La discusión sobre si los pasajeros deben quitarse los zapatos en los aeropuertos de Estados Unidos volvió al centro del debate político y de seguridad. Esta vez, el impulso no surgió desde la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), sino desde el Senado, donde se reclamó la marcha atrás de una medida adoptada en 2025.
Por qué el Senado pide volver a quitarse los zapatos en los controles de la TSA
La senadora Tammy Duckworth solicitó formalmente que la TSA revierta la política que autoriza a los viajeros a atravesar el control con el calzado puesto, una modificación que había sido presentada como una forma de reducir tiempos de espera.
El eje del reclamo de Duckworth está en una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que habría puesto a prueba de forma encubierta la capacidad de los controles para detectar objetos peligrosos.
De acuerdo con esos hallazgos, ciertos escáneres corporales de tecnología avanzada no tendrían capacidad para inspeccionar adecuadamente el calzado. “Esto llevó a la Oficina del Inspector General a determinar que la medida de Noem había creado inadvertidamente una nueva vulnerabilidad de seguridad en el sistema”, señaló la senadora en un comunicado.
Duckworth sostuvo que ese escenario obliga a restablecer la política anterior de “Shoes-Off” hasta que la TSA aplique correcciones y se confirme que el sistema puede detectar amenazas sin necesidad de exigir el retiro del calzado.
“La decisión de la secretaria Noem de implementar la política de usar zapatos el 8 de julio de 2025 fue un acto imprudente”, dijo.
Qué cambió en 2025 y por qué ahora se cuestiona
La regla de mantener los zapatos puestos fue implementada el 8 de julio de 2025 bajo la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En ese momento, la medida fue defendida como parte de una actualización orientada a hacer más rápido el paso por los filtros de seguridad.
“Eliminar la política de ‘Shoes-Off’ es la iniciativa más reciente del DHS para modernizar y mejorar la experiencia de los viajeros en los aeropuertos de nuestro país”, dijo en ese momento Noem en un comunicado oficial.
La postura oficial fue que el cambio no afectaría la protección aeroportuaria porque seguirían en funcionamiento otros niveles de control, como la verificación de identidad, la evaluación previa de pasajeros y los dispositivos de inspección ya instalados.
Sin embargo, la discusión cambió cuando se conocieron objeciones técnicas vinculadas al funcionamiento de algunos equipos. Desde entonces, el foco dejó de estar en la comodidad del pasajero y pasó a centrarse en si la flexibilización compromete la seguridad.
“Permitir que una deficiencia de seguridad potencialmente catastrófica persista durante siete meses y siga sin resolverse es una traición a la misión de la TSA”, aseguró Duckworth. “La incapacidad de la agencia para implementar rápidamente medidas correctivas justifica la retirada inmediata de la política que aumenta el riesgo de que un terrorista introduzca de contrabando un artículo peligroso en un vuelo”, agregó.
El antecedente que originó la regla de quitarse los zapatos
La obligación de sacarse los zapatos en los aeropuertos no surgió de manera arbitraria. Fue una respuesta al intento de atentado ocurrido en diciembre de 2001, cuando Richard Reid trató de activar explosivos ocultos en su calzado durante un vuelo con destino a Miami.
“Si Reid hubiera logrado detonar los explosivos, probablemente habrían abierto un agujero en el fuselaje y provocado el accidente, lo que causó la muerte de los 197 pasajeros y la tripulación”, señaló la senadora en una carta dirigida a Ha Nguyen McNeill, el alto funcionario que desempeña las funciones de administrador de la TSA.
Ese episodio llevó a endurecer los controles en los puntos de acceso a las terminales aéreas y convirtió al calzado en uno de los elementos sujetos a inspección separada dentro del protocolo estándar.
Qué le objeta Tammy Duckworth a la TSA y al DHS
La senadora no solo pidió restaurar la política anterior. También cuestionó la respuesta del DHS y de la TSA frente a las advertencias surgidas de la auditoría.
Según su planteo, el inspector general del DHS emitió en agosto del año pasado una comunicación de urgencia para alertar sobre un hallazgo que requería acción inmediata. Duckworth afirma que, pese a eso, no hubo una corrección suficiente en los meses posteriores.
“La posterior omisión de la secretaria Noem de ordenar al DHS que consultara con la Oficina del Inspector General sobre el contenido de la comunicación de urgencia fue indignante, inaceptable y peligrosa para los pasajeros”, señaló.
Esa demora es uno de los puntos más sensibles del reclamo, ya que el argumento central es que una falla de seguridad no debería mantenerse vigente mientras se discute cómo resolverla.
