Al defender a Manuel Adorni, su jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei adopta una postura comprensible pues sostiene, aún a costa de las críticas, a un estrecho colaborador en quien ha depositado su confianza. Quien falla, por el contrario, es el propio Adorni, pues la iniciativa de correrse debe venir de su lado, de forma espontánea y no colocar al primer magistrado en la situación embarazosa de tener que decidir al respecto.
Es cierto que los hermanos Milei no tuvieron iguales gentilezas con otros funcionarios que fueron despedidos sin mayores remilgos. Así se fueron Guillermo Francos, Nicolás Posse, Diana Mondino, Guillermo Ferraro, Mario Russo, Gerardo Werthein, Osvaldo Giordano, Marco Lavagna y Pablo de la Torre, entre otros. Todos fueron leales y cruzaron la puerta de salida dolidos, pero sin causar escándalos. Tenían la convicción de haber sido parte de un programa transformador, resultado de una martingala del destino, que no debía ser dañado por cuitas personales.
El caso de Adorni es diferente, dado el elevado perfil que tomó como vocero presidencial, con un estilo altanero y soberbio que no condice con el rol servicial que corresponde a un funcionario público. Quizás debió leer más a Dale Carnegie que a Murray Rothbard. Las denuncias que acumuló sobre su presunto enriquecimiento ilícito, luego de aquel célebre vuelo a Nueva York con su esposa, fueron múltiples y alientan sospechas sobre el origen de los fondos utilizados. Su decisión de continuar en el cargo difiriendo el debate hasta que la Justicia dilucide si cometió delitos penales, es un error que perjudica a quien él debería proteger. Y de esa manera, al programa en curso.
Los actos de los altos funcionarios no solamente están sujetos a la tipología criminal, sino también a las normas de ética que corresponden a su gestión. Como en las profesiones, existen reglas de conducta mucho más exigentes que la casuística penal para cumplir con las responsabilidades que implica el imperium político. Quien tiene prerrogativas públicas, tiene también obligaciones éticas diferentes a las que rigen al hombre de la calle. No solo se debe ser honrado, sino también parecerlo, dice la frase atribuida a Julio César respecto a su mujer, Pompeya, a quien luego repudió sin certeza de su infidelidad. Esa expresión –luego acuñada por Cicerón en sus “Cartas a Atticus”– ha perdurado a través de los siglos, pues subraya que, en materia política, guste o no, parezca justo o injusto, la percepción pública es tan importante como la realidad cuando se trata de dignatarios y sus allegados.
En Inglaterra, en 2012, el exsecretario de Energía Chris Huhne debió renunciar luego de que endosó a su mujer haber conducido ella –y no él, como era la verdad– y cometer una infracción por exceso de velocidad para no perder su registro. Como anécdota, el fiscal que lo acusó era Keir Starmer, actual primer ministro. Sabiduría universal casi borrada de nuestros manuales por la indiferencia moral de los argentinos.
Habrá que esperar que la Justicia dictamine si cometió delito o no, pero su falta de explicaciones torna difícil seguir sosteniendo su posición en el Gobierno. Hasta sus propios compañeros del Gabinete exigen en voz baja que responda sobre las acusaciones que pesan sobre él. En la coyuntura, para nuestra frágil economía, lo importante es que no sea afectada por denuncias creíbles, aunque no fueran veraces. Así es la vida política a la que el jefe de Gabinete accedió y a cuyas reglas, frías e impersonales, está sometido. Y punto. O “fin”, como cerraba sus intervenciones ante la prensa.
La decisión del jefe de Gabinete de continuar en el cargo, difiriendo el debate hasta que la Justicia dilucide si cometió delitos penales, es un error que perjudica a quien él debería proteger
Venimos de una “década ganada” con los hechos de corrupción más estremecedores de la historia, realizados desde lo más alto del poder, con la connivencia de gran parte del “establishment” empresario y que, por su magnitud, sustrajo recursos que debían destinarse a cumplir con fines esenciales del Estado malversando su propio lema “por cada necesidad, un derecho”. Sin embargo, de nada vale contrastar la dimensión inconmensurable de aquellos, frente a la pequeñez de los hechos atribuidos al jefe del Gabinete, casi irrisorios y aun risibles con la vara de los De Vido, Jaime, Boudou o su jefa presa, Cristina Kirchner. Adorni está hoy en la cima del poder y aquellos no lo están. La opinión pública está siempre ávida de funcionarios en actividad, no de quienes lo fueron, como la máquina de Guillotin. La máxima de Julio César se aplicaba, sin miramientos, a quienes eran cónsules o pretores, ediles o cuestores, no a quienes ya no lucían sus togas y sus cetros. Y en aquella época no había periodismo.
Imaginamos la ansiedad del equipo económico al tomar el pulso social frente a la renuencia del vocero a apartarse del cargo. Con seguridad, no observan el tema con lupa de moralistas, pues han visto cosas peores, sino como responsables de un programa que depende de la confianza para afianzar sus bases. Luego de nueve defaults y dos hiperinflaciones, el menor soplido puede tumbar comercios y bancos, industrias y campos, empleos y otros tantos. El menor aliento puede ser más dañino aquí que el célebre elefante en bazares de otras latitudes.
En la coyuntura, lo importante para el 5º. piso del Palacio de Hacienda es determinar si esos hechos afectarán o no la demanda de dinero, que es la variable crucial para recomponer la moneda y expandir el crédito. Si antes de renovar un plazo fijo el ahorrista medio pensase que el tironeo podría terminar en devaluación y regresa a sus dólares, “les jeux son faits” como diría el croupier de Montecarlo y el daño, hecho.
Es un momento crucial, pues luego del apretón monetario aplicado para contrarrestar la dramática dolarización de carteras en octubre del año pasado, la reducción de la tasa de interés y la acumulación de reservas sin impacto alcista sobre la divisa, es una señal de recuperación económica, fundamental para cambiar el humor social.
La decisión de la calificadora Fitch Ratings de subir la calificación de la deuda soberana a largo plazo y su reflejo en el valor de los activos argentinos es una gran noticia acerca del avance por el buen camino. Que Moody’s, la otra calificadora, lo haya demorado por falta de certeza en la continuidad de las políticas el año próximo, es lugar común y el principal desafío del Gobierno.
La Argentina está viviendo un proceso de crecimiento extraordinario, basado en la inversión y las exportaciones pues, en un mundo que demanda alimentos, minerales y energía, tiene todo lo que al resto le falta. En la transición hacia una mayor competitividad –que ningún gobierno podría evitar– hay situaciones de desempleo en urbes industriales castigadas por un nefasto “vivir con lo nuestro” que jamás hubiese podido sustentar las demandas de bienestar de una población postergada por la cerrazón, el estatismo y las fortunas creadas con mercados cautivos.
Si la incipiente reactivación se consolida, como lo deseamos, la situación de Adorni quedará gradualmente encapsulada, aunque si se perpetúa en la función, será un “pato rengo” cuya credibilidad estará dañada sin remedio y seguirá afectando en alguna medida la del propio Gobierno.
