Si no fuera por la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente, las empresas del sector gasífero estarían de fiesta. En las últimas semanas el Boletín Oficial publicó una batería de decretos y resoluciones que introducen reformas estructurales, desregulaciones y actualizaciones normativas que saldan cuentas pendientes desde hace años en materia de transporte, comercialización y distribución de gas natural.
Una novedad que se conocerá en pocas semanas, según fuentes confiables del sector, es el llamado a licitación nacional e internacional para la anunciada venta de la mayoría accionaria de YPF (70%) en Metrogas, la principal distribuidora del AMBA y una de las mayores del país. La empresa brinda servicios a 2,4 millones de clientes, 61% con domicilio en la CABA y 39% en 11 partidos del sud-sudeste del conurbano bonaerense, a través de una red de cañerías de 18.629 kilómetros lineales.
En realidad, se trata de una reprivatización. Metrogas fue una de las adjudicatarias a fin de 1992 de la privatización de Gas del Estado, hasta que en 2010 fue intervenida por el gobierno de Néstor Kirchner a instancias de Guillermo Moreno, quien en 2007 ya había exigido y logrado el desplazamiento del entonces director general de la compañía, Roberto Brandt, uno de los mayores especialistas del sector. En 2012 la empresa controlante, British Gas, vendió su participación mayoritaria (55%) a la estatal Enarsa, no sólo por el sinfín de presiones oficiales sino por los perjuicios provocados por la crisis de 2001/2002, el default y el largo congelamiento tarifario posterior.
Un año más tarde, el gobierno de Cristina Kirchner anunció la “argentinización” de la distribuidora, al disponer que YPF (ya expropiada a la española Repsol) asumiera su control operativo. Una medida “floja de papeles”, ya que la Ley del Gas (24.076) prohibía taxativamente que un productor manejara además su distribución, pese a lo cual el ente regulador (Enargas) le otorgó una excepción.
Para viabilizar la licitación de Metrogas, la Procuración del Tesoro deberá ahora emitir un dictamen que extienda su contrato de licencia hasta 2047, ya que vence a fin de 2027 (35 años después de la toma de posesión). Ocurre que la Ley Bases modificó la ley anterior y autorizó a las 9 distribuidoras privatizadas en los ’90 a solicitar la extensión de sus licencias por 20 años, más 10 adicionales con autorización del Enargas si cumplían sus compromisos de inversión y renunciaban a reclamos contra el Estado por regulaciones y congelamientos tarifarios.
Este proceso ya se completó durante 2025 a través de audiencias públicas realizadas en distintos puntos del país, en paralelo con la revisión tarifaria quinquenal (RTQ), que fijó un sendero hasta 2030 y permite normalizar a futuro la ecuación económico-financiera de las empresas.
La mayoría de YPF en Metrogas está compuesta por 100% de acciones clase A (51% del capital) y 38,7% clase B (19%). El resto se completa con Integra Gas Distribution (9,23%), Anses (8,23%) y 12,54% colocado en bolsa. En 2025 el resultado neto integral fue positivo en $132.483 millones, con crecimiento de su ganancia operativa debido a los ajustes de tarifas.
A fin de ganar tiempo, el presidente de YPF, Horacio Marín, otorgó a mediados de enero al Citigroup el mandato para manejar la operación de venta y contactar inversores locales o externos interesados en adquirir el control accionario. Fuentes del sector estiman que habría más de 10 empresas interesadas, entre argentinas e internacionales, aunque no signifique que todas presenten ofertas.
Según el sitio especializado EconoJournal, el banco habría firmado con más de una empresa acuerdos de confidencialidad, una condición necesaria para acceder a las especificaciones de venta fijadas por YPF, que prevé un ingreso estimado entre 600 y 900 millones de dólares. Esos fondos serán destinados por la petrolera a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta y la infraestructura para la exportación de hidrocarburos.
Con pedido de anonimato, otras fuentes del sector dan por descontado que una de las compañías interesadas es Integra Gas, propiedad de José Luis Manzano, actual accionista minoritario, aunque no descartan que surjan competidores.
Reconfiguración del transporte
Otra reforma de fondo, publicada hace menos de tres semanas en el Boletín Oficial, establece la “Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural” a través de una resolución (66/26) de la Secretaría de Energía que apunta, entre otras medidas, a impulsar contratos directos y obras de infraestructura por iniciativa privada en reemplazo de Enarsa.
