Buenos Aires, 7 de agosto (NA) – La investigación por la muerte violenta del exministro catamarqueño Juan Carlos Rojas llegó a una nueva apelación después de perderse registros de cámaras, contaminarse la escena y realizarse un ateneo forense con fallas de sonido que obligaron al perito de la familia a intervenir mediante audios de WhatsApp.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la querella apeló este miércoles el rechazo al pedido de nulidad de la junta médica realizada en Córdoba y sostuvo que las deficiencias técnicas le impidieron participar en igualdad de condiciones en una prueba decisiva para establecer si Rojas fue asesinado.
El exministro de Desarrollo Social fue encontrado muerto en diciembre de 2022, cuando todavía integraba el gabinete de Raúl Jalil. Más de tres años después, la causa mantiene abiertas tres hipótesis: un golpe homicida, una caída accidental o una caída producida durante un forcejeo.
La falta de una explicación no responde únicamente a la complejidad médica. El propio ateneo concluyó que el trabajo criminalístico deficiente en el lugar impide inclinarse por una mecánica y confirmó fallas en la preservación de la escena y de rastros de sangre.
La querella también denunció la pérdida o extravío de imágenes de cámaras privadas y del SAE 911, inconsistencias en las comunicaciones del teléfono de Rojas mientras estaba bajo custodia estatal y la contaminación de elementos que podían orientar la investigación.
El nuevo conflicto se originó en la junta de marzo de 2026. El abogado Iván Sarquís y el médico José Fenoglio participaron a distancia, pero los problemas de audio impidieron que el perito escuchara y debatiera con normalidad con los demás especialistas.
El juez de Control de Garantías Lucas Vaccaroni admitió que Fenoglio no pudo expresarse en forma directa, aunque consideró que los mensajes de voz enviados por WhatsApp le permitieron emitir su posición y que el defecto no justificaba anular el procedimiento.
La resolución conservó la validez del ateneo. Los especialistas determinaron que Rojas sufrió una muerte violenta, que la lesión craneal fatal pudo provenir de un único impacto contra una superficie plana y que no puede descartarse ni confirmarse la intervención de terceros.
La apelación cuestiona que un intercambio de audios haya reemplazado la participación plena del perito de parte en una deliberación científica. La Cámara deberá resolver ahora si los inconvenientes afectaron el derecho de la familia a controlar la prueba o si se trató de una dificultad involuntaria sin efecto invalidante.
No está probado que las fallas hayan sido intencionales ni que funcionarios del gobierno provincial hayan ordenado encubrir el caso. Tampoco la posición de la querella equivale a una resolución judicial. Lo comprobado es más básico: un ministro en funciones murió de manera violenta y, tres años y ocho meses después, el Estado todavía no pudo establecer cómo ocurrió.
El deterioro probatorio compromete políticamente a Jalil porque Rojas pertenecía a su gabinete y la investigación depende de instituciones provinciales. La escena, el sistema de emergencias, los registros y la actuación del Ministerio Público no son elementos externos a la administración de justicia de Catamarca.
El fiscal Hugo Costilla resolvió citar a más de 200 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Las entrevistas comenzarán el lunes 10 de agosto, a razón de diez personas por día, y deberán registrarse en video.
Esas declaraciones abren una nueva etapa después de años de peritajes controvertidos. El expediente llega a ella con cámaras perdidas, una escena cuestionada y una junta que no pudo determinar si la lesión mortal fue causada por una agresión, un accidente o un empujón.
Agencia NA
