Quienes siguen con preocupación el accionar escandaloso de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tiene como protagonistas principales a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, sospechan, que además de la complicidad de otros dirigentes de esa entidad, todo conduce al exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora.
Por eso ya hace tiempo algunos denunciantes anticipaban que era probable que se intentara llevar las actuaciones a esa jurisdicción en procura de conseguir impunidad para sus latrocinios. Algunos ingenuamente podrán argüir que los expedientes tramitan en jurisdicción de la Justicia Federal, ignorando que, como sucede en numerosas provincias argentinas, los nombramientos de sus jueces suelen surgir de negociaciones oscuras entre gobiernos nacionales y gobernadores como es el caso de Santiago del Estero.
Recientemente, el fiscal de esta provincia Pedro Simón solicitó la detención e inhibición de bienes de Tapia y Toviggino por la presunta constitución de una asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de dinero, tendiente a sustraerle fondos a la AFA. El pedido del fiscal revela multimillonarias maniobras financieras y patrimoniales de empresas ligadas al tesorero de la entidad madre del fútbol argentino. Entre otras cuestiones, la investigación da cuenta de que una empresa vinculada a Toviggino emitió 11 facturas de exportación por unos 650 mil dólares a favor de TourProdEnter, compañía a cargo de Javier Faroni radicada en Miami, contratada por la AFA para administrar y recaudar ingresos comerciales generados por la selección argentina en el exterior.
Existe la sospecha de que el pedido de detención realizado por un fiscal como Simón, con fuertes lazos con el poder político santiagueño, podría ser una maniobra dirigida a unificar las causas penales contra Toviggino en la provincia, para lograr con más facilidad un sobreseimiento.
El fiscal Simón, quien había sido legislador provincial por el justicialismo, solo obtuvo 40 puntos sobre 100 en el concurso celebrado en 2007 frente a dos candidatos que superaron los 90 puntos. Incluso el jurado dejó constancia del mal desempeño en el examen escrito tanto en el fondo del caso planteado como en su redacción y ortografía. Pero fue nombrado fiscal con el manejo posterior al examen en negociaciones entre el gobierno kirchnerista y el poder político santiagueño.
En Santiago del Estero se conoce que el ascenso económico de Toviggino desde las calles como vendedor ambulante se debe solo a sus vínculos con el senador Zamora y a su incursión en negocios relacionados con el fútbol
También los dos jueces federales de Santiago del Estero obtuvieron bajas calificaciones en los concursos, siendo superados en el caso del doctor Guillermo Daniel Molinari por 13 concursantes y por ocho en el del doctor Santiago Argibay. Este último, como presidente del Superior Tribunal de Santiago del Estero, declaró “inconstitucional” una cláusula de la Constitución provincial de 2005 que expresamente prohibía un tercer mandato consecutivo de Zamora como gobernador, en una muestra de servilismo. Finalmente, intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que frenó el intento de reelección, y Zamora, con un concepto patrimonialista y nepotista del poder, hizo postular a su esposa, que carecía de antecedentes políticos.
Precisamente el juez Argibay, quien debe resolver sobre el pedido del fiscal Simón, se negó a apartarse de la causa, pese a sus evidentes vínculos patrimoniales con Toviggino, a quien le vendió una propiedad que se habría escriturado por una valor de apenas el 10% del valor real de mercado.
Será la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la que deberá resolver si Argibay continúa o no al frente de la causa. Curiosamente, uno de los camaristas federales de Tucumán, Ricardo San Juan, estuvo vinculado a la AFA como integrante del Tribunal de Ética, al que renunció el mes pasado, y otro camarista, Fernando Poviña, es dirigente del Club Atlético Tucumán.
En Santiago del Estero se conoce que el ascenso económico de Toviggino desde las calles como vendedor ambulante se debe solo a sus vínculos con el senador Zamora y a su incursión en negocios relacionados con el fútbol, donde se han producido desvíos de fondos millonarios.
Sin duda el problema de la calidad académica, la independencia y los valores éticos de los integrantes de la Justicia es uno de los problemas más serios del país y que el gobierno nacional y el Consejo de la Magistratura no deberían minimizar a la hora de promover las designaciones de jueces.
Por eso es necesario que la iniciativa de la Corte Suprema para reformar el sistema de selección de magistrados sea aprobada a la brevedad para evitar que quienes tengan menos méritos académicos lleguen a ocupar esos cargos por ser funcionales a las necesidades de impunidad de gobernantes y de gente apañada por el poder político.
