A comienzos del siglo XXI no solo la crisis económica golpeaba a la Argentina, sino también un delito que causaba pánico social: el secuestro extorsivo. Desde el gobierno de Fernando De la Rúa hasta los primeros dos años de Néstor Kirchner en la Casa Rosada -pasando por el gobierno puente” de Eduardo Duhalde- se sumaron 1331 casos. Y esa cifra se apuntala solo con los hechos denunciados. En medio de la turbulencia de esos años no parecía prioritario dar testimonio en la Justicia sobre la pérdida de dinero no declarado. Esa circulación de divisas fuera del corralito y, fundamentalmente, del corralón bancario fue el coto de caza de bandas que se especializaron en atormentar a víctimas y familiares hasta conseguir billetes. Hoy los delincuentes prefieren otras modalidades, como las estafas virtuales en la era de las billeteras digitales. Y la información oficial marca que el año pasado registró la cantidad más baja de secuestros desde 2000: solo 14 raptos.
La tendencia descendente en esta modalidad delictiva se extiende en el tiempo. Si se toma un período similar al consignado de 1331 secuestros a comienzos de este siglo quedará expuesta una contundente diferencia. Entre 2020 y 2025 se denunciaron 167 hechos.
No solo la comparación cuantitativa marca distintas realidades en esos períodos, sino que también lo determina el análisis cualitativo de los casos. Hace 25 años, todos sentían que podían ser víctimas de un rapto. No importaba la edad, el nivel económico ni el lugar de movimiento. En cambio, en los episodios relevados durante el año pasado la mayoría de las víctimas parecen adoptar una característica especial: tener alguna clase de vinculación con el mundo criminal.
“A diferencia del año 2024 dónde tuvimos un 36% de víctimas liberadas sin efectuar el pago, en el 2025 se ha incrementado el porcentaje a un 50 por ciento. En esta variable, en los últimos años venimos observando que los secuestros extorsivos se vinculan estrechamente con otros delitos de la criminalidad organizada. En tales casos, notamos que el secuestro extorsivo además de la exigencia de dinero tiene otras motivaciones y efectos, ya que se utiliza como medio para ajuste de cuentas, reclamar deudas de otras actividades o negocios ilícitos, disputar el control territorial de un lugar o la demostración de fuerzas entre bandas criminales”, se detalló en el informe de la Unidad Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), que fue publicado por el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la fiscalía especializada a cargo de Santiago Marquevich, “los 14 casos se distribuyeron entre las provincias de Buenos Aires (5 hechos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4 hechos), Córdoba (3 hechos), Salta (1 hecho) y Misiones (1 hecho), con intervención de las fiscalías federales con competencia en cada jurisdicción según el turno”.
Y se agregó: “el reporte destaca la continuidad de la tendencia descendente en la cantidad de secuestros extorsivos en el país: 294 hechos en 2015, 227 en 2016, 185 en 2017, 111 en 2018, 44 en 2019, 48 en 2020, 30 en 2021, 27 en 2022, 16 en 2023, 22 en 2024 y 14 en 2025″.
Como se consignó, la mayoría de los secuestros denunciados durante 2025 tuvieron que ver con ajustes de cuentas o extorsiones entre bandas. Y los casos en los que no estuvo el crimen organizado detrás de esos raptos la situación fue incluso peor, ya que integrantes de fuerzas de seguridad fueron responsables de privar de la libertad a víctimas en espera de obtener un rédito económico.
Eso pasó en un caso reportado en el Bajo Flores, donde un joven de 24 años que había pactado la compra de zapatillas mediante una publicación en Instagram fue sorprendido por los supuestos vendedores, que en realidad eran secuestradores. Sin embargo, antes de ser delincuentes eran uniformados, inspectores de la fuerza porteña que reclamaron a familiares del cautivo un pago de US$4000 para la liberación. Fueron detenidos por sus propios colegas, por aquellos que no fueron corrompidos por el delito.
En otro de los episodios notificados el año pasado aparecieron uniformados de la Prefectura, pero no como fuerza de choque para reducir a una banda y liberar a un rehén, sino como simples secuestradores, que buscaron con un rapto en el Puerto de Mar del Plata cobrar una deuda de apenas $70.000.
Un caso más difícil de resolver quedó representado por el rapto de una pareja rusa. Sus captores fueron compatriotas de los secuestrados, que tras obtener pagos digitales, enviados incluso desde su país de origen se subieron a un avión con rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Todo duró pocas horas y la policía irrumpió en el lugar donde estaban retenidas las víctimas poco después de la fuga de los delincuentes.
Al igual que ese caso, la mayoría de los episodios se resuelven en pocas horas. El informe de la Ufeco solo señala tres secuestros con una duración mayor a las 24 horas. Esa es otra diferencia importante con relación a lo ocurrido a comienzos de este siglo. Por entonces, las bandas contaban con logística y paciencia para retener a las víctimas incluso más de un mes.
Esa era una de las especialidades de Sergio Leiva, conocido como el Negro Sombra. Tenebroso secuestrador que emergió de ese 2002 en el que empezó a cobrar fuerza como nunca antes la modalidad del rapto extorsivo. Ese año se habían alcanzado los 290 casos denunciados, un salto enorme con relación a los 23 hechos notificados un año antes. Entre las bandas que emergían en esos momentos estaban los “cortadedos” del Negro Sombra. tenía una forma peculiar de exponer a quienes debían reunir el dinero de un rescate el sufrimiento de la víctima.
Tampoco es que fuese un genio criminal. Cayó bastante rápido y fue condenado a 34 años de prisión. Tenía como destino quedar alojado en un calabozo hasta 2031. Pero salió bastante antes, en 2017. Cosas de la Justicia. O de los jueces. Volvió al asentamiento San Pablo, en El Talar, donde había tenido su aguantadero en la época de secuestros. Su especialidad ya había pasado de moda. Dicen que se sumó a la venta de drogas. Fue asesinado de cinco balazos. Paradójicamente, uno de los emblemas más siniestros del secuestro extorsivo murió en 2025, el año en que ese delito se volvió casi imperceptible.
