BARCELONA.- Después de más de 600 días de batalla legal, Noelia Castillo Ramos logró poner fin a su vida de la forma que ella quería: con la asistencia de profesionales médicos, de acuerdo con la ley de eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados en 2021. Sin embargo, no está claro que haya conseguido plenamente su deseo de “morir en paz”, pues su padre y las asociaciones cristianas que lo apoyaban convocaron a una protesta en las puertas del hospital donde se llevó a cabo el procedimiento, a las afueras de esta ciudad.

Sea como fuere, su caso generó polémica y reabrió el debate en España sobre el derecho a la eutanasia, al que se oponen los sectores más conservadores de la sociedad.

Desde su aprobación, cada año aumentó el número de españoles que se acogieron al derecho al suicidio asistido, que la ley restringe a aquellos casos en los que exista una enfermedad grave e incurable y un padecimiento crónico insoportable, siempre y cuando sea una decisión “libre, consciente e informada”.

Según datos oficiales, en 2021 un total de 75 personas solicitaron la eutanasia, una cifra que aumentó a 288 en 2022, a 334 en 2023 y a 426 en 2024.

Casi el 50% de las peticiones de eutanasia del país proceden de Cataluña, pese a que este territorio alberga apenas una quinta parte de la población española. De hecho, en las calles de Barcelona el caso de Noelia no suscitó un gran debate. Más bien, la principal preocupación continúa siendo cuáles son los efectos de la guerra de Irán y el temor a una inflación desbocada.

Quizás para frenar la tendencia creciente de los casos de eutanasia en España, los sectores contrarios a la ley, en alianza con su padre, intentaron utilizar el caso de Noelia Castillo para reabrir el debate social respecto a la muerte asistida, pues sus circunstancias no encajan con el perfil habitual de las personas que solicitan este derecho.

Joven y sin una enfermedad terminal

Noelia fue una chica joven, de 25 años, y no padecía una enfermedad terminal. A pesar de que, ciertamente, sufría un dolor físico crónico ligado a su paraplejía, en su evaluación se tuvo en cuenta su malestar psicológico, algo inusual. Hasta cinco instancias judiciales diferentes, la última de ellas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avalaron la legalidad de su petición, aprobada inicialmente por una comisión de la Generalitat de Cataluña formada por médicos y juristas.

La joven estuvo en tratamiento psiquiátrico desde los 13 años y en varias ocasiones intentó suicidarse. Las lesiones derivadas de uno de estos intentos la dejaron en silla de ruedas. Nacida en el seno de una familia desestructurada y con un padre alcohólico, Noelia pasó varios años en un centro de menores. Poco después de salir, sufrió varios episodios de violencia sexual, al menos uno de tipo grupal.

En este contexto, se mostró escéptica sobre los motivos que llevaron a su padre a lanzar una auténtica cruzada para evitar su muerte. “No sé qué interés tiene en que siga viva… nunca me escuchó”, contó en una reciente entrevista televisiva, cuatro días antes de morir.

En la batalla legal alrededor de su caso, que se prolongó durante unos dos años, desempeñó un papel clave la asociación Abogados Cristianos, que forma parte de un ecosistema religioso con una fuerte ascendencia en Vox y en algunos sectores del Partido Popular (PP).

Horas antes de la muerte de Noelia, la portavoz del PP abordó el caso. “El Estado falló en su día a Noelia y ahora le va a volver a fallar”, declaró la dirigente, tras confesar “estar absolutamente destrozada” por el caso. En un tono muy parecido se expresó el popular Elías Bendodo: “Creo que es un fracaso del Estado, creo que es un fracaso de todos como sociedad”.

La posibilidad de derogar la norma que legalizó la eutanasia en caso de una eventual victoria de las derechas el año que viene, tal como auguran todas las encuestas, no cuenta con un consenso. De hecho, en las elecciones de 2023, el programa de Alberto Núñez Feijóo recogía reformar algunos aspectos de la ley para limitar su aplicación.

Más contundentes fueron las declaraciones de los líderes de Vox. Carlos Flores, portavoz de la formación en el Parlamento, se salió del orden del día para espetar: “Hoy, en España, se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron”.

Por su parte, la Conferencia Episcopal se manifestó a través de su cuenta en X para alegar: “Hoy, en España, la muerte se presenta como solución al sufrimiento”. Lamentó que se haya llegado a esta situación y afirmó que vivimos en “una sociedad del bienestar incapaz de cuidar y amar”.

Desde la vereda opuesta, la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente celebró el fin de la agonía de Noelia y calificó de “tortura” todo el tiempo que le hicieron esperar durante la batalla legal:

“Sabían desde el principio que perderían y, aun así, han hecho pasar a Noelia por este larguísimo periplo de casi dos años hasta llegar a la alta instancia europea. Es indignante”, denunció la presidenta de la sede catalana de esta asociación, Cristina Vallès, en diálogo con la agencia EFE. Desde la asociación consideran que el objetivo último era disuadir a otras personas de seguir los pasos de Noelia.

Todavía está por verse si este nuevo episodio de guerra cultural provocará cambios en la opinión pública española. De acuerdo con las diversas encuestas, más del 70% de la población se muestra de forma recurrente a favor de la ley de la eutanasia, mientras la rechaza alrededor del 15%.

La distancia es aún mayor en Cataluña, de donde proceden casi la mitad de las peticiones de eutanasia de los últimos años a pesar de representar una quinta parte de la población española.

De hecho, en las calles de Barcelona, el caso de Noelia no suscitó un gran debate, pues la principal preocupación continúa siendo los efectos de la guerra de Irán y el temor a una inflación desbocada. El debate sí causó un cierto furor en las redes, donde se creó el hashtag #noeliaquedate para intentar convencerla de que diera marcha atrás a su decisión de suicidarse. Como suele suceder en los temas más inflamables, el debate se llenó de datos tergiversados.

Uno de ellos, una señal más del creciente racismo en España, afirmaba que Noelia había sido violada en el centro de menores por “menas”, como se conoce a los menores no acompañados, la mayoría de origen marroquí. Sin embargo, las autoridades desmentieronb esta versión, pues las agresiones sexuales tuvieron lugar cuando ya no estaba bajo tutela estatal. Incluso el líder de Vox, Santiago Abascal, se había hecho eco de la fake news: “Estoy muy afectado por la noticia. El Estado le quita una hija a sus padres. Los menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarse”.