MADRID.- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue declarado culpable de conducta indebida en el ámbito administrativo. Por el hecho, el exfuncionario fue condenado a una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. Tanto él como los otros acusados fueron investigados por irregularidades en la creación de un puesto de trabajo en el organismo público, en 2017, “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar del mandatario local.
La Audiencia Provincial de Badajoz también impuso la misma pena al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros nueve acusados por el mismo delito, informó el diario español El País.
Durante el proceso, tanto la Fiscalía como las defensas habían solicitado la absolución de David Sánchez, Gallardo y del resto de los imputados. Sostenían que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa y defendían la legalidad de la creación y adjudicación del cargo de alta dirección.
Sin embargo, el tribunal entendió que sí existieron irregularidades administrativas en el procedimiento de creación del puesto. El fallo señaló que “no ha quedado probado […] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados” para diseñar el cargo que finalmente ocupó David Sánchez, por lo que quedó absuelto del delito de tráfico de influencias.
La resolución judicial consideró al hermano del presidente autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación. El fallo determinó que el puesto era innecesario, que no se respetaron los principios de mérito y capacidad, y que el acusado posteriormente desatendió sus obligaciones acudiendo apenas a trabajar.
El proceso, conocido mediáticamente en España como el “Caso David Sánchez” o “Caso Azagra” (nombre artístico del también músico), se inició tras denuncias presentadas por distintas organizaciones y partidos políticos que ejercieron como acusación popular. Al tratarse de una sentencia en primera instancia dictada por la Audiencia Provincial, la resolución no es firme y puede ser recurrida ante instancias judiciales superiores, añadieron los medios locales.
Con información de la agencia Reuters — Noticia en desarrollo
