El expolio nazi de obras de arte, bibliotecas, manuscritos y objetos culturales durante la Segunda Guerra Mundial no fue un daño colateral de la barbarie, sino una de sus herramientas estructurales. El saqueo sistemático del patrimonio de familias judías —coleccionistas, banqueros, intelectuales— formó parte de una política de aniquilación que buscó borrar no solo vidas humanas, sino también memoria, linaje y cultura. El robo precedió muchas veces a la deportación, la confiscación y a la muerte. Se trató de un programa estatal de desposesión, ejecutado con archivos, inventarios y una apariencia de legalidad.
Desde esta perspectiva, cada restitución contemporánea de una obra expoliada por el régimen nazi no puede ser presentada como un acto de generosidad, ni como un gesto político discrecional. Es una reparación tardía, pero jurídicamente exigible frente a un crimen que no prescribe ni en el plano moral ni en el jurídico. La decisión de Austria de devolver a los herederos de sus legítimos propietarios un manuscrito del siglo XV confiscado durante el Holocausto adquiere así un valor que excede largamente el de la pieza restituida.
Durante décadas, Austria mantuvo una actitud vacilante frente a los reclamos de restitución vinculados al período nazi, amparándose en formalismos, prescripciones o en la figura del tercero adquirente de buena fe. Ese enfoque —hoy ampliamente cuestionado— implicaba trasladar a las víctimas y a sus herederos el peso de probar lo que el propio Estado había contribuido a ocultar. El film La dama de oro, del director Simon Curtis, de 2015, puso en evidencia esas circunstancias. Que ahora Austria asuma una política activa de investigación de procedencia y restitución supone, en los hechos, el reconocimiento de que frente al expolio nazi ciertos principios clásicos del derecho patrimonial deben ceder.
Este desplazamiento no es arbitrario. Responde a un consenso internacional largamente construido. Desde la Declaración de Washington de 1998 hasta los Principios de Terezín de 2009, pasando por numerosas resoluciones de la Unesco y del Consejo de Europa, la comunidad internacional ha afirmado con claridad que los Estados deben adoptar políticas proactivas en materia de restitución de bienes culturales expoliados por los nazis.
La Argentina forma parte de ese consenso. Ha adherido a los principales instrumentos internacionales en la materia y ha manifestado reiteradamente, en foros multilaterales, su compromiso con una política de memoria, verdad y reparación. Sin embargo, ese compromiso solo adquirirá contenido real cuando se traduzca en decisiones judiciales concretas.
Refugiarse en una aplicación mecánica del principio del tercero adquirente de buena fe, sin atender al contexto histórico de desposesión sistemática, implica desconocer no solo los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, sino también la evolución del derecho comparado.
Los tribunales argentinos cuentan con herramientas jurídicas suficientes para adoptar una solución conforme a estos estándares. Los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional cultural y las mejores prácticas comparadas autorizan —y exigen— un abandono controlado y fundamentado de ciertos principios clásicos, cuando su aplicación estricta perpetuaría los efectos de un crimen contra la humanidad. Urge comprender que, en estos supuestos excepcionales, la seguridad jurídica no puede construirse sobre la base de la injusticia histórica.
Restituir no es reescribir el pasado. Es impedir que el pasado siga produciendo injusticias en el presente. Cuando un Estado —como hoy Austria— asume esa responsabilidad, se fortalece institucionalmente. Cuando los tribunales —en la Argentina o en cualquier otro país— deciden mirar más allá del expediente y atender al contexto histórico, moral y jurídico de estos casos, el derecho recupera su sentido más profundo: el de ser una herramienta de justicia y no un refugio de la indiferencia.
