Un nuevo informe en el que se analizaron datos oficiales del gobierno mostró que en los últimos años varios condados de Pensilvania facturaron más de 21 millones de dólares por la detención de migrantes indocumentados en sus cárceles. La información resaltó cómo las autoridades locales cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales para arrestar a extranjeros. Ahora, los funcionarios se enfrentan a un debate ético con los ciudadanos que piden el cese de esta política.
Cómo los condados de Pensilvania generan ingresos con detenciones del ICE y contratos federales
En Pensilvania, varios condados generaron ingresos por más de US$21 millones al alquilar espacios en sus prisiones locales para recluir inmigrantes bajo custodia federal. Si bien estos acuerdos existieron durante décadas y se remontan al período previo de la administración de Donald Trump, ahora se someten a un escrutinio público debido a las políticas de deportación masiva y el impacto en las comunidades.
El medio local Spotlight PA publicó un informe recientemente en el que analizó los datos y encontró que entre 2024 y 2025 los condados de Pike, Clinton, Erie y Franklin cobraron colectivamente la suma mencionada. De las jurisdicciones, Pike fue la que más dinero recibió (US$16 millones).
Un quinto condado, Cambria, tiene un sistema similar, según consta en los registros federales y un funcionario del condado. No obstante, la administración denegó una solicitud para compartir datos.
Los acuerdos de detención identificados por los investigadores requieren el respaldo de los líderes electos del condado, las juntas de supervisión penitenciaria o ambos.
Los funcionarios del gobierno local que apoyan estas alianzas declararon que los ingresos obtenidos por esta vía financian servicios como la cárcel del condado o los gastos del fondo general.
“Siempre habrá resistencia de una forma u otra, pero hasta ahora no la habíamos experimentado. Esta es una relación que se remonta a muchos años atrás”, manifestó el comisionado del condado de Cambria, Scott Hunt. Luego agregó que los pagos representan una fuente crucial de ingresos que requeriría un análisis y una planificación exhaustivos para reemplazarlos.
Cómo funcionan los contratos entre condados de Pensilvania y el ICE: pagos, tarifas y condiciones
Los contratos funcionan de una manera distinta a los programas 287(g) u otras medidas de colaboración. En general, los condados los establecen directamente con el ICE o mediante el Servicio de Alguaciles, que tiene convenios que permiten el arresto de personas bajo custodia federal. También, estos acuerdos implican lo siguiente:
- Permiten que las cárceles del condado funcionen como centros de detención.
- Autorizan a un agente federal de inmigración o un funcionario local a arrestar a un extranjero y recluirlo en la cárcel del condado durante el transcurso de su proceso.
- No incluyen un límite de tiempo para la detención.
- Separan a los migrantes bajo custodia por violaciones civiles de las personas arrestadas por delitos penales. No obstante, en algunas áreas, como Pike y Clinton, los extranjeros se mezclan con la población general bajo los estándares federales.
En cuanto al dinero, los cuatro condados que proporcionaron datos presentaron facturas mensuales al gobierno federal para su reembolso. Según el informe, las tarifas más recientes oscilaban entre US$82 y US$120 por persona por día.
Además de esta suma diaria, las jurisdicciones pueden cobrar por servicios adicionales como:
- Atención médica y comidas especiales
- Transporte y llamadas telefónicas
- Audiencias judiciales por video
Debate en Pensilvania por los acuerdos con el ICE: críticas, impacto social y posibles cancelaciones
A diferencia de lo que sucedió en los últimos años, cuando el ojo público se centraba en otras temáticas en lugar de los arrestos migratorios, los funcionarios ahora se enfrentan a un debate en torno al negocio que supone la detención de extranjeros.
Un ejemplo del escrutinio público ocurrió hace pocos meses. Durante una reunión del Consejo del Condado de Erie celebrada en febrero, varias personas testificaron para expresar su postura a favor o en contra.
“Creemos que participar de cualquier forma en el endurecimiento de las medidas de control migratorio es inmoral”, manifestó Anne McCarthy, de las Hermanas Benedictinas de Erie, un monasterio que se opone a la colaboración de las autoridades locales con las agencias federales.
Los críticos del sistema sostienen también que la colaboración local fomenta un clima de “miedo y caos” que afecta negativamente a la comunidad. “Es más seguro para la comunidad que el condado no participe en el refuerzo de la vigilancia”, agregó McCarthy.
A su vez, a diferencia de los acusados en el sistema penal, los inmigrantes bajo estos acuerdos no tienen el derecho constitucional a un abogado de oficio. Esto puede llevarlos a pasar meses o años detenidos si deciden litigar sus casos.
Los funcionarios argumentan desde su lugar que si el condado termina el contrato, el ICE simplemente trasladará a los detenidos a otros lugares, lolo que implicaría perder esos ingresos sin afectar las deportaciones.
Otros defensores de la política sugieren que, si se eliminan estos espacios locales, los arrestados podrían ser enviados a centros a cientos de kilómetros de distancia, lo que dificultaría el contacto con sus familias.
De cara a los próximos meses, algunas alianzas están cerca de finalizar:
- El acuerdo actual en Franklin está programado para expirar en mayo de 2026.
- El contrato de Pike expiró formalmente a finales de febrero de 2026. El condado aceptó una extensión de 30 días para llevar a cabo negociaciones. Existe una propuesta para realizar un estudio que examine el impacto financiero antes de decidir si se termina definitivamente
- El consejo de Erie votó a finales de febrero de 2026 para modificar su acuerdo de décadas y excluir específicamente a los arrestados por el ICE. Para finales de marzo de 2026, ya no albergaba a ningún detenido de esta agencia.
