Horas después de que la expresidenta Cristina Kirchner publicara una carta abierta para comunicar que llevó su condena por corrupción en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los tres abogados al frente de esta presentación, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindan una conferencia de prensa en un hotel porteño para dar contexto a la decisión de la también exvicepresidenta, en prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.
“Hace ya un año que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó la apelación que presentamos y cerró en la esfera interna el poder seguir discutiendo esta condena. Pero eso permite que sea discutida en el orden internacional”, comenzó Beraldi, quien cuestionó que se hayan violado las garantías y señaló que se estaba condenando a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”.
La condena a la que hizo alusión fue la que recibió la expresidenta en junio de 2025, cuando fue sentenciada a seis años de prisión —que cumple de forma domiciliaria en su departamento de Constitución— e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa que investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
Luego de Beraldi habló Borrego, uno de los flamantes abogados anunciados por Kirchner en su carta abierta de este miércoles. “Me llamaron para ver qué había pasado en el proceso y encontré tantísimas violaciones y arbitrariedades que, en un proceso ya terminado, permiten que se acuda al comité de derechos humanos”, expresó el letrado español.
“Violaciones al pacto internacional de derechos civiles y políticos”, siguió y marcó: “¿Por qué esa hostilidad a la doctora Kirchner? Porque es mujer. Fue la única mujer dos veces presidente y reelecta con el 45%“, añadió en la misma línea de la expresidenta, quien esta mañana aseguró que su condena responde a un ”machismo estructural“.
Y reiteró: “Lo importante es excluir a una mujer dos veces electa de una contienda electoral. El objetivo es que el comité tome conciencia que fue un proceso plagado de irregularidades y sólo sirvió para echar a una mujer de una contienda electoral. ¿Es que la política debería ser solo una cosa de hombres?“.
Valim, el segundo abogado que Kirchner incorporó a su defensa, explicó que la comunicación enviada a Naciones Unidas no se trata de “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
“Sólo pedimos que se le respeten los derechos a una ciudadana argentina, no queremos ninguna excepción”, justificó y defendió: “Estamos acá como abogados para defender derechos, no como militantes políticos”.
Valim, quien también participó en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa por corrupción Lava Jato, comparó la causa de la expresidenta con la del mandatario brasileño y reconoció que comparten puntos en común. “Hay similitudes, en especial por el órgano elegido”, marcó. En ese entonces, la defensa de Lula también presentó una queja formal ante la ONU para cuestionar las irregularidades y la falta de imparcialidad en el tratamiento del juicio.
En el caso argentino, esta vía internacional quedó recién habilitada tras agotarse todos los recursos internos en la Justicia local, a partir de lo determinado por el fallo de la Corte Suprema.
Al ser consultado sobre la decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el letrado brasileño explicó que se trató de una decisión técnica orientada a lograr “un acceso directo y una efectividad mayor”.
En tanto ambos enfatizaron que la revisión solicitada al organismo internacional debe ser “total”, dado que denunciaron un alto nivel de “arbitrariedades”. En este marco remarcaron que buscan conseguir tres medidas cautelares:
- Suspensión de la inhabilitación perpetua: para frenar la restricción de sus derechos políticos mientras se resuelve la condena
- Modificación del régimen de prisión domiciliaria: que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”
- Restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema: normalizar la composición del máximo tribunal argentino para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”
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