indelegabilidad establecido en el artículo 44 de la ley nacional.
Las observaciones surgen luego de que la Ciudad avanzara con la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño en marzo pasado. El proceso, identificado como licitación pública BAC N° 1002-0321LPU26, tiene por objeto la “concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”, por un plazo de cinco años, y depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
En la nota enviada por Enacom, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, advirtió que la ley vigente establece que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual debe ser realizada por su titular y que la delegación total o parcial de esa función constituye una falta grave, pasible de sanciones que pueden incluir la caducidad de la licencia. En ese marco, aclaró que, de persistir el proceso licitatorio en los términos planteados, el organismo “se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.
El punto de conflicto gira en torno al alcance del “gerenciamiento operativo” que la Ciudad busca concesionar. Según la Ley 26.522, serán consideradas delegación de la explotación, entre otras conductas, la cesión de espacios de programación, la celebración de contratos de exclusividad para la producción de contenidos o la realización de negocios jurídicos que permitan sustituir al titular en la operación del medio.
La Ciudad fundamentó el llamado en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña y su decreto reglamentario, un marco normativo local que regula licitaciones y concesiones administrativas. Sin embargo, el régimen audiovisual está alcanzado por una ley nacional de orden público, que establece que las licencias y autorizaciones de radio y televisión se encuentran bajo jurisdicción federal.
El tema generó críticas desde sectores de la oposición legislativa porteña, que sostienen que la iniciativa implica un camino indirecto hacia la privatización o tercerización de los medios públicos de la Ciudad. Desde ese espacio también señalaron que el organismo regulador ya dejó asentada la posible ilegalidad del proceso.
Hasta el momento, el gobierno porteño no respondió públicamente a la observación formulada por Enacom ni informó si prevé modificar o suspender la licitación. El cronograma oficial establecía que la apertura de ofertas estaba prevista para el 20 de abril pasado.
De avanzar el proceso en los términos actuales, el conflicto podría derivar en una disputa judicial entre el gobierno de la Ciudad y el organismo nacional, en un escenario que pondrá en discusión el alcance de la autonomía porteña frente al régimen federal de los servicios de comunicación audiovisual.
