El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 condenó a 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta perpetua a un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina que en 2015 se apropió de casi dos millones de pesos del canon por el uso de un predio estatal en el que funcionaba un parque acuático de la empresa Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú.
La sanción penal que recayó sobre el capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, de 44 años, también incluyó el pago de una reparación económica de 274.696.471 pesos por el perjuicio ocasionado al Estado, según informó la Procuración General en su sitio www.fiscales.gob.ar.
El tribunal −integrado por las juezas Sabrina Namer y Gabriela Iníguez y el juez Nicolás Toselli− consideró a Tapia Ruiz autor del delito de peculado. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de abril próximo.
El monto de la sentencia coincidió con lo que había solicitado en su alegato el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, de la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, cuyo titular es el fiscal general Marcelo Colombo.
Durante el alegato, el representante del Ministerio Público dio por probado que el capitán de corbeta Tapia Ruiz “sustrajo entre noviembre y diciembre de 2015 un total de 1.849.000 pesos correspondientes al canon anual que debía abonar la empresa concesionaria Mundo Marino por un predio de la Armada donde funcionó el parque Bahía Aventura, en el marco del convenio de uso compartido celebrado en 1997″.
Según señaló el auxiliar fiscal Yivoff, el marino “llevó a cabo distintas maniobras destinadas a evitar que los fondos ingresaran en la cuenta recaudadora o escritural del organismo −desde la cual no podría disponerlos− y, por el contrario, le fueran entregados directamente a él. También se le atribuyó haber realizado otras maniobras para ocultar la operatoria”.
Señaló el auxiliar fiscal que “el imputado intervino en el circuito de cobro y comunicó a la empresa la supuesta existencia de cambios en la modalidad de pago dispuestos por el Ministerio de Economía −que en realidad no existían−. De ese modo, logró que el canon se abonara mediante cheques a nombre del organismo, en lugar de la transferencia bancaria habitual”.
Tapia Ruiz recibió esos valores, los endosó y los hizo circular a través de terceros. Tras un primer rechazo por cuestiones formales, gestionó ante la empresa la emisión de un nuevo juego de cheques que finalmente fueron depositados en una cuenta de la firma Recaudadora Centenario S.A., sin que el dinero ingresara a las arcas estatales, se informó en www.fiscales.gob.ar.
La investigación también determinó que el imputado entregó recibos apócrifos a las autoridades de la empresa por cada uno de los pagos realizados.
