LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires apeló -a través de la representación legal de la Fiscalía de Estado- el embargo billonario impuesto por un juez federal para intimarla a realizar obras destinadas a sanear la contaminación hídrica sobre la cuenca del Río de La Plata.

A lo largo de varias páginas, la Fiscalía de Estado insistió en la “desmesura” de la medida dispuesta y argumentó que el embargo por $157 mil millones coloca a la Provincia en el “riesgo serio y concreto” de incumplir con la prestación de “servicios críticos e impostergables para la población”.

“Desde ya adelanto que la medida decretada ostenta una gravedad institucional inusitada y consolida un avasallamiento a la autonomía de la Provincia de Buenos Aires ―se lee en la queja elevada por la Fiscalía de Estado―. Genera un perjuicio irreparable, irrazonable y desproporcionado con la finalidad perseguida por el Magistrado, por lo que deberá ser inmediatamente revocado por la Cámara”.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá ahora dirimir la controversia iniciada por el embargo multimillonario efectivizado finalmente hoy por el Juez Civil y Comercial Alberto Recondo sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires.

Recondo exigió trabar el embargo sobre una cuenta de la Tesorería General de la provincia en el Banco Provincia. Y aclaró: “en caso de que los fondos obrantes en la cuenta referida resultaran insuficientes, deberá trabarse el embargo en cualquier otra cuenta de la provincia de Buenos Aires”.

En los últimos días, el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, a cargo de la defensa jurídica del estado provincial, advirtió en una misiva enviada al magistrado que, de proceder con el embargo millonario, evaluaría la “presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, nota a la que el juez respondió exigiéndole a Gómez que “se abstenga” de amenazas.

“Riesgo serio y concreto”

“La decisión de un Juez Federal que se entromete en la distribución de los recursos presupuestarios de la Provincia de Buenos Aires, incautando sumas millonarias hasta tanto la Provincia acredite el inicio de las obras en cuestión, violenta lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales a través de la sanción de la Ley 15.557, y contiene una gravedad institucional que carece de antecedentes”, argumentó la Fiscalía de Estado.

“La resolución que aquí se reprocha representa nada más y nada menos que la incautación de los fondos de la Provincia de Buenos Aires por una suma billonaria, transgrediendo para ello los claros límites jurisdiccionales que imponen tanto la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como la Constitución Nacional, en materia de distribución de recursos y asignación de partidas que el Poder Ejecutivo junto al Poder Legislativo provinciales, consensuaron mediante la Ley de Presupuesto N° 15.557 sancionada para el año 2026”, expresó la Fiscalía de Estado.

Según dijo la Fiscalía de Estado, la situación económica que viene atravesando la Provincia desde el año 2022 se ha visto agravada en los dos últimos períodos financieros, en medio de un cuadro “de severa restricción fiscal derivado tanto por la profunda recesión económica como del incumplimiento, mora y/o detracción, por parte del Estado Nacional, de las transferencias”.

Tras recordar que la provincia está “en emergencia económica, social, productiva, de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica”, la Fiscalía de Estado habló de “graves restricciones económicas, financieras, administrativas, sociales y de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires”.

Tras destacar que el gobierno de Javier Milei tiene una deuda que en febrero ascendía a la suma de 15 billones y equivale al 36,3% del presupuesto provincial previsto para el corriente ejercicio, la Fiscalía de Estado señaló que “la decisión de embargar miles de millones de pesos de la Provincia representa un agravamiento de la situación de insuficiencia de recursos”.

Y destacó que el embargo dispuesto por el magistrado coloca a la Provincia “en el riesgo serio y concreto de incumplir con la prestación de servicios críticos e impostergables para la población, entre ellos salud, educación, seguridad, asistencia alimentaria, protección de la niñez, infraestructura social y atención de múltiples situaciones urgentes, como las derivadas de fenómenos climáticos”.

“Un sumidero de desechos”

El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.

Recondo detalló en el escrito que quiere que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato por “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos”.

Recondo detalló que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.

Provincia acusó a Nación

En la apelación, el Fiscal de Estado precisó que la obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución. Para acceder al financiamiento internacional por parte de la Provincia, se requieren avales del Estado Nacional, los cuales no se han obtenido, señaló el representante del Estado provincial.

Entre finales del año 2022 y durante el año 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, elaboró el Perfil de préstamo orientado a gestionar financiamiento externo ante un Organismo Multilateral de Crédito para el “Proyecto de Tratamiento y Disposición de Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”.

“El Perfil fue presentado por el Gobierno Nacional ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su evaluación preliminar en relación con la posible estructuración del financiamiento”, escribieron. Destacaron también que, entre septiembre y octubre de 2023, se llevaron a cabo reuniones técnicas con el Banco Mundial. “No obstante, con motivo del cambio de gestión en el Gobierno Nacional, los avances vinculados a la preparación del Programa se detuvieron”, afirmaron.

Precisó que en octubre de 2024 el Ministerio de Economía de la Provincia remitió formalmente, una nota con el perfil de préstamo a las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a fin de que el mismo fuera evaluado y se pudiera retomar la tramitación correspondiente, “sin que a la fecha el Gobierno Nacional hubiese brindado respuesta a dicha presentación, circunstancia que ha impedido continuar con el proceso administrativo necesario para avanzar en la obtención del citado financiamiento externo”.

LA NACION consultó a voceros del gobierno nacional sobre la versión de la Provincia, pero no obtuvo respuestas.

“No se sustenta”

Al trabar el embargo multimillonario, Recondo desestimó el argumento del gobierno provincial sobre la necesidad de financiamiento internacional para llevar adelante las obras. Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producido en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.

En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.

“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, expresó el magistrado.

Tras la apelación al embargo por parte de la Provincia, ahora es la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata quien deberá resolver si suspende o no su ejecución.