La decisión, basada en la emergencia energética dispuesta por DNU a fin de 2023 y prorrogada hasta fin de 2027, reasigna la capacidad de transporte por distribuidora en el marco de una revisión total del transporte por gasoductos. Según la SE, la producción actual (récord) se concentra en la Cuenca Neuquina, impulsada por Vaca Muerta y su transporte debería alinearse con esta realidad.
También señala que la reorganización ajustará los contratos para reflejar la disponibilidad efectiva de gas por cuenca y asegurar un reparto equitativo entre las distribuidoras para cubrir primero la demanda prioritaria (residencial, servicios esenciales, escuelas, etc.) y luego el resto de los contratos ininterrumpibles, “sin modificar los contratos de los cargadores directos con las transportistas”.
La información oficial explica que el sistema fue diseñado cuando las cuencas Norte y las importaciones de gas boliviano concentraban gran parte de la oferta de gas natural. Pero su declinación “dejó contratos asociados a volúmenes que hoy no existen, rutas técnicamente inservibles, mayores costos para industrias del Litoral y la región Centro y distorsiones en la asignación de transporte que encarecían el abastecimiento de gas y afectaban la eficiencia del sistema”.
De hecho, la reversión del gasoducto del Norte ya permite abastecer con gas de Vaca Muerta a las provincias del NOA y, a través de ductos bolivianos, exportarlo a Brasil.
Una de las particularidades de la medida es que instruye a Enarsa y a la operadora mayorista Cammesa para que, en un plazo de 10 días posteriores a su entrada en vigencia, rescindan los contratos de transporte firme sobre el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) y cualquier relación contractual que impida el uso eficiente de su capacidad, a fin de optimizarla con el intercambio entre sistemas de transporte.
La rescisión incluye además al contrato con Transportadora de Gas del Sur (TGS) por la capacidad incremental sobre el Gasoducto Neuba II, lograda con una obra complementaria (el loop de Ordoqui) para abastecer al AMBA en los meses invernales, a través del programa oficial Transport.Ar que también queda sin efecto.
Además, el Enargas convocará próximamente a consulta pública sobre la adecuación regulatoria y aprobación de los nuevos cuadros tarifarios para contratos de transporte firme de las distribuidoras a 10 años como mínimo.
La SE sostiene que así “se corregirán distorsiones, se reducirán prácticas arbitrarias de reventa de transporte y se dejará atrás un esquema sostenido por parches, para avanzar hacia una solución estructural y definitiva del transporte de gas en la Argentina”.
La medida entrará en vigencia cuando el Enargas o el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) que habrá de reemplazarlo, según el que se encuentre en funciones, dicte las normas para hacerla operativa.
Previamente, como informó LA NACION, el Gobierno ya desreguló la importación de gas natural licuado (GNL) al anunciar el llamado a licitación nacional e internacional para seleccionar a un único operador privado para ocuparse de la logística de los buques metaneros, utilizar la terminal de regasificación de Escobar y vender el gas resultante al mercado interno en los próximos meses de invierno. La adjudicación será para el que ofrezca el menor adicional en dólares por millón de BTU del precio internacional de referencia en Europa, además de absorber los costos y definir su margen de comercialización. También tendrá preferencia para igualar la mejor oferta si se convoca a un nuevo proceso para 2027.
Hasta ahora, Enarsa fue el único importador -en algunas épocas, a precios discutibles- desde 2008, cuando arribó a Bahía Blanca el buque regasificador de la compañía estadounidense Excelerate que, salvo entre 2019 y 2020, operó hasta 2023 para cubrir la mayor demanda invernal con un costo millonario en dólares. Y desde 2011 sumó un segundo barco en la terminal de Escobar para abastecer a centrales termoeléctricas. Con el boom gasífero de Vaca Muerta, Excelerate redujo a su mínima expresión su oficina en la Argentina, a tal punto que el arribo de buques con GNL bajó a una cuarta parte.
Paralelamente, la actualización de normas -en este caso de seguridad- alcanzó a las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Otra resolución de la SE (72/26) fija un plazo de 5 años para reemplazar series de válvulas de maniobra de tipo universal para garrafas de 10 y 15 kg. cuya fabricación data de 1960 a 1971 y aprueba lotes de modelos a utilizar. No sería extraño que esa obsolescencia haya causado el pavoroso incendio del depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, que podría haber sido una catástrofe y, para colmo, no tenía habilitación.
