La investigación judicial por el presunto uso irregular de anestésicos de uso hospitalario tiene, hasta el momento, dos nombres en el centro del expediente: Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y Delfina Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad en esa institución. Ambos fueron apartados de sus puestos tras la difusión del escándalo.

Los implicados fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento y quedaron imputados en una causa que busca determinar cómo medicamentos de uso restringido habrían salido del circuito interno del hospital y terminado en ámbitos privados para consumo recreativo.

La causa se originó el 23 de febrero, cuando el hospital radicó una denuncia por faltante de anestésicos. Para entonces, ya había generado preocupación la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista del Hospital Gutiérrez hallado sin vida tres días antes, en su departamento de Palermo.

Su muerte se investiga en un expediente paralelo y, según se presume, estaría vinculada a una sobredosis de propofol y fentanilo. En el domicilio del médico se encontraron fármacos y elementos de inyección. El rastreo del origen de las drogas condujo hasta el Hospital Italiano.

Boveri y Lanusse fueron identificados como los principales involucrados en la causa de sustracción de anestésicos del circuito asistencial. Él es presentado en distintas páginas web académicas como un anestesiólogo de larga trayectoria, con participación en espacios de formación vinculados a TIVAmérica y EuroSIVA. Su nombre también aparece asociado a actividades científicas recientes en el campo de la anestesiología.

Lanusse, por su parte, se desempeñaba como residente de Anestesiología desde septiembre de 2023. Se formó en Medicina en la Universidad Austral, donde realizó prácticas clínicas vinculadas con procedimientos anestésicos y tareas de tutoría académica en Fisiopatología e Inmunología. Allí coincidió con Chantal Leclercq, de quien se hizo amiga. Leclecq luego comenzó la residencia en Anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde conoció a Alejandro Zalazar, el médico fallecido, de quien era cercana.

Según fuentes judiciales, la hipótesis central de la causa por sustracción de anestésicos en la que se imputa a Boveri y Lanusse no apunta a una maniobra de narcotráfico ni a la venta ilegal de sustancias, sino a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital. Se trata de drogas legales, pero de uso estrictamente controlado, cuya manipulación fuera del ámbito asistencial implica un apartamiento de los protocolos médicos establecidos.

El avance de la causa

El avance de la investigación incluyó allanamientos realizados el 12 de marzo por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información incorporada al expediente, los procedimientos dieron resultado positivo y permitieron reforzar la sospecha sobre el origen hospitalario de los anestésicos hallados en el domicilio del médico fallecido.

En paralelo, la Justicia dispuso una serie de medidas restrictivas sobre los imputados, entre ellas la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salida del país, mientras continúan las declaraciones testimoniales y la recolección de pruebas para reconstruir el circuito de acceso, retiro y eventual uso de esos medicamentos.

Durante las indagatorias, las respuestas de ambos marcaron diferencias. Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y adelantó que lo ampliaría por escrito. Según fuentes judiciales, en esa exposición hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, sin aportar elementos sustanciales vinculados al eje de la investigación.

En paralelo al expediente, la causa tomó visibilidad pública por la circulación de un audio de WhatsApp en el que se mencionaban supuestas reuniones denominadas “Propo fest”, en las que un grupo reducido de profesionales habría utilizado anestésicos con fines recreativos. Ese material no forma parte del expediente judicial, aunque la fiscalía analiza una línea vinculada a lo que en ese mensaje se describe como “viajes controlados”: experiencias en las que, a cambio de dinero, se ofrecería a terceros la posibilidad de alcanzar un estado de relajación mediante la administración de estos fármacos bajo supervisión.

Por el momento, esa hipótesis no fue formalizada en una imputación, pero integra las líneas de investigación abiertas.

Según explicaron fuentes con acceso a la causa, el eje del expediente continúa centrado en la presunta sustracción de medicamentos del ámbito hospitalario. Al tratarse de sustancias legales pero de uso restringido, los hechos no encuadran en figuras vinculadas al suministro de estupefacientes. En cambio, el expediente podría avanzar bajo la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o —con mayor probabilidad— en la de administración fraudulenta, que contempla penas de hasta seis años de prisión.