La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.
En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para este martes, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.
La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.
El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.
