ROSARIO.- El operativo de la Policía Federal que terminó con el secuestro de una avioneta Cessna 210 con 442 kilos de cocaína en una pista clandestina del norte santafesino no es solo otro golpe al narcotráfico, sino que es la radiografía de un negocio que está mutando a toda velocidad en Bolivia –uno de los tres países de productores de cocaína junto con Perú y Colombia-, donde la captura del uruguayo Sebastián Marset dejó un vacío de poder que al menos cinco organizaciones criminales internacionales se disputan a balazos, en medio de un clima político de extrema tensión, tras la llegada al poder en noviembre del año pasado de Rodrigo Paz Pereira, que reestableció las relaciones con la DEA en ese país.
En este operativo en el norte de Santa Fe, como destacó este viernes la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, fueron claves los datos que aportó la agencia antidrogas norteamericana, y el seguimiento sigiloso en las inmediaciones del campo Don Julio que hizo la Policía Federal Argentina (PFA).
Este viernes el fiscal de la Procunar Matías Scilabra imputó a los ocho detenidos en ese operativo antidrogas, y el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva para todos los acusados.
El lunes 5 de mayo, a las 9.33, la frase de uno de los operadores interceptados por la PFA —“Ya están, ya vinieron”— activó el final de una investigación que había comenzado varias semanas antes con un dato de la DEA: un número de teléfono argentino, con característica de Videla, en el centro de Santa Fe, al que llamaba desde Bolivia José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa. El piloto de rally y de avionetas era, según las fuentes judiciales, “el N°1” de la distribución aérea de cocaína de la organización de Marset. Se presume que había hecho personalmente entre siete y diez viajes a nuestro país.
Pero a Pepa no van a poder preguntarle nada. El 26 de abril, diez días antes de que el Cessna tocara tierra en el establecimiento Don Julio, en el norte de Santa Fe, un sicario colombiano bajó de una camioneta en el parque de asistencia del Rally Sprint Nueva Santa Cruz, en el municipio de Warnes, y le descargó seis balazos mientras esperaba la largada. Pepa tenía 29 años.
Su asesinato demoró el envío, pero no lo abortó. La red que Pepa había montado entre Bolivia y el norte de Santa Fe siguió funcionando sin él. Los fiscales de la Procunar Diego Iglesias y Matías Scilabra, con intervención del juez Carlos Vera Barros, monitoreaban las comunicaciones de los operadores santafesinos desde hacía semanas. Las escuchas revelaron las dificultades logísticas: las lluvias que anegaron los caminos del campo Don Julio, la decisión del dueño de alquilar el predio a un tercero —un tal “Loquito C” que metió ganado en la zona de la pista—, y la presión de “el patrón” para avanzar pese a los obstáculos. También revelaron algo más inquietante: según las intervenciones telefónicas, el flujo de droga podría ser de entre dos y tres envíos por mes desde Bolivia.
Los fiscales de la Procunar ya tenían a Pepa en el radar. Sospechaban que era el enlace entre el circuito narco boliviano y la banda rosarina de Brian Bilbao, detenido en noviembre de 2025 con 950 kilos de cocaína tras más de dos años prófugo. Bilbao había construido un aeródromo narco en un lujoso country en Oliveros, a menos de cinco kilómetros de la Termoeléctrica General San Martín, estratégicamente cerca del río Paraná. Los investigadores creen que los cargamentos que traían las avionetas eran “bombardeados” en la zona de las islas, y que la droga estaba destinada al contrabando internacional a través de buques de carga. La caída de Bilbao no desarticuló nada. La red continuó operando bajo la coordinación de Rojas Velasco, quien respondía directamente a Marset.
Marset fue capturado el 13 de marzo en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra y extraditado el mismo día a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para el lavado de dinero ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. El 1° de abril, ante el juez Rossie D. Alston Jr., renunció a su derecho a un juicio rápido. El fiscal Anthony Aminoff advirtió que es “probable” que se presenten nuevos cargos, posiblemente de tráfico de drogas, que podrían incluir penas mucho más severas. La fiscalía tiene documentado el movimiento de 11,5 millones de dólares bajo su dirección.
Marset negocia con sus abogados —entre ellos Gene Rossi, un exfiscal federal con 30 años de experiencia— la posibilidad de convertirse en colaborador de la Justicia norteamericana. La próxima audiencia está programada para el 20 de mayo.
En Bolivia, mientras tanto, su captura no desarticuló la red, sino que la hizo estallar. El presidente Rodrigo Paz lo reconoció públicamente el 4 de mayo, al afirmar que los homicidios a manos de sicarios registrados en las últimas semanas son producto de “la recomposición de esas mafias que el masismo (por el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales) permitió durante 20 años”. Por su parte, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, sostuvo que la captura de Marset “no fue el final, sino el inicio” de un conflicto entre estructuras criminales que buscan controlar las operaciones ilegales.
Santa Cruz se ha convertido en un campo de batalla. Al menos una docena de personas fueron asesinadas por sicarios en lo que va de 2026, incluyendo al magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia informó que Pepa Rojas Velasco ocupaba una posición de “tercera línea” dentro de la organización y se perfilaba para asumir el mando tras la captura de Marset. Esa ambición habría sido precisamente lo que lo mató.
El principal imputado como autor intelectual de su asesinato es Erland Ivar García López, alias El Colla, señalado durante años como mano derecha y testaferro de Marset en Bolivia. Cuando la fiscalía fue a verificar si cumplía detención domiciliaria, no lo encontró. Su paradero es desconocido. El fiscal general Roger Mariaca pidió la revocatoria de sus medidas, pero El Colla desapareció. La policía boliviana mantiene el intercambio de información con fuerzas de la región ante la posibilidad de que El Colla hubiese cruzado a Paraguay.
La historia entre El Colla y Marset es larga y complicada. En septiembre de 2024, un piloto paraguayo conocido como Teddy —cuya identidad real no ha sido revelada públicamente— mandó dos sicarios brasileños a ejecutarlo. El Colla sobrevivió, pese a recibir cinco balazos; su acompañante, Yermy Pastor Zampiery, murió por siete tiros. En octubre de 2025, la ruptura con Marset se hizo pública: El Colla difundió un video en el que denunciaba que el uruguayo había secuestrado a la madre de su hija. Marset respondió con otro video, en el que aparecía armado con fusiles AK-47, rodeado de hombres encapuchados con rifles AR-15 y granadas, llamándolo “sapo” y amenazando con hacer “guerra donde sea”. El gobierno boliviano autentificó el video de Marset al 89,9%.
Ahora, con Marset preso en Virginia y Pepa muerto, El Colla aparece como el presunto autor intelectual de un crimen que buscaba impedir el ascenso de un rival. La pregunta es si actúa por cuenta propia o como pieza de una estructura más grande.
Es que la sucesión de Marset no se dirime solo entre sus exlugartenientes bolivianos. Santa Cruz de la Sierra se convirtió en los últimos años en un “hub logístico” de la cocaína, como lo definió la criminóloga Gabriela Reyes, donde convergen organizaciones criminales de tres continentes.
En agosto de 2025, tres ciudadanos serbios y macedonios —Dejanço Lazarevski, Miljan Gjekić y Vanja Milošević— fueron hallados ejecutados y embalados en una vivienda del barrio Petrolero Norte de Santa Cruz. Según las investigaciones, eran los encargados de adquirir cocaína en Bolivia para enviarla a Brasil, desde donde el Clan de Kotor, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región balcánica, la exportaba hacia Europa.
Apenas dos semanas después, Luka Starčević, considerado el “embajador” de la mafia de los Balcanes en Sudamérica, fue detenido –como publicó LA NACION– en un paso fronterizo del Chaco paraguayo cuando intentaba cruzar a Bolivia con un DNI argentino apócrifo a nombre de Lisandro Emanuel Larre.
Starčević, nacido en Belgrado, está acusado de haber asesinado en 2015 a Goran Radoman, líder del llamado clan de Kotor, para quedarse con el control de la conexión sudamericana. Fingió su muerte en España, se instaló en Brasil, tejió alianzas con el Primer Comando Capital (PCC) y construyó la ruta Bolivia-Brasil-Europa. Tras ser liberado por un error judicial brasileño en 2023, se escondió en la Argentina, donde obtuvo la documentación falsa.
La Procunar verificó que el DNI era completamente apócrifo: no existe registro de Lisandro Emanuel Larre en ningún organismo argentino.
La sospecha es que Starcevic estuvo en la Argentina. Su sombra aparece, según los investigadores, detrás de un cargamento de 469 kilos de cocaína que fue secuestrado en el barco Ceci MV, en el río Paraná, mientras ese buque esperaba cargar granos en el puerto de Vicentín, en San Lorenzo. El cocinero del navío dijo que esa droga se había cargado en el puerto de Montevideo, pero que en San Lorenzo esperaban otra carga de cocaína.
Esto abrió una línea que hasta ahora desconocida en la región del Gran Rosario, con la presencia de células de la mafia serbia, que es muy poderosa en América del Sur por las alianzas que tejió con otras organizaciones, como PCC, el mayor grupo criminal de Brasil, cuya presencia en Santa Cruz ya no es de “emisarios”, sino de jefes instalados.
Sergio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, uno de los principales líderes del PCC, vive en Bolivia desde hace más de una década. Según una investigación de la Red Globo, habita en mansiones de la zona del Urubó —la misma área residencial donde El Colla aseguró que vivía Marset— bajo la identidad falsa de Sérgio Noronha Filho. La Policía Federal de Brasil lo señala como el coordinador de la logística internacional del tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa. El fiscal brasileño Lincoln Gakiya lo sitúa en la “Sintonía Final” del PCC, el comité que toma las decisiones más importantes de la organización.
En ese contexto, los 442 kilos secuestrados en la localidad santafesina de Vera revelan que la cocaína boliviana ya no tiene un solo dueño. El modelo Marset —un operador centralizado que controlaba la producción, la logística aérea y las conexiones con las terminales de distribución en la Argentina, Paraguay y Uruguay— se fragmentó en múltiples actores que compiten entre sí con niveles crecientes de violencia.
El Colla, prófugo y debilitado, disputa los restos de la estructura original. Teddy, el piloto paraguayo, sigue prófugo desde 2024 tras intentar asesinar a El Colla para quedarse con las rutas. La mafia balcánica intenta recuperar su posición tras la ejecución de sus tres operadores en agosto pasado. El PCC, instalado hace años, ofrece la infraestructura logística que todos necesitan para sacar la droga por los puertos brasileños.
La Argentina, y particularmente Santa Fe, aparece en esta trama como terminal de destino y puerto de salida. La pista de Oliveros, las bajadas en las islas del Paraná, los equipos Starlink con titulares en Calchaquí y Corrientes, los “hombres de campo” de Vera que acondicionaban la pista clandestina: todo indica que la ruta aérea Bolivia-Santa Fe no murió con Pepa Rojas Velasco. El Cessna interceptado el lunes era probablemente uno más en una serie que lleva años funcionando. La diferencia es que ahora, con Marset negociando en Virginia y la guerra abierta en Santa Cruz de la Sierra, nadie sabe quién manda.
